Me piden de VÍA Emprendida qué puede esperar el mundo económico y empresarial de las elecciones del 21-D. Es un poco difícil resumirlo, pero básicamente nos podemos encontrar con dos escenarios. El primero, que Madrid continúe controlando las instituciones catalanas, sea porque ganan los partidos unionistas y Madrid actúa de forma interpuesta, sea porque a pesar de ganar los partidos independentistas se mantiene el 155 y el control presupuestario de Montoro, o sea porque el Parlamento que no hay mayorías bastante claras y hay que ir a nuevas elecciones dentro de unos meses y, en la endemig, continúan también el 155 y Montoro.
Qué nos están diciendo en estos supuestos el gobierno del PP y los partidos unionistas? Antes que nada, y culminando el relato que atribuye un supuesto receso económico al proceso de independencia, dicen que procurarán que las empresas que han marchado, vuelvan. Y que los consumidores españoles dejen de hacer boicot a los productos y servicios catalanes. Albiol dijo que se crearían incentivos fiscales para fomentar el regreso, pero Guindos lo enmendó porque, además de no tener ninguna lógica económica, no hay margen normativo para tales incentivos.
Todos sabemos que hace años que existe un boicot no declarado pero efectivo en los productos catalanes más emblemáticos o de menor precio y más fácilmente sustituibles que, en todo caso, ahora se ha extendido a otros sectores –como el financiero-, pero que no desaparecerá por muchos llamamientos formales que hagan los bomberos pirómanos. En todo caso, el presidente español brindó con cava catalán a la principal empresa del sector, en negociaciones porque lo adquieran los alemanes y que mantiene como imagen pública un firme partidario de la aplicación del artículo 155 y agradecido presidente de la nuevo nada Cámara de Comercio de España.
Una cosa parecida podríamos decir de las suyos de empresas. La centrifugación de suyos hacia la proximidad del palco del Bernabéu y de los organismos reguladores ya hace tiempos que provoca un continuo goteo de empresas que buscan acercarse en el poder real del Estado. Ahora que este poder ha dado un golpe de fuerza y ha demostrado que en Barcelona no existe nada, las empresas que dependen de los contratos, las normativas o del mercado español difícilmente se harán atrás del paso que han dado y habrán abierto el camino porque otros lo vayan siguiendo sin muchas manías. Las sedes de este tipos de empresas no volverán hasta que Cataluña disponga de la capacidad de inversión, de gasto y de regulación de un Estado. Y entonces, no sólo volverán las de origen catalán, sino que las empresas españolas e internacionales que operen en Cataluña también querrán ser cerca de una Barcelona con poder real. Con aún así, estos días hemos sabido que, de momento poco más de un 10% de las empresas que han anunciado el cambio de suyo lo han acabado de formalizar.
También la vicepresidenta española, en una nueva muestra de cinismo, ha convocado hoteleros y comerciantes barceloneses para anunciarlos que harán una campaña para relanzar la marca Barcelona. Una marca que sufre sobre todo su asociación a la imagen de España. Según el Reputation Institute, 6 de cada 10 ciudadanos europeos consideran que la imagen de España se ha visto perjudicada –sobre todo en términos de calidad institucional- a raíz de la crisis institucional provocada en torno al proceso soberanista de Cataluña. En cuanto a a Corredor mediterráneo, la vicepresidenta se comprometé continuar invirtiendo como hasta ahora –y esto ya sabemos que quiere decir- y también prometé aumentar la presencia del Estado en Cataluña a pesar de "sus migrades competencias".
"Las empresas que dependen de los contratos, las normativas o del mercado español difícilmente se harán atrás del paso que han dado"
El segundo escenario es el de una victoria independentista que permita ir avanzando en la construcción de espacios de soberanía y donde las decisiones de política económica se tomen en Barcelona en vez de Madrid. Esta asunción de soberanía habría, en primer lugar, de implementar las 46 leyes aprobadas la pasada legislatura y suspensas de forma cautelar por el Tribunal Constitucional a instancia del Gobierno español. Muchas de estas leyes tienen un claro componente económico. Unas de tipo fiscal, como por ejemplo el impuesto sobre la producción de energía nuclear o sobre los depósitos bancarios. Otras de tipo regulador, como la de comercio. Y otros, como la del cambio climático, que pretenden estimular el despliegue de nuevos paradigmas económicos. Ya resulta sarcástico que la suspensión de esta ley -que es la primera que aborda este tema al sur de Europa y que fue aprobada por el Parlamento con la sola oposición del PP- coincida prácticamente en el tiempo con el compromiso de la presidencia francesa de impulsar la economía verde como factor de modernización y de competitividad económica.
La asunción de soberanía económica por parte de Cataluña provocará sin duda una reorientación de la política económica que reforzará la potenciación de las empresas exportadoras, desarrollará un marco fiscal y normativo más favorable a las pymes, los autónomos y los emprendedores y combatirá las situaciones oligopolístiques que –en campos como la energía o el crédito- llasten la competitividad de las empresas de la economía productiva. En este sentido, se penalizarán las actividades especulativas y se velará para evitar nuevas burbujas, especialmente en el campo de la vivienda.
De los programas electorales de las principales fuerzas independentistas tenemos que esperar también que se impulsará la modernización y la competitividad de la economía potenciando los intangibles –formación, talento, investigación, innovación, marca, calidad institucional-, la implantación de los nuevos adelantos tecnológicos a la actividad manufacturera –con los procesos 4.0 al frente- y se aprovecharán las oportunidades que ofrecen los nuevos paradigmas productivos, como por ejemplo la economía verde.
Finalmente, una victoria efectiva de las fuerces independentistas tenemos que prever que garantizará la cohesión social como fórmula más eficaz para reforzar el mercado interno, para garantizar la igualdad de oportunidades y el ascensor social y para aprovechar todo el potencial del factor humano del país. La consecución de la soberanía económica permitirá abordar los cuellos de botella que, todavía más con la recuperación económica, ya presentan muchas infraestructuras, sobre todo ferroviarias (Cercanías, Corredor mediterráneo, conexiones a los puertos) y mejorar la eficiencia en la gestión de las que ya existen cómo son los puertos de Barcelona y Tarragona, el Aeropuerto del Prat o la red viaria de alta capacidad.