El tema es recurrente en los últimos años: una gran multinacional tecnológica es condenada por diferentes Administraciones europeas a abonar cantidades multimillonarias en concepto de impuestos no pagados en los territorios en los cuales, supuestamente, la multinacional realiza su actividad real. La cuestión es que, con la apariencia legal y exprimiendo al máximo la normativa fiscal y los vacíos y lagunas que, inexorablemente existen, estas empresas tecnológicas acababan tributando en aquellos territorios europeos que tienen las tasas impositivas más bajas; particularmente Irlanda y Holanda.
Establecerse en un país de la Unión Europea con baja tributación no es, a priori, un delito: cada cual puede decidir libremente en qué territorio quiere realizar su actividad y tributar por esta. Ahora bien, otro tema es aparentar que la actividad se realiza en un determinado país sólo con el propósito de rebajar la factura fiscal en grandes cantidades.
A Google esta jugada puede salirle muy cara. El pasado mes de julio Francia le reclamó 1.115 millones de euros por los ejercicios de 2005 a 2010. El argumento de la Hacienda francesa es que la actividad comercial de Google (especialmente los ingresos procedentes de sus anuncios en red conocidos como Adwords) se realiza físicamente en Francia, a pesar de que las facturas se liquidan a la filial de la compañía en Irlanda. En este punto es donde es difícil decidir quién tiene la razón y, en consecuencia, qué país tiene el derecho y la competencia recaudatoria; y, por eso, para saber quién y dónde tiene el derecho de recaudar estos impuestos, se necesitan mecanismos de prueba.
No es, de hecho, este el único frente abierto que tiene Google a la Unión Europea. Actualmente, tiene que afrontar, además, a otra sanción de 2.400 millones de euros por prácticas monopolístiques.
"Falta para saber si Europa resistirá a la enorme presión que, sin duda, ejercerá el 'lobby' tecnológico"
La cuestión de fondo es como se ha llegado a una situación en la cual multinacionales tecnológicas norteamericanas han acaparado el mercado europeo con unas ventajas tributarias que no disfrutan las empresas locales. Así, la respuesta a cómo se ha permitido que se lleven a cabo estas prácticas, parecer estar en la falta de una armonización fiscal entre toda la Unión Europa, así como en la existencia de vacíos legales que permiten establecer una estrategia y una planificación fiscal.
La buena noticia es que la Unión Europea está reaccionando. Actualmente España, Alemania, Italia y Francia han instado por escrito a la Comisión Europea para que introduzca un nuevo impuesto "igualador" que garantice la tributación de estas compañías en el territorio donde generan sus ingresos.
Es un primer paso. Falta para saber si Europa resistirá a la enorme presión que, sin duda, ejercerá el lobby tecnológico para seguir manteniendo las actuales ventajas fiscales. Y, por supuesto, no hablamos de cantidades menores: sólo en el caso de Apple, Europa calcula que dejó de pagar 13.000 millones de euros entre 2003 y 2014.