Eficiencia sanitaria y recortes

El próximo 20 de diciembre se celebran unas nuevas elecciones generales. Uno de los puntos que con seguridad reunirán todos los programas electorales es como se aplicarán los recortes que la Unión Europea sigue exigiendo en España para adaptarse en los objetivos de déficit. Todos estamos de acuerdo que hay ciertas partidas básicas que no tendrían que sufrir la "tisorada", entre ellas la sanidad.

A pesar de que la misma Constitución destaca la importancia y necesidad de evaluar en términos de eficiencia; cuando se toman decisiones en sanidad se sigue sin incorporar este criterio.

Hasta esta década, los proveedores de servicios sanitarios no habían sentido la necesidad de incorporar el concepto de eficiencia en su práctica diaria. Esto ha cambiado. Cuanto más recursos dedique un gobierno a sanidad, menos recursos le quedan para invertir en ocupación, educación y otras necesidades sociales urgentes.

Existe abundante literatura que corrobora que un mayor gasto no se traduce necesariamente en mejores curas o en un sistema sanitario que funcione mejor. La clave rae a sacar mayor rendimiento o "valor" al dinero público invertido en salud. Esto consiste a promover la rendición de cuentas dentro de los sistemas sanitarios, pero también a implantar nuevos incentivos que estimulen a proveedores, pacientes y, a todos los agentes del sistema, a tomar decisiones eficientes que conduzcan a unos costes de oportunidad más bajos en términos de resultados de salud.

Desde la aprobación de la Constitución hasta el último Real decreto Ley 16/2012, el coste-efectividad y la eficiencia tendrían que ser los criterios que rijan las decisiones sobre precios y financiación en España. En España no hay criterios explícitos y transparentes declarados y establecidos por el Gobierno como base para las decisiones sobre precios y financiación. Aunque la evaluación económica se tenga en cuenta a efectos internos, no hay modelos analíticos acordados a escala central para realizar análisis de este tipo.

Las decisiones sobre financiación y fijación de precios se tendrían que regir por consideraciones de valor terapéutico y económicas. Las consideraciones subyacentes al "precio basado en el valor" tendrían que ser la norma innegociable en todas las decisiones relacionadas con la salud en Europa, utilizando la evaluación económica como el método de referencia para mejorar la transparencia en las decisiones relativas al sistema sanitario.

Después de las páginas que ha llenado este tema, habrá algún programa y sobre todo, algún gobierno que lo lleve a cabo?