Financiación autonómica

El Círculo de Economía ha presentado unas propuestas para mejorar el autogobierno de Cataluña y el funcionamiento del modelo territorial del Estado. Las perspectivas de diálogo entre los presidentes, Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Joaquim Tuesta y Pla, permiten divisar una mejora de la convivencia social, encontrando, por un lado, vías no únicamente judiciales para canalizar las legítimas aspiraciones de la población catalana, y por la otra, recuperando el respecto a la legalidad mejorando la fuerte división social interna y la intensa polarización política. La carencia de reconocimiento del autogobierno catalán se agrava con los problemas de financiación de los servicios públicos fundamentales de la Generalitat. El actual sistema de financiación autonómica es disfuncional, ineficiente y no equitativo.

"El actual sistema de financiación autonómica es disfuncional, ineficiente y no equitativo"

 

Es disfuncional porque la capacidad tributaria de las comunidades autónomas es muy inferior a las responsabilidades de gasto. En otras palabras, mientras que el Estado central controla buena parte de los ingresos -entiendan impuestos-, el gasto está descentralizado en las autonomías, que cargan con la provisión de servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (no hay dinero para la dependencia). Los impuestos más importantes cedidos a las autonomías son sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, patrimonio y bebidas azucaradas. Los grandes impuestos (IRPF, IVA y Sociedades), pero, están controlados por el gobierno central (que devolverá a la Generalitat el 50% de Renta e IVA).

Cuando nos dicen que España es el país más descentralizado de Europa, hay bastante dando un vistazo a la oficina estadística europea para comprobar que no es así. La administración central del Estado, incluida la Seguridad Social, controla el 53% de los recursos públicos, mientras que las CCAA representan sólo el 36% y los ayuntamientos el 11%. No es cierto, pues, que España sea el país más descentralizado, ni en cuanto a la distribución de los recursos ni en cuanto a la capacidad para decidir donde se destinan estos mismos recursos. El Estado dispone de capacidad inversora para construir un modelo de Estado radial, a imagen de Francia.

Es ineficiente porque aleja el recaudador del contribuyente, el fiscalitzador del fiscalizado, disminuyendo la transparencia y el conocimiento de las necesidades reales del ciudadano. El modelo a seguir es el concierto económico del País Vasco y Navarra, extensible al resto de territorios del Estado. Hay que recuperar un marco institucional flexible y descentralizado para la cooperación en las relaciones intergubernamentales de las comunidades autónomas y de estas con la administración central. Hace falta una concepción multipolar que permita el desarrollo económico y la cohesión social, vertebrando todas las políticas públicas, desde transportes y comunicaciones, hasta educación y cultura, pasando por la distribución territorial de los organismos públicos.

"Cuando nos dicen que España es el país más descentralizado de Europa, hay bastante dando un vistazo a la oficina estadística europea para comprobar que no es así"

 

Tampoco es equitativo porque no contribuye a la convergencia entre comunidades ricas y pobres. De hecho, la disparidad entre comunidades ha aumentado, en vez de reducirse, a pesar de los 40 años de transferencias fiscales entre comunidades. La política española de redistribución y convergencia económica regional es un fracaso colosal. El déficit fiscal crónico de Cataluña, un 8% del PIB, no contribuye al desarrollo económico de Extremadura, por ejemplo. Tampoco es una redistribución de ricos a pobres, sino más bien el contrario. El dinero pagado por las clases trabajadoras catalanas alimentan los sueldos de altos funcionarios del Estado. Los catalanes, y los baleares, sufrimos una regresión social con datos relativos en educación, sanidad, vivienda social, medio ambiente… que se traduce en una peor calidad de vida. Al otro extremo, las comunidades receptoras de transferencias fiscales tienen un progreso social mucho más alto y disfrutan de más calidad de vida. También lo tienen las comunidades forales, gracias al concierto económico, y Madrid, por el efecto capital.

En definitiva, tenemos un modelo anacrónico que contribuye a la pésima situación española actual, con una deuda pública y externo de los más grandes del mundo, un sistema de pensiones en quiebra, unos índices de paro y de pobreza por las nubes, una enorme desigualdad social, una crisis territorial profunda y una calidad institucional que hace que España lidere en negativo la mayoría de rankings internacionales. Y qué posibilidades de cambio tenemos con el nuevo gobierno socialista? El presidente Sánchez Pérez-Castejón lo ha dejado claro esta semana a la sesión de control del Senado. El sistema de financiación autonómica no se modificará por falta de tiempo material, pero "síhabrán mejoras para todas y cada una de las comunidades autónomas durante los próximos meses". Claro, y se se pregunta, quien acabará pagando las mejoras de los otros? Cuando se abandonará el perverso principio que el gobierno central recauda y las autonomías gastan, eliminando de raíz cualquier incentivo a modernizar las autonomías más pobres, que acontecen crónicamente dependientes del Estado?