Abrimos el enfoque de la pobreza energética
17
de Diciembre
de
2016
Como cada año, con la llegada del frío vuelve el debate alrededor de las personas en riesgo de exclusión social que no pueden pagar las facturas; el que se conoce como casos de pobreza energética. Desde Holaluz, consideramos que la pobreza no tiene apellidos y que, en consecuencia, no existe la pobreza energética como tal, sino que se trata de una situación de pobreza. Así, a palo seco. Una familia que no puede hacer frente a los gastos básicas de la vida, como la alimentación, el alquiler o los suministros del hogar no decimos que se encuentra en una situación de pobreza alimentaria, residencial o de suministro, para poner nombres. Restringir el discurso únicamente a la factura de electricidad es minimizar el alcance del problema, hecho que, creemos, no contribuye al hecho que las instituciones encuentren soluciones reales y efectivas para cubrir las necesidades básicas de quienes, desgraciadamente, no llegan a finales de mes.
Un ejemplo lo tenemos en el trágico y lamentable caso de la anciana de Reus, que murió recientemente debido a un incendio provocado por una vela. Según trascendió, se le había cortado la luz hacía dos meses, pero, en cambio, mantenía el suministro de agua gracias a la ayuda del consistorio para pagar el recibo. Gestionar los casos de pobreza desde una perspectiva más ancha permitiría a los servicios sociales de los ayuntamientos poder afrontar estos casos de manera más eficaz.
A Holaluz tenemos claro que, de entrada, no hay nadie que no pague la factura de la luz porque no quiera. Por eso, nunca cortamos indiscriminadamente la luz a ningún usuario por el hecho que no haya podido asumir el coste de la factura. Por nosotros, el más importante es poner al cliente en el centro de nuestras decisiones, por eso siempre buscamos soluciones conjuntamente que le permitan afrontar el pago del recibo.
Por otro lado, hace falta no olvidar que el tema de los impagados es el talón de Aquiles de las compañías eléctricas. El margen por cliente que es ciertamente pequeño, y para poder dar un buen precio y servicio a los clientes tenemos que garantizar que todos los abonados pagan. Sólo así se puede evitar que los clientes que pagan financien quienes no lo hacen. Por las compañías privadas es complicado detectar casos de personas que están en riesgo de exclusión social o con situaciones de vulnerabilidad grave, puesto que no disponemos de herramientas para identificarlos. Por eso estamos convencidos que si lse administraciones públicas facilitaran a las eléctricas un listado de personas con riesgo de exclusión social o de solicitantes de prestaciones de ayuda sería mucho más fácil tenerlos identificados y actuar en consecuencia y con la sensibilidad que se escau.
Cuando a Holaluz detectamos casos de personas con facturas impagadas de forma reincidente y vemos que el que de verdad pasa es que no pueden hacer frente al pago de la factura de la luz, los derivamos a Servicios Sociales para que reciban el asesoramiento que los hace falta. En este caso, y si cumplen los requisitos que establece la ley, pueden solicitar una prestación para afrontar este recibo.
Consideramos que es fundamental encontrar soluciones conjuntas con las administraciones y las entidades sociales para garantizar que ninguna persona o familia en una situación de riesgo se queda sin los suministros básicos. Garantizar el bienestar de las personas con situaciones de vulnerabilidad tiene que ser una prioridad común que tenemos que afrontar entre todos para poder definir unos protocolos de actuación más claros y efectivos. Porque lo reclama la sociedad y porque es un deber humano tejer una red que no deje caer a los más necesidades. Con cooperación y predisposición por parte de todos los agentes implicados es posible. Manos a la obra!
Un ejemplo lo tenemos en el trágico y lamentable caso de la anciana de Reus, que murió recientemente debido a un incendio provocado por una vela. Según trascendió, se le había cortado la luz hacía dos meses, pero, en cambio, mantenía el suministro de agua gracias a la ayuda del consistorio para pagar el recibo. Gestionar los casos de pobreza desde una perspectiva más ancha permitiría a los servicios sociales de los ayuntamientos poder afrontar estos casos de manera más eficaz.
A Holaluz tenemos claro que, de entrada, no hay nadie que no pague la factura de la luz porque no quiera. Por eso, nunca cortamos indiscriminadamente la luz a ningún usuario por el hecho que no haya podido asumir el coste de la factura. Por nosotros, el más importante es poner al cliente en el centro de nuestras decisiones, por eso siempre buscamos soluciones conjuntamente que le permitan afrontar el pago del recibo.
Por otro lado, hace falta no olvidar que el tema de los impagados es el talón de Aquiles de las compañías eléctricas. El margen por cliente que es ciertamente pequeño, y para poder dar un buen precio y servicio a los clientes tenemos que garantizar que todos los abonados pagan. Sólo así se puede evitar que los clientes que pagan financien quienes no lo hacen. Por las compañías privadas es complicado detectar casos de personas que están en riesgo de exclusión social o con situaciones de vulnerabilidad grave, puesto que no disponemos de herramientas para identificarlos. Por eso estamos convencidos que si lse administraciones públicas facilitaran a las eléctricas un listado de personas con riesgo de exclusión social o de solicitantes de prestaciones de ayuda sería mucho más fácil tenerlos identificados y actuar en consecuencia y con la sensibilidad que se escau.
Cuando a Holaluz detectamos casos de personas con facturas impagadas de forma reincidente y vemos que el que de verdad pasa es que no pueden hacer frente al pago de la factura de la luz, los derivamos a Servicios Sociales para que reciban el asesoramiento que los hace falta. En este caso, y si cumplen los requisitos que establece la ley, pueden solicitar una prestación para afrontar este recibo.
Consideramos que es fundamental encontrar soluciones conjuntas con las administraciones y las entidades sociales para garantizar que ninguna persona o familia en una situación de riesgo se queda sin los suministros básicos. Garantizar el bienestar de las personas con situaciones de vulnerabilidad tiene que ser una prioridad común que tenemos que afrontar entre todos para poder definir unos protocolos de actuación más claros y efectivos. Porque lo reclama la sociedad y porque es un deber humano tejer una red que no deje caer a los más necesidades. Con cooperación y predisposición por parte de todos los agentes implicados es posible. Manos a la obra!