Mientras que los déficits de inversión pública en Cataluña se perpetúan, el Estado continúa avanzando en la recentralització a través de una infraestructura estrella como el AVE. Concretamente, el nuevo tramo que se acaba de inaugurar, siempre en sentido radial, es entre Madrid y Castelló.
La construcción de esta obra faraónica siempre pasa por el centro geográfico. Un enlace calificado de excepcional por el ministro de Fomento, Íñigo de Serna. De hecho, el cántabro no duda a considerarlo un éxito rotundo. La cuestión es, pero, para quién? Desde el punto de vista político, España es la segunda potencia mundial en trenes de alta velocidad. La red construida hasta ahora es de 3.240 kilómetros. Más que Francia (2.036 km), el Japón (2.664 km) o Alemania (1.013 km), muchos más que los EE.UU. (362 km en funcionamiento) y sólo superados por la China (11.132 km). El inconveniente, no menor, es que el AVE es una pésima inversión, tanto financiera cómo social.
Pocas líneas mundiales son rentables y ninguno de nacional lo es. Sólo hay que considerar que la línea París-Lyon, por ejemplo, de 400 kilómetros, y toda la red actual de España tuvieron exactamente el mismo número de pasajeros el año pasado. Mientras que España tiene una media sólo ligeramente superior a 10.000 pasajeros anuales por kilómetro, la línea París-Lyon supera los 60.000 (6 veces más) y la de Tokyo-Osaka llega a 300.000 (30 veces más). Este tipo de infraestructuras tienen sentido económico cuando vertebran territorios dinámicos y densamente poblados en superficies no demasiado grandes. No es el caso de una España con atrasos crónicos, que cuenta con una población escasa y una orografía complicada. El que es una medalla por los políticos es una carga por los contribuyentes. Concretamente, el coste del proyecto ferroviario de alta velocidad supera los 50.000 millones de euros y esto equivale a un pago de 2.700 euros por familia.
"Una medalla por los políticos es una carga por los contribuyentes"
El informe que analiza la carencia de rentabilidad económica y social del AVE ha sido realizado por Ofèlia Betancor, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y Gerard Llobet. La línea más frecuentada y menos ruinosa de todas, entre Madrid y Barcelona, apenas conseguirá recuperar a largo plazo el 45% del capital invertido; las líneas Madrid-Andalucía, poco más del 11%; Madrid-Quitando, menos del 10%; y las conexiones de Madrid con el Norte de España, ni siquiera llegarán a cubrir sus costes variables de funcionamiento, de forma que no se prevé que se recupere nada de la inversión inicial. Es decir, que no sólo todos los euros invertidos lo son a fondo perdido (no se recuperarán nunca), sino que, además, se tienen que subvencionar los gastos de explotación ordinarias.
En términos sociales, la rentabilidad también es negativa. Esto quiere decir que el alta velocidad contribuye a agravar las desigualdades sociales. Las clases medianas pagan el coste con impuestos, pero más del 75% de los usuarios del AVE son personas con renta elevada. El efecto sobre las clases bajas, que utilizan las líneas convencionales, dejadas de la mano del Estado, es regresivo. Los ciudadanos que no utilizan el AVE subvencionan obligatoriamente los que sí lo utilizan. Naturalmente, entre los beneficiados por el alta velocidad también contamos directamente las emprendidas proveedoras y constructoras, todas muy conectadas políticamente, que obtienen ingresos extraordinarios gracias al presupuesto público. Estos ingresos, si se tuvieran que obtener en condiciones de competencia y en ausencia de privilegios, serían muy inferiores.
Los trenes de cercanías, por su parte, no reciben el mantenimiento necesario y el servicio se degrada. Sólo hay que pensar en la línea Barcelona-Manresa-Lleida, que continúa al mismo paso que cuando se inauguró, hace más de 150 años! También las líneas ferroviarias de mercancías se resienten. Corredor Mediterráneo, una infraestructura que sí tiene un análisis coste-beneficio positiva y que reactivaría económicamente todo el arco mediterráneo, es abandonado y negligido sistemáticamente.
"Más del 75% de los usuarios del AVE son personas con renta elevada"
Si el AVE no promueve ni el crecimiento económico, ni el desarrollo territorial, ni la equidad social entre ciudadanos, a la vez que el impacto sobre la industria y el turismo de las ciudades por donde pasa es irrelevante, a quien beneficia? Cómo destacan los dos investigadores mencionats, el AVE es un proyecto de la Administración pública y los réditos que ofrece son políticos. Los ministerios no detallarán ningún análisis coste-beneficio, pero sí continuarán promocionando esta obra con el argumento falaz de mejorar el equilibrio territorial y la reactivación de la demanda. Y mientras los contribuyentes expoliados no sean conscientes, con sus votos contribuirán a la perpetuación de unas inversiones nefastas.