Primero de Mayo de lucha contra la pobreza laboral y social
02
de Mayo
de
2016
El 1 de mayo ha emplazado de nuevo a los trabajadores y trabajadoras a salir a la calle a denunciar injusticias y reclamar mejoras. Puede parecer que es retórica -la queja por la queja- o liturgia -toca porque toca-. Pero la realidad es que las condiciones con que hoy se trabaja y se vive en nuestro país han empeorado, y fuerza, en los últimos años. La pobreza y la desigualdad son reales y no son producto de un castigo divino.
Son el fruto premeditado de unas políticas económicas y sociales orientadas a desmontar un modelo social donde los derechos y las prestaciones de los servicios del Estado del Bienestar permitían unos equilibrios sociales en los cuales la igualdad de oportunidades, la protección social y el trabajo digno y con derechos dotaba la sociedad de la cohesión social necesaria.
Tenemos motivos de sobra para salir a la calle: para reivindicar trabajo digno y derechos para todo el mundo; para rechazar el enriquecimiento ilícito de una minoría mientras aumentan la pobreza y las desigualdades; para expresar la solidaridad con todas las personas que huyen de las guerras y de la hambre y denunciar las políticas de la Unión Europea (UE) ante el drama de los refugiados; para apoyar a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas en conflicto; para llamar que huelga no es delito y reclamar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y la retirada de la "Ley mordaza", que amenaza los derechos y las libertades, y la calidad democrática de nuestro país; para mostrar el apoyo a todas las persones sindicalistas y activistas de todas partes que sufren agresiones y asesinatos; y para condenar de nuevo los asesinados machistas y reclamar un pacto de Estado contra la violencia machista.
El crecimiento económico no llega a la gente. Hace tiempo la recesión ha quedado atrás, las variables macroeconómicas muestran índices y tendencias positivas del PIB y de las ganancias empresariales, pero el paro sigue con cifras de escándalo, la pobreza crece y la desigualdad se instala. Las reformas laborales han devaluado las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, con una ocupación mayoritariamente precaria y con bajos salarios. El paro se convierte en crónico y muchas de las personas en paro (72%) ya no reciben ninguna prestación ni subsidio. La pobreza afecta ya al 26% de la población de Cataluña. La situación de las mujeres en el mundo laboral ha retrocedido. Los servicios públicos están al límite. Estas políticas de austeridad que continúan dominante la Unión Europea empeoran los derechos de las personas más vulnerables, agravan las desigualdades entre países norteños y del Sur y entre la población rica y la pobre.
Es injusto este panorama de pobreza y precariedad laboral y social y desigualdad. Pero es también temerario mantener unas políticas que amenazan la misma recuperación económica. Esta es débil e incierta, se ha aprovechado de variables exógenas como el precio del petróleo, el tipo de cambio o la demanda de los países emergentes, pero no dispone de unas bases materiales que doten la estructura económica de la solidez para cambiar el patrón de crecimiento previo a la crisis. Necesitamos estímulos salariales y de garantías de protección social; de una fuerte inversión y de mayor gasto público, que permitan sentar la demanda interna, que todavía es el principal componente del crecimiento del PIB; promover la creación de ocupación y dotarnos de una mejora de las calificaciones y del impulso a los procesos de innovación que modernicen el tejido empresarial, favorezcan el ahorro y la eficiencia energética y la apuesta tecnológica.
Lograr estos retos comporta un cambio de orientación de las políticas de los últimos años. Por eso hay que exigir a las fuerzas políticas compromisos con una acción de gobierno que: derogue las reformas laborales y las leyes antidemocráticas aprobadas; revierta los recortes de los servicios públicos; establezca un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) justo y una renta garantizada de ciudadanía; defina y dote de inversiones estratégicas orientadas a la creación de ocupación, la innovación y la sostenibilidad; una reforma fiscal integral y luchar contra el fraude y la corrupción. Si coincidimos que hoy hay pobreza laboral y social, que es injusto que se mantenga a pesar de que nos encontramos en uno en torno a crecimiento económico y que es el principal problema del país -tanto para las personas como para el mismo funcionamiento de la economía- convendremos que es urgente cambiar las políticas que lo han generado.
Pero en un mundo global los trabajadores tenemos que estar atentos con el que pasa en el mundo y ser solidarios con las situaciones de injusticia, carencia de derechos laborales y persecuciones sindicales que se viven. La carencia de derechos a cualquier lugar presiona a la baja las condiciones de trabajo y de vida aquí, del mismo modo que la afebliment de los derechos y las libertades aquí aleja dificulta el progreso social en otros lugares. Por eso reclamamos de nuevo el fin de las violaciones de derechos laborales, sindicales y civiles de todo el mundo y exigimos que cesen todas las guerras y actuaciones terroristas. Junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), reclamamos la retirada del TTIP (Tratado de libre comercio entre la UE y los EE.UU.) y la no-ratificación otros tratados que amenazan los derechos económicos, sociales y laborales de los trabajadores y las trabajadoras europeos. Exigimos la retirada del acuerdo ilegal e inmoral firmado entre la Unión Europea y Turquía, que atenta contra los derechos humanos básicos de las personas refugiadas y, a la vez, exigimos en el Gobierno del Estado que haga efectivo la acogida de todas las personas refugiadas a que se comprometió ante la UE.
Este 1 de mayo ha habido motivos de sobra para salir a la calle a reivindicar un futuro con trabajo y vida dignas y para ejercer la solidaridad. La lucha contra la pobreza laboral y social necesita la capacidad de movilización y de llenar las calles este 1 de mayo, de la consolidación de los espacios de negociación colectiva y diálogo social, donde situamos las propuestas para cambiar la situación, y de la fuerza de la organización de los trabajadores y trabajadoras en sindicatos que actúen en el ámbito de la empresa y la sociedad para luchar por la mejora de las condiciones de trabajo y de vida.
