Este mes de mayo los catalanes volvemos a las urnas, un año antes de lo previsto y en medio de una situación delicada debido a la sequía y la incertidumbre de la economía mundial. Regresan las disputas, los discursos elevados de tono y las grandilocuentes promesas electorales. Pero al día siguiente de las elecciones es necesario que los partidos dejen de lado el partidismo y trabajen en una serie de consensos que condicionen de manera directa la competitividad del país, y por extensión, el bienestar de los ciudadanos. Desde el Consell General de Cambres de Catalunya hemos recogido cuáles son las políticas clave que deberían guiar la agenda de la nueva legislatura.
En primer lugar, y como medida estructural, necesitamos un acuerdo amplio para reclamar la reforma del sistema de financiación autonómica. Tal como hemos denunciado más de una veintena de organizaciones del mundo económico, entre ellas las Cambres de Comerç, el modelo estatal actual no es ni equitativo ni eficiente, y hace que las economías productivas como la catalana no reciban inversiones en consonancia con lo que aportan al sistema.
"Una Catalunya autosuficiente en términos financieros es un paso firme en la corrección del histórico y sistemático déficit fiscal que sufre la economía catalana, que según la Generalitat de Catalunya, en el año 2021 rozó los 22.000 millones de euros"
Los partidos deben defender que Catalunya tenga el control sobre los recursos que genera y pueda decidir en qué ámbitos destinar esos recursos. También debe tener el control sobre los impuestos que se recaudan en el territorio y poder decidir cómo los aplica. Una Catalunya autosuficiente en términos financieros es un paso firme en la corrección del histórico y sistemático déficit fiscal que sufre la economía catalana, que según la Generalitat de Catalunya, en el año 2021 rozó los 22.000 millones de euros.
Superar el modelo de financiación actual es fundamental también para poder aplicar una política de inversión expansiva para converger en términos de bienestar con las economías europeas líderes. Desde la Cambra de Comerç de Barcelona hemos alertado que el gasto per cápita en sanidad, tanto pública como privada, debería crecer un 30% para corregir un déficit de más de 5.400 millones de euros. En cuanto a la educación pública, otro pilar del Estado del Bienestar, el gasto por alumno en centros públicos en Catalunya debería aumentar un 11,5%. Con el sistema de financiación actual, sin embargo, conseguir este esfuerzo cada vez es más difícil de asumir.
Una gran herramienta que tenemos a nuestra disposición para estimular la inversión son los fondos Next Generation, que también son uno de nuestros motores de crecimiento económico. Debemos orientarlos hacia el objetivo que nos marca Europa: la transformación verde y digital, y promover la innovación a través de proyectos transversales como el pacto nacional por la industria. Muy importante también que los fondos beneficien tanto a empresas grandes como a las pymes, para que tengan impacto en el conjunto de la economía.
"Desde la Cambra de Comerç de Barcelona hemos alertado que el gasto per cápita en salud, tanto pública como privada, debería crecer un 30% para corregir un déficit de más de 5.400 millones de euros"
Ahora bien, disponer de más recursos implica hacer una gestión eficiente, y en este caso, debemos abordar el debate sobre la calidad de la administración pública. Tenemos claro que no puede haber un buen país y una apuesta firme por los servicios públicos sin una buena administración, pero la catalana actualmente es una administración burocratizada, pesada y rígida, con una dirección desprofesionalizada. El Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA), del que forma parte la Cambra de Barcelona, ha recogido una serie de ideas para un sector público más eficiente, eficaz y de calidad.
Desde la perspectiva empresarial, un hecho que ha quedado patente con la gestión de los fondos Next Generation es que hay que reducir el exceso de trámites y normativas de la administración pública. Se trata de un mal endémico que afecta a todos los sectores y especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Si queremos que estas empresas crezcan, hay que facilitarles las condiciones para que puedan operar, y eso pasa necesariamente por simplificar al máximo la burocracia, mejorar la comunicación, establecer plazos más claros y armonizar los criterios entre administraciones.
