Apple ha tomado medidas excepcionales: presenta una demanda contra la empresa NSO Group por vigilancia y seguimiento de usuarios de Apple con el software espia Pegasus. Apple busca proteger a sus usuarios con una resolución judicial que prohíba a NSO la utilización de cualquier software, servicio o dispositivo de Apple, además de las compensaciones económicas que se puedan derivar de ello. Y esto es bueno y es bueno que así sea.
NSO Group es una empresa de ciberseguridad israelí que se dedica a vender software de seguridad a gobiernos y agencias, que en catalán quiere decir que se dedica a vender software espía a servicios secretos. Lo que hagan o a quien lo vendan estos últimos es responsabilidad de ellos, dicen. NSO Group se ha hecho famoso para ser el creador del software Pegasus, que habrían vendido presuntamente a gobiernos tan solventes democráticamente como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Marruecos, Kazajistán, la India, México y, sí, España. Que los móviles de periodistas, activistas, abogados y políticos críticos con las políticas de estos estados hayan sido infectados da alguna pista de la clientela que tiene NSO Group.
Entre estos espiados, tenemos algunos de kilómetro cero, como el actual conseller de Empresa, Roger Torrent (cuando era presidente del Parlament); el entonces conseller de Exteriors, Ernest Maragall; la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, el activista Jordi Domingo y el jefe de la Casa de la República, Sergi Miquel. También lo probaron con el vicepresidente, Jordi Puigneró, cuando era conseller, y unos cuantos otros, pero no lo consiguieron.
Se da la paradoja que Apple se preocupa más por los derechos digitales de los ciudadanos que según qué gobiernos
Apple, que tiene la seguridad y la privacidad por bandera, hace tiempo que rondaba NSO y al final ha decidido pasar a la acción y jugar fuerte. Pero Apple no está sola en esta lucha. De hecho, sin la participación activa de organizaciones como Citizen Lab o Amnesty Tech, que han investigado el asunto Pegasus, han expuesto a NSO y denunciado las malas prácticas de gobiernos de todo tipo, esta demanda no habría prosperado y nunca habríamos sabido quién está detrás y delante —más de los que pensamos— de este escándalo de espionaje.
La demanda de Apple tiene una importancia triple. Primero, porque Apple ha anunciado que de entrada da 10 millones de dólares, y todo lo que saque en concepto de perjuicios, a organizaciones que velan por los derechos digitales de los ciudadanos; segundo, porque notificará a los usuarios que hayan sido espiados (muchos todavía no lo saben); y, finalmente, porque la causa podría poner nombres y apellidos a los gobiernos de los estados, servicios secretos y cuerpos policiales que nos han estado espiando o que nos espian.
Se da la paradoja que Apple se preocupa más por los derechos digitales de los ciudadanos que según qué gobiernos; una empresa privada de Silicon Valley sobre la que no tenemos ningún control democrático hace el trabajo que gobiernos como los de Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Marruecos, Kazajistán, la India, México o España nunca harán debido a un conflicto de intereses.