Pendientes todavía de la validación del Parlamento, el decreto con qué desde el departamento de Territorio ha cerrado provisionalmente el conflicto entre el sector del taxi y el de los VTC trae explícita la voluntad de regular a través de una ley el transporte de personas en vehículos de hasta 9 pasajeros y así establecer un marco estable de prestación de este tipo de servicios.
Un servicio moderno y eficiente para una sociedad avanzada
Ahora hay que preguntarnos qué objetivos tendría que promover la nueva normativa y qué tienen que ser los instrumentos para lograrla. Parece evidente que tendríamos que conseguir:
- Un servicio eficiente, tanto en términos de relación calidad-precio como de equilibrio dinámico entre oferta y demanda.
- Un servicio que minimice el impacto ambiental -congestión, ruido, emisiones- de su actividad en un entorno tan conflictivo como el de las áreas urbanas.
- Un servicio moderno y propio de una sociedad avanzada, es decir, que no se base en la sobreexplotación de los que trabajan ni se mueva en zonas de penumbra en términos fiscales o laborales
Un solo tipo de servicio liberalizado con contrapesos efectivos
No parece que haya ninguna razón objetiva para no someter a la libre competencia un servicio colectivo donde las políticas de numerus clausus, que podían haber tenido razón de ser en su momento, han quedado desfasadas y generan muchos más inconvenientes y distorsiones que ventajas. Estos inconvenientes se hacen evidentes en la espiral alcista del precio bisiesto de las licencias, las prácticas laborales prohibidas derivadas del subarrendamiento de licencias y la carencia de estímulos para ofrecer un servicio de calidad y para adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos.
Esta situación deriva básicamente de la ineficiente regulación vigente hasta ahora. La transición a la libre y plena competencia tiene que ser gradual y tiene que contar con el apoyo explícito de la administración para minimizar los costes sociales que implica.
"La transición a la libre y plena competencia tiene que ser gradual y tiene que contar con el apoyo explícito de la administración para minimizar los costes sociales que implica"
La nueva regulación tiene que evitar, pero, la aparición de nuevas problemáticas, como es la de posiciones oligopolístiques por parte de los nuevos operadores, sean empresas o plataformas que acumulan licencias o prestamistas de servicios.
Los grandes esos de la nueva normativa
Para lograr estos objetivos, pues, la nueva regulación tendría que:
- Hacer converger hacia un solo modelo de prestamista de servicio los actuales taxis y los VTC puesto que el servicio que prestan hasta ahora y tienen que prestar en el futuro unos y otros cada vez es menos diferenciado.
- Eliminar la posibilidad de coger un taxi a mano levantada en medio de la calle y como ya se hace a muchas ciudades, limitarlos a las paradas que habría que ampliar, además de los servicios previamente contratados a través de una app o telefónicamente.
- Liberalizar las tarifas a aplicar. Estas sólo con un techo máximo bastante amplio para evitar eventuales situaciones de abuso en casos de demanda extraordinaria –situación climática extrema, vagas otros medios de transporte, grandes acontecimientos...
- Liberalizar los horarios en que se prestan los servicios y, paralelamente implantar de forma progresiva sistemas de control de conductores y de descansos similares a los que están vigentes en el transporte de pasajeros y mercancías por carretera.
- Liberalizar progresivamente, quizás en cuatro años, la adjudicación de licencias, sin límite cuantitativo final.
- Limitar el número de licencias de que puede disponer una misma empresa o puede gestionar una misma plataforma al 20% del total.
- Homogeneizar los requisitos para conseguir las licencias. Que los requisitos de conocimiento efectivo de las lenguas oficiales -y, eventualmente, del inglés-, de conducción segura y de carencia de antecedentes penales o de infracciones de tránsito sea iguales y efectivas para todo el mundo, incluyendo los que ya poseen la licencia, que podría ser renovada periódicamente y condicionada al desempeño de los requisitos establecidos.
- Financiar hasta una cantidad razonable la retirada de licencias de taxi existentes hasta ahora por aquellos conductores que se quieran jubilar. Los recursos necesarios podrían obtenerse de algún tipo de recargo sobre cada viaje realizado.
- Establecer los mecanismos y el seguimiento adecuados para controlar posibles irregularidades fiscales que tendrían que disminuir fuerza si se generaliza la contratación del servicio por avanzado y laborales.
Eventualmente, y de forma complementaria, desde la Administración -con un Instituto Metropolitano del Taxi adaptado al nuevo marco regulador- se puede impulsar la creación de plataformas de servicios de forma mixta con agrupaciones de taxistas como algún colectivo ya ha apuntado para estimular a incluir interfaces de contratación más avanzadas las actuales centrales que hasta ahora sólo contratan a través del teléfono.