Privatizando la tierra del aire

Los aeropuertos del Estado, así como la gran mayoría del resto de aeropuertos europeos, han pasado de ser unos simples puertos por donde las personas y las mercancías accedían al transporte aéreo a convertirse en centros de negocios y turismo , especialmente en los casos en que se encuentran ligados en las grandes capitales europeas, como es el caso de Barcelona .

Desde que el gobierno británico abrió la puerta a la privatización de los aeropuertos hacia medios de los años 80 en el Reino Unido, tímidas iniciativas se han ido esparciendo por el continente, pero sin demasiado efecto. Hoy en día, más del 70% de los aeropuertos de la Unión Europea todavía se encuentran en manos públicas en su totalidad, hecho que ha propiciado que economistas de todo el mundo definieran este modelo como antiguo e ineficiente.

Esta crítica ha proliferado especialmente en los últimos años, en los que se ha evidenciado que el negocio de los aeropuertos va mucho más allá del transporte y, en este contexto, una estrategia basada en la iniciativa privada puede conducir a mejores resultados económicos, derivados de las sinergias entre los diferentes negocios ligados a la estructura de los aeropuertos y todo aquello que los rodea, desde complejos hoteleros, a centros comerciales, equipamientos para el mundo de los negocios, etc.

No hay que ser muy liberal para darse cuenta que, en este marco de pluralidad económica, el papel del sector público acontece difícil de justificar, porque no están en condiciones de ejercer un control agregado sobre todas estas actividades. Sin embargo, justo es decir que, si las condiciones del entorno acompañan, algunas iniciativas públicas pueden llevar a resultados francamente buenos, como en el caso de los aeropuertos holandeses, y algunas de privadas pueden llevar a resultados negativos (o inexistentes) cómo en el caso de los aeropuertos 'fantasma' de España.

En este contexto, mientras que en el Reino Unido el estado se gastó de la totalidad de los principales aeropuertos, vendiéndolos al sector privado, en el Estado español el gobierno central mantiene una cantidad que le permita la mayoría absoluta (un pelo por encima del 50% de las acciones), vendiendo el resto a entidades privadas.

Sobre los efectos que esto puede comportar sobre los usuarios habituales de los aeropuertos hay poco a decir. La privatización parcial de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), emprendida gestora de los aeropuertos estatales, da lugar a la entrada de inversores privados que previsiblemente querrán instaurar un modelo más competitivo, con el objetivo de reducir los costes e incrementar los beneficios en el corto y el medio plazo, pero estos intereses toparán en muchos casos con el planificador social, el Estado, que se reserva, con acciones suficientes, la potestad de ser el último decisor.

Se prevé una solución intermedia, donde una mejora marginal para el pasajero medio, derivada posiblemente de un aumento (limitado) de la competencia, es plausible, pero es ingenuo imaginar grandes cambios en el sector aeroportuario, derivado de la relativa inelasticitat de la demanda y las fuertes restricciones enlaoferta, actuando en gran parte como monopolio y los sesgos competitivos que esto compuerta.