Avisos y amenazas

Las energéticas nos avisan amablemente de que, si se prorroga el impuesto especial sobre los beneficios del sector, suspenderán los planes de inversión previstos para... mejorar su competitividad, reconvirtiéndose en generadores de energías limpias, como el hidrógeno verde.

Se han puesto de moda estos avisos, algunos los califican de amenazas, por parte de grandes empresas, frente a actuaciones públicas. Actuaciones que a menudo son de carácter fiscal, pero también ambiental, de competencia o estrictamente políticas. Algunas advierten que dejarán de operar en el país y que trasladarán sus actividades al extranjero si les modifican los beneficios fiscales de los que disfrutaban, beneficios que podían estar justificados en una determinada coyuntura, pero no ahora. Otras avisan que deslocalizarán su planta de producción si no consiguen ciertas ayudas públicas. Algunas amenazan con trasladar su sede social, ya sea a Madrid o a los Países Bajos, según el caso. Otras anuncian que no se presentarán al concurso público de prestación de servicios sanitarios si no se mejoran en un 40 % las condiciones de la oferta. También hay quienes pactan no acudir a un concurso de obra pública, con el objetivo de forzar al alza el precio de salida.

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Ninguna administración se libra de estas amables advertencias. Antes parecía que solo se atrevían con los pequeños municipios y las comunidades autónomas. Ahora es la administración del Estado la que es continuamente cuestionada. Quizás sea porque la vieja práctica de elaborar nuevas normativas con los representantes del IBEX35 al lado ya no está tan vigente. Incluso la Unión Europea se ve sutilmente advertida cuando dicta políticas y establece sanciones para garantizar la libre competencia, como ha ocurrido recientemente con Booking.

A menudo, las empresas que desafían a los gobiernos son grandes oligopolios surgidos de mercados regulados o actividades con un fuerte componente especulativo. El denominador común es que siempre presentan elevados beneficios y previsiones de ampliarlos aún más.

"Incluso la Unión Europea se ve sutilmente advertida cuando dicta políticas y establece sanciones para garantizar la libre competencia, como ha ocurrido recientemente con Booking"

Se dirá que siempre ha habido presiones y que es legítimo que cada uno defienda sus propios intereses, pero ahora se traspasan sin pudor ciertas barreras. La primera es que las advertencias son públicas, porque se busca utilizar la opinión de los ciudadanos para añadir presión sobre las administraciones. La segunda es que la globalización ha favorecido un aumento en la concentración y el tamaño de muchas empresas, que así se ven con fuerza para dictar las políticas públicas.

Por eso es importante que, cada vez más, ciertas medidas se adopten con un acuerdo internacional, como el establecimiento de un porcentaje mínimo en el impuesto sobre los beneficios de las grandes multinacionales. O un eventual impuesto a las grandes fortunas, como algunos países europeos ya han implementado y que se debatió en la reciente cumbre del G20. Y los ciudadanos haremos bien en no dejarnos intimidar por estos amables avisos de las grandes empresas. El creciente desequilibrio entre el poder político y el poder económico va en contra de los intereses de la gran mayoría.