Debate sobre el futuro de Catalunya

A raíz de una nota de opinión del Círculo de Economía sobre si la economía catalana había dado pasos atrás respecto a España y la Unión Europea (UE), se ha generado un amplio debate. Según Eurostat, el PIB por habitante de España en 2019 era un 14% inferior a la media de la zona euro, la misma distancia que había en 2000. Es decir, España ha sido estancada respecto a la UE. En cuanto a Catalunya, la renta per cápita en 2000 era un 20% superior a la media europea y un 24% por encima de la media española. Actualmente, estas cifras son superiores solo en un 1% respecto a Europa y un 17,4% sobre la renta media en España.

Es importante analizar también el efecto demográfico. Entre los años 2000 y 2021 Catalunya ha incrementado su población en 1.360.000 habitantes, un 22% más. Este elevado crecimiento ha afectado al nivel de renta en términos de PIB per cápita. ¿Por qué Catalunya no avanza a mayor ritmo? Como causas internas destacan la carencia de consenso de los partidos políticos sobre los grandes temas de país: la falta de vivienda pública, el futuro del aeropuerto, la instalación de molinos eólicos, el modelo de turismo, etc. Pero también, la baja productividad o una burocracia lenta que debería agilizarse.

Ya es bien conocido el crónico déficit fiscal de Catalunya, que se estima en un 8,5% del PIB, equivalente a 20.000 millones de euros anuales

Cabe añadir también, destacadas causas externas que frenan la economía, especialmente la falta de inversiones en infraestructuras básicas y la infrafinanciación de los servicios públicos que los gobiernos españoles destinan a Catalunya. Ya es bien conocido el crónico déficit fiscal de Catalunya, que se estima en un 8,5% del PIB, equivalente a 20.000 millones anuales. En cuanto a la inversión pública, el gobierno español destina a Catalunya sólo el 13,5% del total, cifra muy inferior a su peso económico o demográfico. Esto supone una inversión de 105 euros anuales por catalán frente a los 148 euros por habitante de la media española. Según Foment del Treball el déficit acumulado de inversiones públicas en Catalunya es de 40.000 millones, y, según la Cámara de Comercio de Barcelona, de más de 50.000 millones.

Sin embargo, aparte del PIB, interesa analizar el Índice de Progreso Social que calcula la UE por las 240 regiones europeas. Catalunya se sitúa en el puesto 76 en renta per cápita, pero al disponer de una infrafinanciación crónica en el gasto público se sitúa en el puesto 135 en el Índice de Progreso Social, mientras que, por ejemplo, el País Vasco que tiene una financiación de los servicios públicos por persona muy superior, ocupa el puesto 48 en el Índice de Progreso Social.

Catalunya tiene que recuperar su capacidad de iniciativa y dinamismo

Pese a estas causas que le provocan la pérdida de peso económico, Catalunya, desde hace muchos años, que sigue aportando el 19% del PIB español y es un gran centro económico de servicios, industria, innovación y turismo, vital y abierto al mundo.

Pero en momentos de cambio tan acelerados, Catalunya debe recuperar la capacidad de iniciativa y dinamismo que le han caracterizado. La Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos deben facilitar la dinamización de la economía con una amplia colaboración con el sector privado y la sociedad civil. Por eso es necesario un amplio consenso político, económico y social, en los grandes temas, en particular en el Parlament de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos deben facilitar la dinamización de la economía con una amplia colaboración con el sector privado y la sociedad civil

En esta línea, muchas entidades económicas catalanas como el Círculo de Economía, Foment del Treball, las Cámaras de Comercio, Pimec, Cecot, Amec, Femcat, los sindicatos y otros, han mostrado su preocupación por la falta de financiación pública en Catalunya. Ahora es la hora de dar un paso más, y que las entidades económicas y sociales consensuaran una propuesta de presión a los partidos políticos y gobiernos español y catalán para eliminar la discriminación en la financiación pública de Catalunya que tanto perjudica al tejido económico catalán y al bienestar de los catalanes.