Ahora hace poco más de año y medio escribíamos este artículo sobre el cambio de propiedad de la compañía de telefonía Fibracat, donde explicábamos que la empresa Alta Tecnologia en Comunicacions, SL (Altecom, la firma que hay detrás de la marca comercial Fibracat) había sido adquirida por parte de una empresa competidora llamada Avatel, con sede en Alcobendas (Madrid), pero con orígenes y clientela en el sur de la península. Consultando registros oficiales, comprobamos que los únicos administradores de la empresa manresana eran José Ignacio Aguirre Álvarez y VíctorRodríguez Filgueira, precisamente los ejecutivos y propietarios de Avatel, la empresa compradora. Además, de todos los apoderados informados, en ningún caso figuraban Josep Olivet Torras o MeritxellBautista Quiñones, que sí mantenían sus cargos ejecutivos; el primero como director general, director técnico y director de compras, mientras que la segunda como responsable comercial y de marketing
A raíz del cambio de titularidad, en la prensa catalana se generó un debate sobre si Fibracat mantenía su catalanidad con los nuevos accionistas. No nos quisimos mojar en el debate y nos limitamos a ofrecer datos públicos del Registro Mercantil. En concreto, nuestra declaración al cerrar el artículo fue "concluir si la firma continúa siendo catalana o no, ya es un asunto más complicado, porque habría que consensuar cómo se determina la naturaleza nacional de una empresa: ¿depende de la sede social? ¿De la sede efectiva? ¿Del mercado donde opera? ¿De la nacionalidad de sus accionistas? No parece paso fácil ponerse de acuerdo".
A pesar del tono neutro y ajustado a los hechos de nuestro artículo, los gestores salientes de Fibracat se mostraron muy molestos con el contenido del texto, y así lo comunicaron a VIA Empresa. Una respuesta tan vehemente -por no decir agresiva- ante un artículo tan ponderado parecía fuera de lugar y adicionalmente transmitía que quizás habíamos tocado algún punto sensible. Incluso, para no echar más leña al fuego, obviamos que uno de los nuevos accionistas de Fibracat, José Ignacio Aguirre Álvarez, también era propietario de una sociedad llamada Arriba España Telecom, SL, una denominación de la que fácilmente se podría desprender su orientación política.
La polémica por el caso Fibracat no pasó del verano, pero ahora, veinte meses después, ha estallado la gran bomba: hace pocos días varias cabeceras catalanas (Nació, El Món y Principal, entre otros) publicaron que los propietarios de Fibracat habían trasladado la sede de la empresa manresana a Alcobendas (Madrid) y habían echado los dos fundadores, los antes mencionados Olivet y Bautista. Efectivamente, si comparamos la información del Registro Mercantil del 2021 con la que aparece hoy, comprobamos que Fibracat (denominada oficialmente Alta Tecnologia en Comunicacions, SL) ya no tiene la sede en el número 23 de la calle Bisbe Torras i Bages, de Manresa, sino en la Avenida de La Transición Española, número 26, de Alcobendas (Madrid).
"Los dos fundadores se sienten estafados por la empresa compradora"
Pero aquí no acaba la cosa, porque según informan los medios referidos anteriormente, los dos fundadores se sienten estafados por la empresa compradora porque, según defienden, no ha cumplido las condiciones del pacto de compraventa ni desde el punto de vista cuantitativo ni cualitativo. Las primeras son referidas a importes económicos a abonar, que según dicen, continúan pendientes; las segundas tienen vinculación a acuerdos sobre ubicación de la sede social, inversiones en territorio catalán y calidad del servicio. Ahora el tema está a punto de judicializarse, de forma que algún día sabremos la verdad de todo.
En vista de estos hechos, parece que todo lo que informamos en su día toma sentido y confirma que cuando se escribe con datos en la mano, se está eligiendo el camino correcto, más allá de amenazas y quejas no argumentadas. Y si en aquel artículo de julio del 2021 no queríamos hacer afirmaciones contundentes sobre la catalanidad o no de la empresa bajo los nuevos propietarios, parece claro que ahora ya tenemos suficientes elementos para afirmar con rotundidad que Fibracat, a pesar del nombre, ya no es ni mucho menos una empresa catalana.