El maldito aval

El protagonista del último capítulo de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona no ha sido ni un directivo ni un deportista, ni el fútbol ni la esencia azulgrana. Quién se ha llevado el protagonismo ha sido el maldito aval y no se tendría que haber llevado ni un minuto de gloria. Porque este requerimiento a día de hoy es del todo injusto, porque la obligación de depositar el aval para ser investido como presidente del Barça no tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista democrático. A pesar de que en el pasado sí que tuvo su razón de ser, hace demasiado tiempo que se tendría que haber actualizado.

En los años 90 muchos clubes de fútbol se convirtieron en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), puesto que las deudas tanto con terceros como con la propia administración les hacía inviables por sí mismos. Necesitaban con urgencia inyección de capital para limpiarse y no hundir la competición. Se estableció una fórmula de conversión rápida y con ayudas a Sociedades Anónimas, así entraban accionistas con capital, capaces de enderezar situaciones en riesgo de quiebra. De este modo, sólo quedaron exonerados de la obligación de convertirse en SAD cuatro clubes: Real Madrid, Athletic de Bilbao, Osasuna y Barça, que se vieron obligados por ley y por comparativa a garantizar con el aval esta supuesta ventaja.

Ahora bien, en la situación actual, esta obligación ha quedado del todo desfasada: ¿Os imagináis un aval personal del 15% del presupuesto de una empresa para poder ser consejero de la misma? ¿Y la obligación del 15% del presupuesto del país para ser investido presidente? ¿Os imagináis que esto pase en una institución privada propiedad de sus socias y socios? Pues esto, pasa hoy todavía al Barça.

Os imagináis que esto pase en una institución privada propiedad de sus socias y socios? Pues esto, pasa hoy todavía al Barça

En primer lugar, para ser consejero de cualquier empresa (desde una Pyme hasta grandes corporaciones que cotizan en bolsa) no se necesita una garantía adicional a la propia responsabilidad como administrador. Por lo tanto, la ley limita las actuaciones del administrador, y nos indica claramente los supuestos y las consecuencias de una administración desleal, con fraude, insolvencia punible, etc. Existe una responsabilidad como administradores tanto civil como penal tipificada en nuestra legislación actual.

La Ley del Deporte establece que las instituciones que no sean SAD tienen que prestar garantía con aval bancario del 15% del presupuesto del último ejercicio. También tenemos un debate interesante en este aspecto; ¿Si un directivo de la antigua Junta se presenta con nuevos integrantes se considera continuista y por lo tanto no tiene que prestar aval? ¿O tiene que ser un mínimo del 51% de la Junta anterior para tener esta consideración y así no prestar aval?

Por lo tanto, y en el supuesto que nos ocupa, el patrimonio para avalar es de 124,6 millones de euros, una auténtica sandez, sin sentido ni razón de ser en la actualidad. Además, con la obligación de tener compañeros de viaje que sean capaces de avalar "su parte" y, propiciando así, que muchas veces se acabe sustituyendo talento por bolsillo (aunque en algunas ocasiones y afortunadamente seguro que coinciden los dos requisitos).

La indecencia de mantener este requisito es tant elevada que trae a dos problemas, que en vez de proteger al club, lo afectan y perjudican directamente:

1. ¿Cómo gestionar el club? Si por una cuarta oleada el club no recupera los ingresos, y no puede crear beneficios en los próximos ejercicios y se mantienen las pérdidas, una junta que ve en peligro su patrimonio personal podría vender activos (jugadores deseados o patrimonio inmobiliario) de primer nivel para salvarse él individualmente. Por lo tanto, estamos ante un riesgo en la gestión perjudicial por los clubs para salvar los bienes personales de sus directivos.
2. ¿Y la legitimidad? Ante una situación como la descrita, se produce una clara discriminación no basada en la capacitación ni en las aptitudes de los miembros de una futura junta, simplemente se reduce a un tema de dinero, si tienes puedes entrar, si no, siempre estarás fuera.

Todo un milagro

Lo que hemos vivido estas últimas elecciones ha sido, si me permitís expresarlo así, un milagro. Y será el último si no cambiamos las condiciones de ahora en adelante. Un presidenciable ha decidido mantener su núcleo más duro, de más confianza, y para él, y para muchas socias y socios que le dieron la confianza, es el equipo con más capacidad para gestionar el club, a pesar de que algunos de estos directivos son personas que no podían hacer frente al aval requerido, como somos el 99,9% de los mortales de este pequeño país.

Decidió mantener a su gente de confianza, ir hasta el final, aunque el precio fuera no gobernar, con la intención de mantener la independencia en la gestión y la libertad para tomar decisiones. Además, con un criterio de prudencia, manteniendo una junta directiva sin ceder poderes a terceros, diversificó la obligación, evitando por todas las vías concentrar en un mismo avalador un porcentaje elevado del aval. En otras palabras, se negó a vender el Barça. No olvidemos que la parte de concentración más importante es de los miembros de la junta actual y el resto es una diversificación coherente para lograr el objetivo. Este hecho refuerza todavía más el derecho y legitimidad de la junta entrante.

En otras palabras, se negó a vender el Barça

La valentía y la determinación para no acceder a las pretensiones de ningún fondo o banco de inversión, o de ningún grupo societario importante que impusiera una forma de gestión determinada e intervencionista, tenía un peligro intrínseco, que era quedarse fuera de la consecución del aval en los diez días siguientes a la victoria electoral.

No me quiero ni imaginar el choque y la crisis institucional sin precedentes que hubiéramos sufrido entre la legitimación absoluta en las urnas versus la imposibilidad de presentar en tiempo y forma el maldito aval.

El desenlace ha sido lo mejor para el Barça: conseguir el aval diversificado donde la mayor parte ha sido aportada directamente por miembros de la junta directiva. Estamos, por lo tanto, ante una legitimidad llena, ganada ante las urnas y ante la Liga de Fútbol Profesional. Pero también estamos ante un aviso importante que nos tiene que hacer valorar si se tiene que mantener una ley discriminatoria e ineficiente que pone en manos de bien pocos la posibilidad de aspirar a dirigir nuestro estimado club.

Ojalá, por el bien del FC Barcelona y de sus socias y socios, hayan sido las últimas elecciones donde se tenga que presentar un aval bancario para acceder a ser candidato a presidir el club o a ser miembro de la junta directiva, nos merecemos talento y capacitación.