El coste del pasado uso indebido de fondos europeos

El aprovechamiento de la clara voluntad de la Unión Europea de inyectar fondos económicos para potenciar la activación de la actividad económica presenta una destacada limitación. Su origen parece tener una clara relación con la mala reputación que, en el ámbito de la Comisión, España arrastra de las tristes experiencias, esperemos pasadas, de un uso indebido de dinero público en los conocidos casos de corrupción o despilfarro.

Un elemento clave de esta limitación lo encontramos en la imposibilidad de tramitar proyectos por la vía de costes simplificados para acceder al cobro de las ayudas solicitadas y concedidas, la cual consiste en demostrar de una manera fehaciente la tarea ejecutada: proyectos elaborados, empresas asesoradas, etc., siempre pudiendo constatar que la estructura operativa tenía el potencial para la tarea cumplida según un método reglado basado en parámetros de costos unitarios o porcentuales

"La imposibilidad de tramitar proyectos por la vía de costes simplificados para acceder al cobro de las ayudas solicitadas y concedidas"

Por el contrario, atendiendo literalmente a las directrices de la Comisión Europea y no aplicando la posibilidad justificativa anterior, los costes subvencionables de una actuación aprobada deben justificarse mediante un pesado proceso administrativo demostrativo de la estructura implicada (horas empleadas y detalle del personal dedicado), otros costes directos e indirectos asumidos, subcontrataciones realizadas, etc., todo ello mucho más complejo en todos sus aspectos contables, justificativos y de posteriores auditorías dilatadas en el tiempo, que también conllevan un coste administrativo considerable.

La imposibilidad de poder aplicar el modelo de costes simplificados deriva del criterio de las autoridades de gestión e intervenciones generales de las diferentes administraciones. Para evitar problemáticas derivadas de malas praxis, obligan a la justificación mencionada, que recalco es exhaustiva y complementaria a la lógica sobre los outputs del trabajo realizado, desenfocando los esfuerzos y sin ajustarse a la más alta capacidad de nuestra y otras organizaciones para perfeccionar proyectos de una manera más eficiente según los parámetros fijados.

"La imposibilidad de poder aplicar el modelo de costes simplificados deriva del criterio de las autoridades de gestión e intervenciones generales de las diferentes administraciones"

Para ejemplificarlo, señalar que la Cámara que tengo el honor de presidir lidera el Digital Impulse Hub, un proyecto de las cámaras catalanas calificado con el Sello de Excelencia de la UE, en el cual participan como socios tecnológicos las universidades UPC y la UOC. En el largo proceso de estructuración, presentación y homologación invertimos una ingente cantidad de recursos, relativamente importantes para nuestra realidad, y ahora, después de un complejo proceso documental, ya estamos canalizando fondos europeos para servicios de digitalización avanzada y pruebas de concepto tecnológicas de hasta 30.000 € por proyecto, un porcentaje de los cuales se aplica a nuestra actuación directa en el proyecto como entidad líder y, a la vez, prestadora de servicios, destáquelo, en favor del tejido empresarial al cual nos debemos.

La problemática deriva del hecho de que, como no se pueden gestionar por la vía de los costes simplificados, se nos limita notablemente la real potencialidad, por operativa y necesidades empresariales, de perfeccionar más proyectos con el financiamiento señalado. Los costes simplificados, según las recomendaciones de la Comisión, alivian considerablemente la carga administrativa y permiten centrar más los recursos humanos y el esfuerzo administrativo que conlleva la gestión de los fondos de la UE en la consecución de los objetivos deseables para la actividad económica, y no en la recopilación y verificación de documentos varios. Asimismo, la tramitación simplificada limita la tasa de errores, facilita el acceso de los pequeños beneficiarios gracias a un proceso de gestión más sencillo y agiliza el pago a los beneficiarios.

Interesados en procurar un cambio de sistema, nos hemos dirigido a la administración catalana con la sorpresa de que en el caso de una agencia pública, creo por su diferente tratamiento del capítulo primero de los presupuestos de las administraciones, se encuentran con la misma problemática, esta derivada de la negativa a cambiar el sistema por parte de la Intervención General del Estado, la cual, asustada por una triste historia pasada, deduzco que se siente más cómoda en la burocracia, limitando una fuente de recursos necesaria para la actividad económica. Una pena.