"La administración catalana es burocratizada, pesada y rígida, con una dirección desprofesionalizada"
Otra prioridad que debemos tener como país es ponernos al día con la inversión en el ciclo del agua. Nos acercamos al verano, una estación tradicionalmente poco lluviosa, y probablemente entraremos en él aún con las cuencas internas en fase de emergencia. Una situación que podríamos haber evitado, o al menos mitigado, si no hubiéramos perdido una década de inversiones en medidas para hacer realidad la transición hídrica.
La sequía actual nos enseña que frente a la crisis climática no valen las políticas a corto plazo y posponer las inversiones en este reto tiene consecuencias. Y podemos citar más ejemplos. El porcentaje de la potencia de energía eléctrica renovable en Catalunya se encuentra prácticamente estancado alrededor del 30% mientras que en el conjunto del Estado es más del doble, un 61%. Catalunya no debe ser autónoma solo en términos fiscales sino también medioambientales para poder cumplir con los objetivos de descarbonización. Y esto implica necesariamente avanzar en dos frentes: la anteriormente mencionada transición hídrica, basada en la autosuficiencia en la gestión del agua, y la transición energética, con un despliegue real de las renovables.
Las infraestructuras deben ser otro punto primordial de la agenda política en la nueva legislatura. Por un lado, los partidos del Parlamento deben ponerse de acuerdo, independientemente de su color político, para reclamar al Estado que cumpla las inversiones presupuestadas. Ya no solo por lealtad institucional y calidad de la gestión, sino por dignidad. El último dato publicado no nos hace optimistas: El grado de ejecución de la inversión del Estado en Catalunya en 2022 fue del 42,9%, un porcentaje alejado nuevamente del 73,2% de la media estatal regionalizada.
"Catalunya no debe ser autónoma solo en términos fiscales sino también medioambientales para poder cumplir con los objetivos de descarbonización"
El acuerdo para el traspaso de Cercanías ha sido una de las grandes noticias del año, pero debemos tener presente que será una transición escalonada y, previsiblemente, larga. Mientras tanto, hay que velar por el cumplimiento del Plan de Cercanías 2020-2030 y definir el sistema de transportes a largo plazo, en el horizonte 2040, así como completar el corredor mediterráneo y mejorar la red de carreteras. Finalmente, hace falta un acuerdo político para decidir el futuro del Aeropuerto de Barcelona y ampliar su capacidad operativa.
Por último, pero no menos importante, la política educativa debe ser fundamental. En concreto, se debe seguir reforzando la Formación Profesional y la FP Dual, no solo para diversificar la oferta de estudios postobligatorios sino para fomentar una vía con una inserción que en los últimos años ha crecido hasta situarse por encima del 50% -66,3% en el caso de la FP Dual- y que puede ayudar a resolver los problemas del empresariado para encontrar mano de obra cualificada. Los jóvenes catalanes tienen un gran talento que no podemos desaprovechar, por eso necesitamos una apuesta firme y decidida para mejorar el gasto público en ciclos de FP siguiendo el modelo de economías europeas como Alemania. A largo plazo, será la política más eficaz para reducir la tasa de desempleo estructural.
El futuro gobierno de la Generalitat de Catalunya tendrá mucho trabajo por hacer en un contexto de incertidumbre económica. Las encuestas no vaticinan ninguna mayoría absoluta de ningún partido, así que muy probablemente volveremos a ver coaliciones. Pero la cultura del diálogo no puede terminar aquí. Incluso con una mayoría de diputados asegurada, la Generalitat deberá establecer acuerdos de país con el resto de fuerzas para asegurar que las políticas que impulse persistan. Por la salud y el bienestar de las personas. Por la competitividad de nuestras empresas. Por el futuro de todo lo que nos rodea.