Son el fruto premeditado de unas políticas económicas y sociales orientadas a desmontar un modelo social donde los derechos y las prestaciones de los servicios del Estado del Bienestar permitían unos equilibrios sociales en los cuales la igualdad de oportunidades, la protección social y el trabajo digno y con derechos dotaba la sociedad de la cohesión social necesaria.
Tenemos motivos de sobra para salir a la calle: para reivindicar trabajo digno y derechos para todo el mundo; para rechazar el enriquecimiento ilícito de una minoría mientras aumentan la pobreza y las desigualdades; para expresar la solidaridad con todas las personas que huyen de las guerras y de la hambre y denunciar las políticas de la Unión Europea (UE) ante el drama de los refugiados; para apoyar a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas en conflicto; para llamar que huelga no es delito y reclamar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y la retirada de la "Ley mordaza", que amenaza los derechos y las libertades, y la calidad democrática de nuestro país; para mostrar el apoyo a todas las persones sindicalistas y activistas de todas partes que sufren agresiones y asesinatos; y para condenar de nuevo los asesinados machistas y reclamar un pacto de Estado contra la violencia machista.
El crecimiento económico no llega a la gente. Hace tiempo la recesión ha quedado atrás, las variables macroeconómicas muestran índices y tendencias positivas del PIB y de las ganancias empresariales, pero el paro sigue con cifras de escándalo, la pobreza crece y la desigualdad se instala. Las reformas laborales han devaluado las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, con una ocupación mayoritariamente precaria y con bajos salarios. El paro se convierte en crónico y muchas de las personas en paro (72%) ya no reciben ninguna prestación ni subsidio. La pobreza afecta ya al 26% de la población de Cataluña. La situación de las mujeres en el mundo laboral ha retrocedido. Los servicios públicos están al límite. Estas políticas de austeridad que continúan dominante la Unión Europea empeoran los derechos de las personas más vulnerables, agravan las desigualdades entre países norteños y del Sur y entre la población rica y la pobre.
Es injusto este panorama de pobreza y precariedad laboral y social y desigualdad. Pero es también temerario mantener unas políticas que amenazan la misma recuperación económica. Esta es débil e incierta, se ha aprovechado de variables exógenas como el precio del petróleo, el tipo de cambio o la demanda de los países emergentes, pero no dispone de unas bases materiales que doten la estructura económica de la solidez para cambiar el patrón de crecimiento previo a la crisis. Necesitamos estímulos salariales y de garantías de protección social; de una fuerte inversión y de mayor gasto público, que permitan sentar la demanda interna, que todavía es el principal componente del crecimiento del PIB; promover la creación de ocupación y dotarnos de una mejora de las calificaciones y del impulso a los procesos de innovación que modernicen el tejido empresarial, favorezcan el ahorro y la eficiencia energética y la apuesta tecnológica.
Lograr estos retos comporta un cambio de orientación de las políticas de los últimos años. Por eso hay que exigir a las fuerzas políticas compromisos con una acción de gobierno que: derogue las reformas laborales y las leyes antidemocráticas aprobadas; revierta los recortes de los servicios públicos; establezca un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) justo y una renta garantizada de ciudadanía; defina y dote de inversiones estratégicas orientadas a la creación de ocupación, la innovación y la sostenibilidad; una reforma fiscal integral y luchar contra el fraude y la corrupción. Si coincidimos que hoy hay pobreza laboral y social, que es injusto que se mantenga a pesar de que nos encontramos en uno en torno a crecimiento económico y que es el principal problema del país -tanto para las personas como para el mismo funcionamiento de la economía- convendremos que es urgente cambiar las políticas que lo han generado.
Pero en un mundo global los trabajadores tenemos que estar atentos con el que pasa en el mundo y ser solidarios con las situaciones de injusticia, carencia de derechos laborales y persecuciones sindicales que se viven. La carencia de derechos a cualquier lugar presiona a la baja las condiciones de trabajo y de vida aquí, del mismo modo que la afebliment de los derechos y las libertades aquí aleja dificulta el progreso social en otros lugares. Por eso reclamamos de nuevo el fin de las violaciones de derechos laborales, sindicales y civiles de todo el mundo y exigimos que cesen todas las guerras y actuaciones terroristas. Junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), reclamamos la retirada del TTIP (Tratado de libre comercio entre la UE y los EE.UU.) y la no-ratificación otros tratados que amenazan los derechos económicos, sociales y laborales de los trabajadores y las trabajadoras europeos. Exigimos la retirada del acuerdo ilegal e inmoral firmado entre la Unión Europea y Turquía, que atenta contra los derechos humanos básicos de las personas refugiadas y, a la vez, exigimos en el Gobierno del Estado que haga efectivo la acogida de todas las personas refugiadas a que se comprometió ante la UE.
Este 1 de mayo ha habido motivos de sobra para salir a la calle a reivindicar un futuro con trabajo y vida dignas y para ejercer la solidaridad. La lucha contra la pobreza laboral y social necesita la capacidad de movilización y de llenar las calles este 1 de mayo, de la consolidación de los espacios de negociación colectiva y diálogo social, donde situamos las propuestas para cambiar la situación, y de la fuerza de la organización de los trabajadores y trabajadoras en sindicatos que actúen en el ámbito de la empresa y la sociedad para luchar por la mejora de las condiciones de trabajo y de vida.