Impuesto al solo

Han tardado dos años a decidirse, pero no han querido acabar la legislatura sin aprobar el llamado impuesto al solo.Un impuesto al sol en forma de Real decreto que regula el autoconsum energético a partir del argumento que aquel que se dota de una instalación para producir y consumir su energía eléctrica y mantiene una conexión a la red como complemento o como fuente de emergencia, tiene que pagar un canon adicional para el mantenimiento de esta red general.

A última hora, las familias -o consumidores con menos de 10 kilovatios contratados- se han escapado del impuesto, a pesar de que de momento sólo por cuatro años. Después ya veremos como quedarán. Pero las instalaciones fotovoltaicas a las viviendas unifamiliares todavía son poco relevantes porque a las familias los es más difícil hacer este tipo de inversiones.

A corto plazo, donde realmentehabía potencial de crecimiento para el autoconsum era a las industrias y servicios con techos e instalaciones de amplia superficie. Y estos quedan ahora claramente desincentivats a la hora de afrontar unas inversiones que pueden fácilmente duplicar el plazo de amortización para hacerlas rentables económicamente. Además, las instalaciones inferiores a 100 kW de potencia tendrán que abocar en la red las puntas de producción que no consuman sin ninguna compensación económica a cambio.

Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión del hecho que aumentar el plazo de amortización de las instalaciones con impuestos y tasas adicionales va contra cualquier lógica económica y ambiental y en contra del que está haciendo todo el mundo civilizado. En el Gobierno español, en cambio, sólo lo preocupa que las grandes compañías energéticas saquen el máximo rendimiento de unas instalaciones de generación de electricidad claramente sobredimensionadas. El eventual desarrollo del autoconsum constituía una amenaza en este sentido y por eso había que penalizarlo.

Es la misma filosofía de la última reforma tarifaria: aumentar el coste fijo de la conexión, de forma que aunque introduzcas medidas de ahorro energético, la factura a pagar se reduzca mucho menos. Y, en última instancia, la suspensión del decreto de pobreza energética aprobado por el Parlamento de Cataluña también ha sido suspendido porque el Gobierno español temía una generalización de la medida y un incremento de los impagados a las compañías energéticas. Unas compañías, hay que recordarlo, que junto con la banca, las constructoras y los antiguos monopolios públicos privatizados conforman un estrecho conglomerado de intereses y de puertas giratorias con los Gobiernos españoles de turno, al menos desde Primo de Rivera.

Cómo en tantos otros aspectos, desde la fiscalidad a la regulación de la morosidad, las pymes vuelven a ser las principales perjudicadas por las decisiones de los sucesivos gobiernos españoles. Pero, como apuntábamos al comienzo, también las grandes empresas industriales y de consumo -centras comerciales, hoteles- resultan afectadas muy negativamente por este impuesto al solo.

Decíamos al principio que han tardado dos años desde que anunciaron por primera vez la intención de crear este impuesto al sol hasta hacerlo efectivo. Parecía una aberración tan grande que algunos pensábamos que había sido un resbalón y que lo desarien al cajón de los despropósitos evitados a última hora. No ha sido así, pero a pesar de todo el poder de las eléctricas, tenemos que confiar que el impuesto al solo tenga los días contados.