Por fin, decisiones políticas basadas en datos

Este 2021 ha sido un año de virus, vacunas, volcanes y verborrea, pero también ha sido un año en el que nuestra relación con los datos ha evolucionado de manera significativa.

Hace tiempo que sabemos y notamos que cada vez hay más cosas gestionadas con el apoyo de grandes sistemas de datos. Sabemos que Netflix conoce exactamente cuántas y qué películas o series hemos mirado y estamos mirando, cuáles hemos seguido fielmente y cuáles hemos abandonado, como también somos conscientes de que Google sabe qué búsquedas hemos hecho y qué videos hemos mirado en YouTube y en base a eso nos enseña unos u otros anuncios. Sabemos que toman decisiones basadas en datos masivos y en tiempo real, y que tienen ventaja ante esos otros negocios que gestionan con poco dato, poco actualizado, o directamente sólo con la opinión de alguno de sus directivos.

Decisiones públicas basadas en datos científicos públicos. Esto es un gran avance y vale la pena detenerse aquí y felicitarnos y dar gracias a los Dioses

Este 2021 hemos visto de manera clara, por fin, que se utilizaban datos científicos masivos y actualizados para justificar decisiones políticas. Ya era hora. La gestión de la COVID ha generado un sistema de datos científicos que se actualizan día a día y que son la base para la toma de decisiones de todo tipo, no solo sanitarias sino también económicas, sociales y políticas. Cada día tenemos datos actualizados que son determinantes para decidir si podremos o no hacer la cena de Navidad o si este o aquel sector deberá cerrar su actividad. Decisiones públicas basadas en datos científicos públicos. Esto es un gran avance y vale la pena detenerse aquí y felicitarnos y dar gracias a los Dioses.

Hasta ahora nuestros políticos sólo demostraban trabajar con datos cuando se trataba de calcular intenciones de voto y resultados electorales y, aquí sí, lo hacían pueblo a pueblo y distrito a distrito. Pero cuando se trataba de gestionar turismo, cultura, educación, comercio o industria, esta capacidad de analizar el territorio palmo a palmo desaparecía repentinamente. Con la COVID parece que la gestión basada en datos científicos en tiempo real ha llegado por fin a nuestros gobiernos. Sólo hay que recordar alguna de las últimas crisis sanitarias que hemos vivido para constatar que esto no era así, como el caso de las vacas locas (año 2000), la gripe aviar (2006) o la gripe A (2009) que alarmaron a la población y comportaron decisiones drásticas como sacrificios masivos de animales, o en el caso de la gripe A incluso se habló de vacunar a todo el mundo y el gobierno español llegó a comprar 36 millones de vacunas que al final no se utilizaron. Casos graves con decisiones graves en los que ni de lejos se aportaban como ahora datos al espacio público que justificasen ni la situación ni la solución. Así que hemos mejorado.

Lo que aún preocupa, y mucho, es la facilidad con la que los gestores cambian el dato que utilizan como referencia para la toma de decisiones. Hubo un tiempo en que era importantísima la R, la tasa de transferencia del virus, en función de la cual se cerraba una comarca. Ahora ya no hablamos de R, y tampoco del número de muertos, sino del número de infectados. Vamos cambiando de indicador de referencia y hay que reconocer que esto genera dudas. Parece más habitual de lo que nos gustaría: ya hubo un tiempo en que la economía del país se explicaba por la prima de riesgo, o la nota PISA era crítica para evaluar nuestras escuelas… indicadores que provocan todo un terremoto y un sinfín de batallas y debates y después, de repente, desaparecen de la conversación. Parece que cada vez gestionamos más con datos, pero que cada vez vamos eligiendo el dato que más nos conviene para nuestros intereses.

Parece que cada vez gestionamos más con datos, pero que cada vez vamos eligiendo el dato que más nos conviene para nuestros intereses

Hemos avanzado hacia un sistema de gestión pública basado en datos, y también hemos avanzado en que los datos sean públicos. Parece un juego de palabras pero son dos ideas muy diferentes: por un lado que nuestros gestores tomen las decisiones en base a datos fiables y actualizados, y por el otro lado que toda esta información sea pública. Que la información sea pública no sólo significa que esté publicada, sino que esté disponible en un formato válido para que cualquier ciudadano que lo desee también pueda utilizar ese dato para hacer sus propios cálculos y llegar a sus propias conclusiones. Un sistema público de datos para que los pueda utilizar la Administración pero también todo el mundo que quiera. Nada que no esté basado en datos abiertos debería merecer nuestra confianza.

La otra cosa que necesitamos es un mejor periodismo, no sólo capaz de consultar y gestionar estos datos para generar información veraz y pertinente, sino sobre todo con criterio propio para no aceptar tan dócilmente el discurso oficial que, vete tú a saber porqué, ahora ya no habla ni de R ni de prima de riesgo.