Mezclar la basura para llenarse los bolsillos
03
de Mayo
de
2017
De vez en cuando, te encontrabas alguien que, para justificar que no elegía la basura en casa suya te argumentaba que, después, los que la recogían la volvían a mezclar. Pero ahora resulta que esta leyenda urbana no es del todo falsa.
Primero estuvo en Badalona, donde el nuevo equipo municipal denunció este tipo de prácticas por parte de la empresa concesionaria con el objetivo de emitir facturas más elevadas por el triatge. Entonces salió enseguida el anterior alcalde para descalificar una vez más los "radicales" que gobiernan el Ayuntamiento. Ahora, ha sido el Ayuntamiento de Barcelona quién ha denunciado engaños similares, no muy sofisticados, dicen, pero que han necesitado casi dos años de mandato para descubrirlos. Y en los dos casos, con la misma empresa concesionaria, FCC, uno de los cinco miembros del IBEX 35 con sede en Barcelona, a pesar de que controlada desde Madrid de hace años.
De momento no sabemos si el gobierno Coláis será tan estricto con FCC cómo con las empresas encargadas del túnel de Las Glorias. A pesar de que la cantidad indebidamente facturada no parece relativamente muy elevada, ahora ya no se trataría de desviaciones presupuestarias cómo en el caso de las obras públicas, que siempre tienen un punto de subjetividad, sino de prácticas directamente fraudulentas. Unas prácticas que, además, implican un grave escándalo social cuando las administraciones afanan porque los ciudadanos actúen responsablemente con sus residuos.
Sabíamos de los graves problemas que generan los comportamientos mafiosos en la limpieza y en la gestión de los residuos en países tan próximos como Italia, desde Venecia en Nápoles, desde Roma en Sicilia. Sabíamos como sectores emergentes en casa nuestra, como los gestores de los envases, presionan para evitar la implantación de los envases retornables, como hacen en Alemania y a otros países centroeuropeos, porque los cuestionaría el negocio. Pero estos fraudes detectados en Badalona y en Barcelona resultan una lamentable constatación, que podrían ser sólo la punta de un iceberg de comportamientos irregulares. En cualquier caso, la situación es bastante inquietante para obligar todos los ayuntamientos a revisar los protocolos de seguimiento de estos servicios y a extremar las tareas de control.
El sector de los suministros y servicios públicos es cada vez más importante a nuestras sociedades urbanas y desarrolladas. Cómo hemos visto estos días con el célebre caso del Canal de Isabel II en Madrid, el hecho que los gestione una empresa pública no es tampoco garantizaba que nohabrá comportamientos abusivos e irregulares. Las administraciones, y los ayuntamientos al frente, tienen que superar inercias y dejadeces a la hora de supervisar la calidad, la eficiencia y la pulcritud en la prestación de los servicios públicos, sean objeto de concesión o de concurso. Se presten en régimen de monopolio natural o de concurrencia reglamentada. Seencarguen empresas públicas, mixtas o privadas. Y hay que revisar las normativas y los procedimientos para la contratación de servicios, y de obras públicas, en que la imprescindible eficiencia económica no genere efectos perversos en términos de calidad, solvencia técnica y financiera y comportamientos legalmente o éticamente reprobables.
Primero estuvo en Badalona, donde el nuevo equipo municipal denunció este tipo de prácticas por parte de la empresa concesionaria con el objetivo de emitir facturas más elevadas por el triatge. Entonces salió enseguida el anterior alcalde para descalificar una vez más los "radicales" que gobiernan el Ayuntamiento. Ahora, ha sido el Ayuntamiento de Barcelona quién ha denunciado engaños similares, no muy sofisticados, dicen, pero que han necesitado casi dos años de mandato para descubrirlos. Y en los dos casos, con la misma empresa concesionaria, FCC, uno de los cinco miembros del IBEX 35 con sede en Barcelona, a pesar de que controlada desde Madrid de hace años.
De momento no sabemos si el gobierno Coláis será tan estricto con FCC cómo con las empresas encargadas del túnel de Las Glorias. A pesar de que la cantidad indebidamente facturada no parece relativamente muy elevada, ahora ya no se trataría de desviaciones presupuestarias cómo en el caso de las obras públicas, que siempre tienen un punto de subjetividad, sino de prácticas directamente fraudulentas. Unas prácticas que, además, implican un grave escándalo social cuando las administraciones afanan porque los ciudadanos actúen responsablemente con sus residuos.
Sabíamos de los graves problemas que generan los comportamientos mafiosos en la limpieza y en la gestión de los residuos en países tan próximos como Italia, desde Venecia en Nápoles, desde Roma en Sicilia. Sabíamos como sectores emergentes en casa nuestra, como los gestores de los envases, presionan para evitar la implantación de los envases retornables, como hacen en Alemania y a otros países centroeuropeos, porque los cuestionaría el negocio. Pero estos fraudes detectados en Badalona y en Barcelona resultan una lamentable constatación, que podrían ser sólo la punta de un iceberg de comportamientos irregulares. En cualquier caso, la situación es bastante inquietante para obligar todos los ayuntamientos a revisar los protocolos de seguimiento de estos servicios y a extremar las tareas de control.
El sector de los suministros y servicios públicos es cada vez más importante a nuestras sociedades urbanas y desarrolladas. Cómo hemos visto estos días con el célebre caso del Canal de Isabel II en Madrid, el hecho que los gestione una empresa pública no es tampoco garantizaba que nohabrá comportamientos abusivos e irregulares. Las administraciones, y los ayuntamientos al frente, tienen que superar inercias y dejadeces a la hora de supervisar la calidad, la eficiencia y la pulcritud en la prestación de los servicios públicos, sean objeto de concesión o de concurso. Se presten en régimen de monopolio natural o de concurrencia reglamentada. Seencarguen empresas públicas, mixtas o privadas. Y hay que revisar las normativas y los procedimientos para la contratación de servicios, y de obras públicas, en que la imprescindible eficiencia económica no genere efectos perversos en términos de calidad, solvencia técnica y financiera y comportamientos legalmente o éticamente reprobables.