El traslado de la sede social de Banco Sabadell y Caixabank fuera de Cataluña ya fue analizado muy acertadamente por Ivan Aguilar en esta publicación a la cabeza de un par de días de trascender la noticia. Desde entonces, pero, ha habido nuevos anuncios que nos obligan a añadir matices adicionales al análisis inicial.
En primer lugar, tenemos nuevas informaciones de las preocupaciones de los dos grandes bancos catalanes. Y es que parece que en las últimas semanas se habían multiplicado las gestiones de la banca española entre los clientes del Sabadell y Caixabank –sobre todo los ubicados al resto del Estado- para captar sus activos argumentando la catalanidad y la incertidumbre en que se movía la entidad donde hasta ahora los tenían depositados. Oficialmente, las dos entidades siempre habían argumentado que tenían unos clientes mucho fidelitzats a través de la red de empleados locales para evitar boicots y abandonos masivos, pero parece que esta vez esto empezaba a no ser suficiente.
Resulta evidente, pues, que los grandes bancos catalanes han tenido más miedo de la incipiente pérdida de clientes al resto del Estado que de eventuales pérdidas de clientes catalanes enojados por su actitud. Y aquí es evidente que el mercado bancario catalán –y el español- ha acontecido un oligopolio controlado por unas pocas entidades, pero cercado a la banca extranjera, que sería menos susceptible de verse afectada por boicots españoles y por presumibles presiones de las autoridades económicas y financieras españolas. Este espacio de exclusividad que Cataluña representa de la banca española es una anomalía que, un golpe lograda la independencia, tendremos que corregir urgentemente.
"Para salir adelante el nuevo país no nos podemos permitir el lujo de prescindir de nadie que quiera trabajar honestamente en casa nuestra"
Las otras entidades financieras con sede en Cataluña, todo y la menor exposición al mercado español, han seguido la huella de las grandes -con la honrosa excepción de Caja de Ingenieros- fruto de su fragilidad y de la necesidad de amparo del Banco Central Europeo.
Pero un golpe despachado el tema de la banca, nos encontramos con otras empresas que han anunciado el traslado de la suyo a pesar de no tener la justificación de necesitar estar bajo la cobertura del BCE. Algunas son empresas de bienes de consumo y más susceptibles de potenciales boicots que se curan en salud trasladando la sede y dando muestras de españolidad ante sus clientes, como sería el caso del repetidamente anunciado traslado de Freixenet, a pesar de que ya hace años que es la bodega catalana más afectado por el boicot sepultado existente al cava. En otros, el hecho de ser cotizadas los expone más en los movimientos especulativos, como por ejemplo la textil Dogi, la biotecnológica Oryzon o Lleida.net , que cotiza al MAB.
Pero las empresas más grandes y significativas que han anunciado un traslado de suyo son las participadas por la Caixa, muchas de ellas pertenecientes a la Ibex 35. Alguna de ellas, como Abertis, había descartado inicialmente el traslado en boca de su presidente Salvador Alemany. Pero ahora lo ha reconsiderado, a pesar de que lamentablemente no se endú también los peajes en Madrid, como dice el chiste que corre por la red. Las informaciones disponibles apuntan que el verdadero factòtum del grupo Caja, Isidre Fainé, que hasta ahora públicamente se había movido en una cierta ambigüedad, habría tomado la decisión de trasladar todas las sedes del grupo en l"Ofensiva in extremis del poder económico catalán contra la DUI", tal como abría la portada de este domingo el principal diario imprimido editado en Barcelona.
Y aquí nos aparece un elemento que habitualmente no se considera a la hora de hacer estos análisis económicos, el factor humano. Ya hablamos en esta misma publicación de la disjuntiva que tenían que resolver las clases dirigentes tradicionales catalanas. En algunos casos, los comportamientos de las empresas vienen muy condicionados por la ideología de sus propietarios o dirigentes, algunos de los cuales se han manifestado repetidamente contra el proceso de independencia durante las calles años. La familia Lara, Josep Lluís Bonet o Antonio Catalán son algunos ejemplos. El otro elemento relevante es el miedo a perder el estatus económico y social logrado en Cataluña y en España en caso de independencia. Madrid ni acogerá ni recompensará los que no hayan sido capaces de parar la independencia y la cuota catalana a las organizaciones estatales y a la tribuna del Real Madrid acontecerá entonces absolutamente prescindible.
"Madrid ni acogerá ni recompensará los que no hayan sido capaces de parar la independencia"
Hay quien ahora pretende alliçonar-nos con el traslado de suyos de empresas des Montreal a Toronto a raíz de los referéndums de autodeterminación del Quebec. Pero es una comparación inexacta. Primero, porque no se puede comparar la capacidad de atracción y de concentración de actividad y de riqueza del mundo anglosajón a Norte-amèrica con la de Madrid y España. Y segundo, porque los quebequesos perdieron los dos referéndums, con lo cual se quedaron con los efectos negativos de la incertidumbre –por si hay un nuevo referéndum en el futuro- y sin ninguno de las ventajas de la capitalidad de Estado.
Hoy, en Cataluña nadie habla de boicots ni de listas de empresas desafectas, y es bueno que sea así, porque para salir adelante el nuevo país no nos podemos permitir el lujo de prescindir de nadie que quiera trabajar honestamente en casa nuestra. Pero todos sabemos, empezando por los directamente interesados, que si la república catalana se consolida, serán las mismas empresas u organizaciones empresariales las que considerarán que aquellos responsables que han encabezado el chantaje económico más importando acontecido hasta ahora en la historia de Cataluña tendrán que ser reemplazados para poder normalizar las relaciones con los consumidores y con las nuevas autoridades de la República. Una república que, a buen seguro, no estará tan condicionada por las entidades financieras, las energéticas y las constructoras que han dominado la escena económica y política del Estado español (veáis este artículo ) en los últimos 100 años y que tendrá el poder de regulación, inversión y compra pública que hasta ahora tenía casi en exclusividad el Estado español.