Quién tiene que reducir el gasto?
15
de Abril
de
2016
La semana pasada, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, mandó una carta en los gobiernos de algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, donde los exigía que aprobaran un acuerdo de no disponibilidad de crédito para cumplir el objetivo de déficit que tienen asignado. Ante esta demanda, creo que es pertinente analizar como las diferentes administraciones públicas —administración central del Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales— han reducido su déficit en los últimos años.
Empezamos por la administración central del Estado. Cómo es sabido, el Estado recauda la mayor parte de los impuestos que pagan los ciudadanos. Esta circunstancia posibilita que pueda subir impuestos cuando necesita ingresos extraordinarios, y esto es precisamente el que hizo el Gobierno español durante los peores años de la crisis: entre el 2010 y el 2014, los sucesivos incrementos del IVA, el IRPF y los Impuestos Especiales permitieron al Sido recaudar más de 25.000 millones de euros adicionales a todo el territorio español, 5.000 millones de euros de los cuales, por cierto, los pagaron los ciudadanos catalanes. El año 2015, el Estado incluso se ha permitido el lujo de bajar los tipos del IRPF.
Los ingresos extra obtenidos por la vía impositiva no sólo propiciaron que la Sido enjugara sustancialmente su déficit, sino que le permitieron hacerlo sin tener que contraer su gasto. Es más, según datos de la Intervención General del Estado (IGAE), en este periodo el gasto global del Estado subió un 2,4%. En cuanto a la Seguridad Social, su gasto también creció —un 3,8%—, pero en este caso el incremento es lógico teniendo en cuenta la demanda más grande de prestaciones derivada de la crisis.
Veamos ahora el procedimiento seguido a las comunidades autónomas. A diferencia del que sucede con el Estado, las bases fiscales de las autonomías son muy reducidas, de forma que el margen para obtener nuevos ingresos subiendo impuestos es escaso. En el caso específico de Cataluña, el tributo de gestión directa que reporta más ingresos es el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pero su recaudación cayó hasta un 73% entre el 2007 y el 2013 por el impacto de la crisis sobre el sector inmobiliario.
Con una perspectiva de obtención de nuevos ingresos tan poco alentadora, qué alternativa tenían las comunidades para ajustar su déficit? Lógicamente, disminuir el gasto. Los datos de la IGAE muestran que, entre 2010 y 2014 el gasto del conjunto de las autonomías se redujo hasta un 14%. Y, en cuanto a las corporaciones locales, el ajuste llegó al 21,4%. Es importante poner de relieve que, de los 25.000 millones adicionales recaudados en este periodo, el Estado no cedió ni un euro a los Gobiernos autonómicos. Y también lo es recordar que, en 2014 el Estado transfirió a las comunidades 7.000 millones de euros menos de los que los correspondería por la recaudación tributaria real de aquel ejercicio —se recibirán dos años después, el 2016—, hecho que menguó todavía más sus recursos.
Esta tendencia se ha mantenido durante el ejercicio 2015, la liquidación del cual conocimos hace unos días. Según los datos de la IGAE, entre 2010 y 2015 el gasto de la Administración central del Estado y de la Seguridad Social subió un 5,4% y un 3,3% respectivamente, mientras que la de las comunidades cayó un 13,4%, y la de las corporaciones locales un 21,3%.
Por lo tanto, es justo reconocer que la reputación de administraciones "malbaratadores" que han arrastrado las comunidades autónomas en los últimos años es, como mínimo, exagerada. Ciertamente, el objetivo de déficit asignado al conjunto de autonomías se ha incomplert año tras año, pero la causa no ha sido un gasto desbocada, como a menudo se apunta, sino unos objetivos de déficit absolutamente irreales. No olvidamos que es gobierno del Estado, y no la Comisión Europea, quien reparte el objetivo de déficit global asignado en España entre las cuatro Administraciones públicas. El Gobierno reserva al Sido el grueso del déficit autorizado e impone a las autonomías un margen exigu, absurdo y arbitrario, que no tiene en cuenta la natura del gasto de la cual estas son responsables, es decir, los servicios de salud, enseñanza y bienestar.
Cataluña ha sido y estará comprometida con el objetivo de estabilidad fiscal. De hecho, el departamento de Economía y Hacienda trabaja en el diseño de un plan de eficiencia que busca racionalizar el gasto corriente de los departamentos y garantizar que los recursos disponiblesse destinen allá donde más se necesitan. Pero no se nos puede exigir que, después de un esfuerzo ingente como el que hemos realizado en los últimos años, ejecutamos nuevos recortes que sólo conseguirían empeorar las condiciones de vida de los ciudadanos y dificultar la recuperación económica. Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña por el 2016 no serán ni los que deseamos ni los que los ciudadanos catalanes merecen, pero el gasto social no sufrirá ningún ajuste más. Basta de estigmatizaciones injustas.
