Hace unos días comparecí en la Comisión de Acción Exterior del Parlament de Catalunya para compartir la opinión de Cecot sobre la proposición de ley de creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos que ha sido presentada por todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Desde nuestro punto de vista, ésta puede ser una buena oportunidad para poner a Catalunya al frente del debate de las responsabilidades y obligaciones de las empresas y de los estados en relación con los derechos humanos, pero el actual texto se muestra impreciso y nos genera inseguridad por una serie de elementos que a continuación mencionaré.
Ante todo, quisiera contextualizar que es por todos conocidos que a lo largo del siglo XX y XXI existen operadores no gubernamentales, principalmente empresas, o más específicamente, grandes corporaciones, que han logrado alcanzar grandes cuotas de poder económico y capacidad de actuación transnacional. Y sí, en ocasiones han provocado graves abusos y han vulnerado derechos fundamentales, mayoritariamente en estados y países con débiles sistemas institucionales. Países que no disponen de los mecanismos suficientes para prevenir y evitar estas situaciones y que, con demasiada frecuencia, cuentan con gobiernos cómplices de estas malas praxis.
Es necesario partir de este reconocimiento para que las organizaciones empresariales podamos compartir, también, la denuncia que hacemos de estos hechos. Y es necesario partir de este reconocimiento, también, para evitar la tentación de algunos al generalizar y etiquetar a las empresas, el emprendimiento y el lucro en sujetos sospechosos y ajenos a los valores de desarrollo sostenible para nuestra sociedad.
Desde Cecot trabajamos para que el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente, la promoción de la paz o el desarrollo humano sostenible sean ejes centrales en la estrategia de sostenibilidad de cualquier empresa, independientemente de su tamaño y sector de actividad. Y lo hacemos tomando como referencia el Pacto Mundial del año 2000 de Naciones Unidas y sus Principios Rectores que conectan los derechos humanos con el sector empresarial.
Conocer y suscribir estos Principios Rectores o los famosos ODS, son mecanismos que tenemos las entidades de alinear nuestras actuaciones con los valores de Naciones Unidas
Conocer y suscribir estos Principios Rectores o los famosos ODS son mecanismos que tenemos las entidades de alinear nuestras actuaciones con los valores de Naciones Unidas. Y aunque no es una responsabilidad vinculante legalmente, muchas entidades los hemos adoptado y asumimos un compromiso público.
La creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, que sería pionero en el mundo porque no existe ninguna otra de estas características como el que propone la ley, creemos que es una buena oportunidad para Catalunya. Ahora bien, a pesar de coincidir con el texto: "el compromiso para que las empresas catalanas que operan más allá de nuestras fronteras respeten los derechos humanos", creemos que el mecanismo que plantea esta ley no es el más adecuado. ¿Por qué?
Ante todo, echamos de menos que este texto sea el resultado de un estudio detallado que permita aportar claridad sobre el estado actual y los riesgos potenciales de vulneración de derechos por parte de empresas catalanas. Un estudio necesario para concretar el alcance de la ley y las funciones de este nuevo Centro.
En este sentido, es necesario saber que la gran mayoría de empresas catalanas que operan en el extranjero son pymes y lo hacen en países de la OCDE como Estados Unidos o de la UE. Es decir, países de los considerados "no débiles" y que disponen de mecanismos de prevención y sanción en sus legislaciones domésticas para hacer frente a las posibles vulneraciones de derechos.
En segundo lugar, la definición que se hace de empresa catalana como "aquellas que de una u otra forma tengan inversiones o actividad en Catalunya", encontramos que es una definición demasiado amplia e imprecisa y que dificultaría la aplicación de las normas que se deriven.
La gran mayoría de empresas catalanas que operan en el extranjero son pymes y lo hacen en países de la OCDE como Estados Unidos o de la UE
Coincidimos en que ésta puede ser una oportunidad "garantizar que la acción exterior catalana pública y privada sea referente en el ámbito internacional en el respeto de los derechos humanos". Pero nosotros recomendaríamos que el Centro se convirtiera en un espacio de excelencia empresarial, educativo, informativo, de acompañamiento, que permita al tejido empresarial catalán disponer de un espacio útil y de mejora de su acción exterior.
¿Por qué no centramos los esfuerzos en hacer de Catalunya un sello de excelencia que permita a las empresas catalanas operar por todo el mundo con las máximas garantías? ¿Y que Catalunya, su gobierno y su sociedad se conviertan en un referente internacional de un “estilo de hacer empresa”?
Por el contrario, la ley centra esfuerzos en definir un régimen sancionador mal definido, por cierto, y sin capacidad de investigación y comprobación de la supuesta vulneración de derechos.
¿Por qué no centramos los esfuerzos en hacer de Catalunya un sello de excelencia que permita a las empresas catalanas operar por todo el mundo con las máximas garantías?
Las funciones recogidas en la propuesta apuntan únicamente a la denuncia y el señalamiento de las malas prácticas empresariales, mientras que los Principios Rectores del Pacto Mundial enfatizan el deber de los Estados de acompañar y formar a las empresas para asegurar el respeto de los derechos humanos a sus operaciones.
En este sentido, pensamos que el Centro podría alinearse con la Comisión Europea y promover la "debida diligencia". Es decir, fomentar el proceso por el que las empresas toman las medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos negativos de sus operaciones.
Por último, me gustaría hacer mención del descontento que sentimos en relación con el veto empresarial a los órganos de gobierno previstos en el Centro. Estamos convencidos de que la no participación del empresariado en la Junta de Gobierno mermará la capacidad de actuación y diagnóstico de este Centro y no favorecerá que sea percibido por parte del tejido empresarial como un instrumento cercano y de acompañamiento, sino que reforzará su atributo coercitivo y sancionador.
Con todos estos argumentos expuestos, creemos que en Catalunya tenemos una gran oportunidad para ser líderes en convertirse en un referente a nivel internacional para el sector empresarial con relación al respeto y promoción de los derechos humanos y en alinearnos con los principios y valores de Naciones Unidas pero el actual texto de la proposición de ley nos preocupa y nos genera inseguridad, lo que nos obliga a solicitar a los grupos parlamentarios una profunda revisión.