La creación de políticas públicas y privadas efectivas laborales en el ámbito juvenil: un acierto
18
de Enero
de
2025
El entorno para favorecer a las empresas en materia de una gestión proactiva para el desarrollo de políticas laborales en torno a los jóvenes en el espectro del trabajo será especialmente importante. Lo será si queremos continuar creciendo en talento y, al mismo tiempo, también a la hora de alcanzar los buenos resultados económicos que toda corporación lógicamente busca.
Es necesario hacer una especial consideración en el hecho de que el alto desempleo español y el alto efecto de la temporalidad son, todos ellos, factores que explican este estancamiento de datos que tenemos hasta hoy. Solo en el segundo trimestre de 2024, los datos se situaron en el 14,1% de la población activa juvenil, lo que supone, de forma evidente, una caída respecto al trimestre anterior (16,3%) y del año pasado (15,2%). Por lo tanto, se hace más que palpable que las políticas efectivas laborales, privadas o públicas, resultan útiles y necesarias más que nunca para revertir estos contrapuntos que arrastramos de forma negativa de forma estructural.
La diferencia de derechos entre colectivos no debería existir para evitar precisamente estas discriminaciones salariales, contractuales, etc. hablando de un contexto más económico y legal. Pero continúan existiendo. No dejan de ser barreras al acceso a tener un proyecto de vida dignificante. Tener la voluntad de hacer cambios ya es un gran paso, pero hay que trasladarlo a un plan estratégico factible que tenga en cuenta la opinión de organismos oficiales, entidades especializadas y asociaciones, más allá de manifestar informaciones que todo el mundo ya conoce de primera mano.
"No hace falta recordar que el actor principal de la economía nacional recae en la pyme, definiendo el 99,8% de las empresas catalanas, el 61,4% del VAB y el 68% de la generación en la órbita de generar puestos de trabajo"
No obstante, no podemos dejar todas estas obligaciones morales en manos de las principales patronales porque, a efectos prácticos, sería absurdo hacerlo. El contrato social precisamente ha de tratar de mejorar mucho, en parte, las condiciones para la creación de empresas y, por sí, abonar las que ya hacen un esfuerzo, a veces inocuo, por sobrevivir. No hace falta recordar que el actor principal de la economía nacional recae en la pyme, definiendo el 99,8% de las empresas catalanas, el 61,4% del VAB y el 68% de la generación en la órbita de generar puestos de trabajo. ¿En qué momento alguien ha pensado que era una buena idea apretar el cinturón a la maquinaria de fabricar puestos de trabajo? Hay que hacer, aún, pedagogía.
Cuando hablamos de políticas activas, también significa hacerlo de derechos y de propuestas concretas como el desarrollo por parte del ministerio de Juventud del gobierno español de una Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional que esperamos que resuelva cuestiones relevantes en uno de los aspectos clave para el desarrollo social y económico del país para estas próximas décadas. En eso, vamos por buen camino.
Si bien es cierto que han figurado planes estratégicos en el pasado en toda esta temática, no han sido nada efectivos. Como comenta Marc Miro (Conversaciones de Catalunya, 2020): “una condición básica para cualquier política pública es que su impacto esté sujeto a un análisis riguroso de su eficiencia”.
"Equilibrar la oferta y demanda laboral ha de ser uno de los ejes que se han de potenciar para la creación de puestos de trabajo estables que permitan dignificar las profesiones y las personas jóvenes"
Han coexistido el programa marco dirigido a la ocupación juvenil Plan de choque por el empleo juvenil 2018-2021, donde se hacía una enmienda directa a 50 medidas de distinta índole con un impacto financiero de 2.000 millones de euros y antes también lo precedía la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, este último, aportando 100 medidas y una inversión de 1.800 millones de euros que fueron una auténtica debacle, dado que no hubo la existencia de esta “condición básica” de la que hablábamos y, a su vez, no se ha podido evaluar nunca con cifras sus resultados.
Equilibrar la oferta y demanda laboral ha de ser uno de los ejes que se han de potenciar para la creación de puestos de trabajo estables que permitan dignificar las profesiones y, de rebote, las personas jóvenes a través del refuerzo de estas políticas activas de empleo. También ha de ser la reubicación con carácter urgente del concepto de Formación Profesional. Debemos dejar de hablar de “capacidades” y las pugnas cognitivas de “a ver quién es más y quién menos” a un lado en dependencia del nivel de estudios que tiene o deja de tener uno o una. La realidad también habla por sí sola. Acceden antes a puestos cualificados los técnicos que los graduados universitarios. Y no lo hacen por las capacidades, que a veces también, sino, en la mayoría de los casos, por la sobresaturación del mercado de trabajo en posiciones laborales más reconocidas en el ámbito social. Y esto va en auge por la intervención de la inteligencia artificial.
En síntesis, los mecanismos que hay hasta ahora son el resultado de todo aquello que no ha funcionado o, por otro lado, todo aquello que ha dejado de funcionar, que viene a ser exactamente lo mismo. La generación Z tiene ahora otros retos que quiere afrontar, con otras circunstancias y esto habrá de ser suficientemente significativo para los organismos públicos con capacidad de incidencia y decisión, de las patronales y de los sindicatos porque, de acuerdo con lo anterior, sin ninguna duda, son estos quienes han de resolver y corregir, en cuanto a sus posibilidades y obligaciones en diferentes términos, este paréntesis tan incómodo.