Empezamos por la administración central del Estado. Cómo es sabido, el Estado recauda la mayor parte de los impuestos que pagan los ciudadanos. Esta circunstancia posibilita que pueda subir impuestos cuando necesita ingresos extraordinarios, y esto es precisamente el que hizo el Gobierno español durante los peores años de la crisis: entre el 2010 y el 2014, los sucesivos incrementos del IVA, el IRPF y los Impuestos Especiales permitieron al Sido recaudar más de 25.000 millones de euros adicionales a todo el territorio español, 5.000 millones de euros de los cuales, por cierto, los pagaron los ciudadanos catalanes. El año 2015, el Estado incluso se ha permitido el lujo de bajar los tipos del IRPF.
Los ingresos extra obtenidos por la vía impositiva no sólo propiciaron que la Sido enjugara sustancialmente su déficit, sino que le permitieron hacerlo sin tener que contraer su gasto. Es más, según datos de la Intervención General del Estado (IGAE), en este periodo el gasto global del Estado subió un 2,4%. En cuanto a la Seguridad Social, su gasto también creció —un 3,8%—, pero en este caso el incremento es lógico teniendo en cuenta la demanda más grande de prestaciones derivada de la crisis.
Veamos ahora el procedimiento seguido a las comunidades autónomas. A diferencia del que sucede con el Estado, las bases fiscales de las autonomías son muy reducidas, de forma que el margen para obtener nuevos ingresos subiendo impuestos es escaso. En el caso específico de Cataluña, el tributo de gestión directa que reporta más ingresos es el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pero su recaudación cayó hasta un 73% entre el 2007 y el 2013 por el impacto de la crisis sobre el sector inmobiliario.
Con una perspectiva de obtención de nuevos ingresos tan poco alentadora, qué alternativa tenían las comunidades para ajustar su déficit? Lógicamente, disminuir el gasto. Los datos de la IGAE muestran que, entre 2010 y 2014 el gasto del conjunto de las autonomías se redujo hasta un 14%. Y, en cuanto a las corporaciones locales, el ajuste llegó al 21,4%. Es importante poner de relieve que, de los 25.000 millones adicionales recaudados en este periodo, el Estado no cedió ni un euro a los Gobiernos autonómicos. Y también lo es recordar que, en 2014 el Estado transfirió a las comunidades 7.000 millones de euros menos de los que los correspondería por la recaudación tributaria real de aquel ejercicio —se recibirán dos años después, el 2016—, hecho que menguó todavía más sus recursos.
Esta tendencia se ha mantenido durante el ejercicio 2015, la liquidación del cual conocimos hace unos días. Según los datos de la IGAE, entre 2010 y 2015 el gasto de la Administración central del Estado y de la Seguridad Social subió un 5,4% y un 3,3% respectivamente, mientras que la de las comunidades cayó un 13,4%, y la de las corporaciones locales un 21,3%.
Por lo tanto, es justo reconocer que la reputación de administraciones "malbaratadores" que han arrastrado las comunidades autónomas en los últimos años es, como mínimo, exagerada. Ciertamente, el objetivo de déficit asignado al conjunto de autonomías se ha incomplert año tras año, pero la causa no ha sido un gasto desbocada, como a menudo se apunta, sino unos objetivos de déficit absolutamente irreales. No olvidamos que es gobierno del Estado, y no la Comisión Europea, quien reparte el objetivo de déficit global asignado en España entre las cuatro Administraciones públicas. El Gobierno reserva al Sido el grueso del déficit autorizado e impone a las autonomías un margen exigu, absurdo y arbitrario, que no tiene en cuenta la natura del gasto de la cual estas son responsables, es decir, los servicios de salud, enseñanza y bienestar.
Cataluña ha sido y estará comprometida con el objetivo de estabilidad fiscal. De hecho, el departamento de Economía y Hacienda trabaja en el diseño de un plan de eficiencia que busca racionalizar el gasto corriente de los departamentos y garantizar que los recursos disponiblesse destinen allá donde más se necesitan. Pero no se nos puede exigir que, después de un esfuerzo ingente como el que hemos realizado en los últimos años, ejecutamos nuevos recortes que sólo conseguirían empeorar las condiciones de vida de los ciudadanos y dificultar la recuperación económica. Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña por el 2016 no serán ni los que deseamos ni los que los ciudadanos catalanes merecen, pero el gasto social no sufrirá ningún ajuste más. Basta de estigmatizaciones injustas.