Vuelven a aparecer noticias -¿cuántas van?- sobre la mala salud del catalán. No hace falta decir que en las últimas décadas no se ha hecho nada positivo -nada que haya producido resultados palpables. Los enemigos del catalán son muchos: una escuela globalmente insolvente, desmesuradas dosis de inmigración -sobre todo latinoamericana-, medios de comunicación españoles sin control... Pero también los catalanes dejamos de hablarlo porque, honestamente, cansa que, cuando quieres exigir tus derechos, no estén debidamente respaldados por la ley o la autoridad. Quiero decir que reclamar permanentemente el menú de los restaurantes en catalán mientras los inspectores de la Generalitat pasan de todo, fastidia. ¿Actitudes individuales? Todas, pero con el apoyo de la autoridad. No es así, ahora. Falta un marco regulador duro, y que se apliquen penas en caso de no cumplirse. Y lo que propongo no es ninguna falacia.
En un artículo anterior apunté la posibilidad de que se promulgara una ley que obligara a las empresas a contratar personal solo si sabía catalán y español. Como no se puede hacer solo con el catalán, debería aplicarse a las lenguas oficiales del país: catalán y español. ¿Que esta ley sería recurrida? Muy probablemente. Pero tal como estamos, ponerse la venda antes de la herida es de perezosos. Esta ley tendría recorrido en Europa. Tanto en lo que respecta a la defensa del hecho nacional catalán -creo que no aprovechamos lo suficiente el Tratado de Lisboa- como por otras razones que paso a comentar.
No hace muchos días leí una noticia interesante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a los Países Bajos en un asunto que, en nuestra casa, es tabú. Resulta que allí han implantado cursos para que los recién llegados -inmigrantes o refugiados- se integren en la sociedad. Estos cursos imparten, entre otras cosas, clases de neerlandés. Es claro que este es un idioma minoritario, y por eso le prestan especial atención, pero también hacen estos cursos, en otros países, para lenguas más importantes como en Francia y en Alemania -supongo que en otros lugares también. El tema destacable de la noticia es que el TJUE sentencia que es legal imponer multas a quienes, sin justificar, no aprueben los exámenes finales de estos cursos de integración.
No creo que este tipo de actuaciones, como implantar cursos de integración, haya pasado ni siquiera por la antesala de las mentes de quienes gestionan nuestra cosa pública. Y menos aún obligar a conocer el catalán a todo aquel recién llegado que se instale en Catalunya. Mi pregunta -retórica, claro, porque no encuentro a nadie como receptor- es: insisto, ¿por qué el Parlamento de Catalunya no hace una ley obligando a las empresas a que los nuevos contratados conozcan las dos lenguas? Y aplicable a los inmigrantes también, evidentemente -a estos, se les puede dar un período de carencia. Y que si no pasan los exámenes, se apliquen multas. Insisto, una ley de este tipo sería probablemente validada por Europa. El TSJE ha sentenciado diciendo que se puede imponer una multa en caso de no superar las pruebas de los cursos de integración. Y añade, atención, un tema importantísimo: ve crucial la adquisición de conocimientos, sobre todo los lingüísticos, para la integración de los refugiados -la sentencia se refería específicamente a un refugiado- en los estados miembros de la UE donde llegan y reciben protección. ¿Por qué ignoramos esta jurisprudencia?
"¿Por qué el Parlamento de Catalunya no hace una ley obligando a las empresas a que los nuevos contratados conozcan las dos lenguas?"
Se debe acabar con el vivir de ilusiones. Cuando veo reportajes pseudoperiodísticos que nos hablan de un inmigrante que ha aprendido el catalán en seis meses, y lo habla cada día, me recuerda a una película ambientada en Nueva York donde uno de los protagonistas ponía un ejemplo puntual, no recuerdo cuál, para extraer conclusiones generales. El otro protagonista le respondía: “Ya. Y yo conocí una vez a un irlandés que solo bebía leche”.
Ignoro cuántos catalanes tenían el catalán como lengua de uso común hace veinte años. Hoy, por el simple hecho inmigratorio, la población que no tiene el catalán como lengua propia ha aumentado un 30% respecto a la población de entonces. O sea, si en el año 2000 eran un 40% los que no utilizaban el catalán habitualmente, ahora casi llegan al 60%. ¿Tanto cuesta de entender? Nuestros gobernantes, ¿han hecho matemáticas en la escuela? Quien se quiera engañar a sí mismo, que lo haga. Pero que se le impida intoxicar al resto del país. Por favor, que no se le dé acceso a los medios de comunicación.
Las empresas pueden hacer mucho por el catalán. Pero debemos acabar con el simple voluntarismo y la movilización de estética “entre todos lo haremos todo”. Porque las cosas ya no funcionan así. Estamos en un estado de derecho y el legislador debe establecer el conjunto de reglas a implantar. Y la eficiencia que se demuestra en otras áreas económicas y financieras (regulación, inspecciones, impuestos, prevención, etc.) debe comenzar a aplicarse al entorno laboral para defender la identidad del país, también.