Atención a la dependencia y deslealtad institucional
12
de Noviembre
de
2016
La Generalitat de Cataluña soporta el 80% de financiación de la aplicación de la Ley de Dependencia, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia (LAPAD). El septiembre del 2015, 11.816 dependientes ya recibían algún tipo de ayuda, pero se tiene que aclarar que la gran mayoría habían conseguido el reconocimiento del grado de dependencia antes de la moratoria impuesta por Mariano Rajoy desde el año 2012.
La moratoria unilateral, no negociada al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, agrava todavía más la situación de riesgo de exclusión social, no sólo de las personas con incapacidad sino también la de los trabajadores sociales, muchos de los cuales han ido a la cola del paro.
En términos médicos, hablaríamos de una cronificació del proceso de deslealtad institucional del Estado español hacia Cataluña, un más de aquellos que cada viernes, después del Consejo de Ministros, se nos notifica a todos los catalanes, indistintamente de la papeleta que hayamos elegido a la hora de votar. Es por eso que se tiene que insistir que, del mismo modo que la ciudadanía en su conjunto se beneficia cuando se concreta una inversión en infraestructuras por parte del Gobierno de España, este conjunto de ciudadanos, en una medida mucho más elevada, también se ve afectada negativamente cuando los agravios producidos por esta deslealtad institucional son ejecutados, incomprensiblemente, vía decreto ley, vía recortada presupuestaria o vía sentencia judicial.
Una ley vital cómo es la LAPAD, que tendría que estar nutrida de un fondo de liquidez estable y suficiente para atender todas las personas que se encuentran en situación de dependencia, repercute, paradójicamente, de manera positiva en las arcas públicas del Estado al ser capaz (la LAPAD) de crear miles de nuevos puestos de trabajo directos y establos, y producir unos regresos económicos en virtud de los impuestos y cotizaciones generados.
Nada de esto se ha tenido en consideración, al contrario: el Gobierno de España suprimió la aportación del Estado al nivel acordado de protección (vía Presupuesto General del Sido) de manera efectiva desde el año 2012, el que implica que, desde entonces, Cataluña deja de recibir una media de 43,3 millones de euros anuales para financiar la LAPAD; es decir, 173 millones hasta el presupuesto del 2015.
El año 2015, la consejera Neus Munté dijo que había que "poner en valor el sobreesforç del Gobierno de la Generalitat para mantener los servicios y las prestaciones de la Ley de dependencia a pesar de los incumplimientos del Estado, que seha despreocupat", y tiene mucha razón: desde la entrada en vigor de la ley, en 2007, el Gobierno de la Generalitat ha destinado 7.796 millones de euros, mientras que el Estado sólo ha aportado 1.468,5 millones. La Generalitat no sólo tiene que hacer frente al incumplimiento del nivel acordado de protección que se mantiene hasta la fecha de hoy, sino que también sufre los recortes al nivel mínimo de protección garantizada, y en el balance del año 2014 llegó a contabilizar una diferencia negativa de 31,5 millones en relación con la asignación presupuestaria del año 2013.
Todo esto dificulta enormemente la tarea de la Generalitat para cumplir con el que establece la LAPAD, y deja los ciudadanos de Cataluña que se encuentran en situación de dependencia en desventaja respecto a los otros territorios con diferentes niveles de acuerdos de protección, el que vulnera de manera flagrante el principio de igualdad entre los ciudadanos que establece la tan pregonada Constitución española.
La moratoria unilateral, no negociada al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, agrava todavía más la situación de riesgo de exclusión social, no sólo de las personas con incapacidad sino también la de los trabajadores sociales, muchos de los cuales han ido a la cola del paro.
En términos médicos, hablaríamos de una cronificació del proceso de deslealtad institucional del Estado español hacia Cataluña, un más de aquellos que cada viernes, después del Consejo de Ministros, se nos notifica a todos los catalanes, indistintamente de la papeleta que hayamos elegido a la hora de votar. Es por eso que se tiene que insistir que, del mismo modo que la ciudadanía en su conjunto se beneficia cuando se concreta una inversión en infraestructuras por parte del Gobierno de España, este conjunto de ciudadanos, en una medida mucho más elevada, también se ve afectada negativamente cuando los agravios producidos por esta deslealtad institucional son ejecutados, incomprensiblemente, vía decreto ley, vía recortada presupuestaria o vía sentencia judicial.
Una ley vital cómo es la LAPAD, que tendría que estar nutrida de un fondo de liquidez estable y suficiente para atender todas las personas que se encuentran en situación de dependencia, repercute, paradójicamente, de manera positiva en las arcas públicas del Estado al ser capaz (la LAPAD) de crear miles de nuevos puestos de trabajo directos y establos, y producir unos regresos económicos en virtud de los impuestos y cotizaciones generados.
Nada de esto se ha tenido en consideración, al contrario: el Gobierno de España suprimió la aportación del Estado al nivel acordado de protección (vía Presupuesto General del Sido) de manera efectiva desde el año 2012, el que implica que, desde entonces, Cataluña deja de recibir una media de 43,3 millones de euros anuales para financiar la LAPAD; es decir, 173 millones hasta el presupuesto del 2015.
El año 2015, la consejera Neus Munté dijo que había que "poner en valor el sobreesforç del Gobierno de la Generalitat para mantener los servicios y las prestaciones de la Ley de dependencia a pesar de los incumplimientos del Estado, que seha despreocupat", y tiene mucha razón: desde la entrada en vigor de la ley, en 2007, el Gobierno de la Generalitat ha destinado 7.796 millones de euros, mientras que el Estado sólo ha aportado 1.468,5 millones. La Generalitat no sólo tiene que hacer frente al incumplimiento del nivel acordado de protección que se mantiene hasta la fecha de hoy, sino que también sufre los recortes al nivel mínimo de protección garantizada, y en el balance del año 2014 llegó a contabilizar una diferencia negativa de 31,5 millones en relación con la asignación presupuestaria del año 2013.
Todo esto dificulta enormemente la tarea de la Generalitat para cumplir con el que establece la LAPAD, y deja los ciudadanos de Cataluña que se encuentran en situación de dependencia en desventaja respecto a los otros territorios con diferentes niveles de acuerdos de protección, el que vulnera de manera flagrante el principio de igualdad entre los ciudadanos que establece la tan pregonada Constitución española.