Internet no es un servicio, es un derecho

La crisis socio-sanitaria que estamos viviendo ha parado buena parte de la actividad de los humanos. Hace diez días ya había el 10% de la población mundial confinada en su casa, y la cifra no ha dejado de aumentar. Un 89,4% de los alumnos del mundo, casi 1.700 millones de personas, se han quedado sin poder ir a clase, i en España centenares de miles de personas se han ido al paro de manera provisional pero repentina. 

"El mundo está aguantando social y económicamente porque tenemos Internet. Es un servicio público, pero está liderado y operado por empresas privadas" 

Si estamos consiguiendo soportar esta situación es gracias a Internet. Esta infraestructura es la que nos está permitiendo mantener una cierta actividad económica, continuar coordinándonos, haciendo reuniones de trabajo, consultando el banco, enviando mensajes aclarando cosas, manteniendo el contacto con la gente que amamos, entreteniéndonos mirando películas o escuchando conciertos, haciendo los deberes de la escuela o yendo a clases de yoga. El mundo está aguantando social y económicamente porque tenemos Internet.

Queda demostrado que Internet es un servicio público, pero está liderado y operado por empresas privadas. En la lista de servicios públicos tenemos la enseñanza, la salud, la justicia o la seguridad, pero tenemos el acceso a Internet. Esta necesidad el Estado ni nos la provee ni nos la garantiza. Quien la quiera tener depende de que un operador haya apostado por desplegar la infraestructura en su territorio, y después deberá pagarle una cuota mensual para acceder a ella. Ahora se ha demostrado que sin Internet está en riesgo nuestro acceso al trabajo, a la enseñanza y a la familia.

En su momento el Estado español decidió que para garantizar el desarrollo económico y social del país era necesario desplegar una red ferroviaria de alta velocidad, y hoy tenemos la red de trenes de alta velocidad más densa de Europa, y la segunda del mundo sólo por detrás de China. Tenemos más de 3.400 kilómetros de AVE y cada uno de ellos ha costado 25 millones de euros de media, más medio millón anual de mantenimiento. Todo este importe ha sido asumido por el Estado, y no por ningún operador privado, porque era de interés público.

"Un niño tiene derecho a ir a la escuela, una víctima tiene derecho a acudir a la justicia, y un ciudadano tiene que tener derecho a acceder a Internet"

Se ha demostrado que sin Internet no podemos actuar con normalidad, pero el Estado no garantiza ni la infraestructura ni que la población pueda hacer uso de ella. Los chavales que no tienen acceso a Internet se acaban de quedar sin escuela. La gente que no tiene Internet se ha quedado sin poder teletrabajar. Sin Internet te quedas sin derechos básicos, y que los tengas depende de si alguna empresa privada decide invertir o no en infraestructuras en tu territorio, y que cuando ofrezca el servicio lo haga con unas tarifas que te puedas permitir. Según el precio que pongan podrás trabajar o no, tus hijos podrán mantener el contacto con la escuela o no, podrás ser ciudadano o no.

Ahora que ya tenemos tren de alta velocidad, el Estado podría valorar si también necesitamos Internet. Garantizar que llega correctamente a todos los territorios, y garantizar que toda la ciudadanía tiene acceso. Si las empresas quieren cobrar debería ser por otros servicios de valor añadido, pero no por acceder a Internet. Un niño tiene derecho a ir a la escuela, una víctima tiene derecho a acudir a la justicia, y un ciudadano tiene que tener derecho a acceder a Internet.