Las Administraciones públicas han visto en los últimos años una oportunidad al utilizar la modalidad de compra innovadora como una alternativa a la adquisición tradicional de productos y servicios. Si bien en un principio era una magnífica opción para llevar a cabo proyectos que hubieran requerido una reserva presupuestaria muy elevada, difícilmente viable dado el contexto económico y de "recortes" existentes (y todavía persistentes) en el gasto público, hoy ya se empieza a visualizar este modelo como una vía efectiva para la modernización de infraestructuras y la dotación de soluciones tecnológicamente avanzadas a la salud, la justicia y otros ámbitos públicos, en coparticipación con el sector privado.
En otras palabras, el que antes era un medio básicamente para dar salida a proyectos de gran envergadura económica, hoy supone un fin en si mismo por la tipología de soluciones que comporta la compra innovadora. Muy posiblemente llegó antes en el tiempo el modelo, que la demanda o necesidad en sí misma de su existencia, y dada las inherentes inercias de la Administración, se optó para ver la compra innovadora desde el prisma de los beneficios que permitía disfrutar en su calidad de proceso contractual a largo plazo, y por lo tanto de dotarse de un modelo de pago del contrato más allá de los tradicionales 4 años de la compra de suministros o servicios. O inclús, como un mecanismo para poder "dialogar" con el sector para determinar de forma relativa "negociada" qué tendría que ser el precio y que se iba a adquirir exactamente.
Son seis los puntos que identifican las características esenciales con las cuales tiene que contar un proyecto vehicul·lat mediante compra innovadora:
1. Contexto de contención del gasto y limitada capacidad de endeudamiento que obliga a la administración a identificar mecanismos creativos que permitan financiar los proyectos de transformación que se tienen que abordar.
2. Financiación de la adquisición bajo un modelo de contrato a largo plazo ("arrendamiento") que permita a los proveedores realizar y recuperar las inversiones necesarias para llevar a cabo la transformación y/o modernización de los servicios públicos o de las infraestructuras que los sustentan.
3. Estrategia y proceso de licitación a partir de contratos de colaboración público-privada (CPP) que posibilitan la contratación por periodos superiores a la duración máxima habitual que permite la ley de contratación de las administraciones públicas.
4. Necesidades de transformación tecnológica de elevada complejidad e innovación en la Administración pública para lograr los retos de gestión pública y hacia la ciudadanía a la cual se ofrecen los servicios.
5.Soluciones innovadoras muy incipientes o inexistentes, que se requiere definir mediante un proceso de diálogo con el mercado, para poder encajar perfectamente las necesidades de la Administración con la oferta flexible de los proveedores.
6. Complemento del regreso de la inversión del proveedor a partir de la comercialización de estos proyectos y/o soluciones en otros territorios dada el alta reproductibilitat existente en la mayoría de ámbitos de los servicios públicos.
Actualmente, los elementos que más se están empezando a valorar a la hora de seleccionar esta modalidad ya no son los tres primeros, sino justamente los tres últimos. Esto es así, desde el momento en que las Administraciones y sus representantes políticos han asumido que el principal reto con sus electores no es ya únicamente el de ajustarse en presupuestos, que también, sino a dar respuestas a las demandas de la ciudadanía en el regreso progresivo hacia la sociedad del bienestar, en materia de, por ejemplo, una mejor sanidad, una mejor y más efectiva gestión de la justicia, un aumento de la calidad y modernización de la educación o, en general, no quedar "descolgados" de las ventajas del adelanto tecnológico del cual disfrutan los países más pioneros en R D I.
Y han comprendido que, por eso, no sólo tienen que "ganar" las Administraciones, sino que también el sector privado tiene que ver en la compra innovadora una oportunidad de capitalizar sus inversiones en desarrollo e innovación por, a su vez, mejorar sus productos y soluciones hacia el mercado.
Si, pero no a cualquier precio. En su definición es fundamental analizar y determinar con precisión el modelo económico con el cual pretendemos ponerlo en práctica, previamente a cualquier interacción dialogada con el sector, en un sentido amplio y formal, para tener un posicionamiento de liderazgo ("ir por adelantado") y un mayor conocimiento analítico con el cual afrontar el diálogo económico, con garantías de no "estar pagando de más" por el hecho de estar comprando innovación.