Hace ya demasiados meses que empresas y particulares están sufriendo una subida exponencial de los precios de la energía que parece no tener freno a pesar de las quejas continuadas de muchos sectores de la sociedad, especialmente del tejido productivo. Y aquí no pasa nada, parece que quien día pasa, año empuja. Pero esto es un espejismo, la situación es grave y si entre todos no somos capaces de encontrar una solución a muy corto plazo, como ya hemos advertido reiteradamente desde esta casa, las consecuencias serán nefastas por muchas empresas (y nosotros incluimos las plantillas, no sólo los propietarios), por su clientela, para sus proveedores, con impacto negativo sobre el consumo que hacen sus trabajadores, sobre los impuestos que pagan unos y otros, sobre los ingresos y beneficios extraordinarios del sector eléctrico. Ya no se soporta más.
El pasado mes de junio el gobierno español junto con el portugués logró convencer a Bruselas de aplicar a sus mercados eléctricos la llamada excepción ibérica para limitar el efecto del precio del gas en la formación de los precios de la electricidad, chocando su cotización, es decir, interviniendo el mercado eléctrico de una situación totalmente impensable hasta ese momento. Tres meses después, las empresas no han notado la diferencia, es más, la compensación del precio de coste del gas que la mayoría están pagando en la factura les deja la sensación de que encima hay un cargo nuevo que encarece su gasto. Es cierto que la medida promovida por el gobierno español ha reducido entre un 10 y un 20% el coste que estas mismas empresas estarían pagando de no haberse aplicado, pero la realidad es que su problema no viene de ahí, el problema viene que muchas de estas empresas han visto multiplicada por cuatro o por más su gasto energético, y como se puede comprender, esto ya no se soporta más.
Bruselas acaba de acordar establecer unos ingresos máximos de 180€/MWh en las generadoras de energía eléctrica que utilizan tecnologías inframarginales (eólica, solar, biomasa, nuclear, etc.), si tenemos en cuenta el efecto insuficiente de la medida de chocar el precio del gas en el mercado ibérico de entre 40 a 70€/MWh y que el precio medio del mercado eléctrico español ha sido desde principios de año de 194€/MWh (recordemos que en 2020 el precio medio anual del mercado fue de 34,17€/MWh), ya nos podemos ir imaginando el efecto que esto puede tener a la hora de reducir el coste de las facturas de nuestras empresas: ¡ninguno! Está claro que esto es insostenible.
Es necesario promover cambios estructurales de los mercados energéticos porque están diseñados en los años noventa y ya no responden a las circunstancias actuales
La otra propuesta aprobada por la Unión Europea es un nuevo impuesto temporal sobre los beneficios de 2022 de las eléctricas con actividades fósiles como el petróleo, el gas, el carbón o la refinería y que superen en más de un 20% los beneficios medios de los tres años anteriores. La cuestión aquí será qué se va a hacer con estos ingresos extraordinarios conseguidos. Según el comunicado de prensa publicado por la Comisión Europea (CE), estos recursos se destinarán a los consumidores de energía, los hogares en situación de vulnerabilidad, las empresas en dificultades y las industrias intensivas en energía; también pueden financiar proyectos transfronterizos o utilizar parte de los ingresos para la financiación ordinaria de medidas de protección del empleo o de protección de las inversiones en energías renovables y eficiencia energética. En definitiva, no sabemos ni cuánto dinero, ni cuándo vendrá, ni quién lo recibirá o con qué criterio se repartirá. Perdone, pero eso ya no se soporta más.
A las anteriores iniciativas pactadas por la CE debe añadirse una última, la de obligar a los Estados miembros a reducir un 10% el consumo eléctrico, un 5% en horas punta. Esta última medida quizás sí que se acabe alcanzando, pero no por las medidas de eficiencia o de gestión de la demanda sino por la inevitable reducción de la actividad económica con la que nos acabaremos encontrando si no somos capaces de resolverlo. Por no hablar de cómo se podrá hacer efectivo el control de la aplicación de esta medida y bajo qué criterios técnicos se valorará esta reducción. Con el panorama que tenemos ¿quién le dirá a la dirección de una empresa, a quien se le genere un pico de pedidos que le obligará a aumentar el gasto de energía para dar respuesta, que no acepte los pedidos para ahorrar? Está claro que esto no se soporta más.
El incremento del precio del gas es el causante del incremento desmedido e insostenible de las facturas que empresarios y particulares ya no pueden pagar, por eso es necesaria una intervención directo
Las medidas, que serán formalmente adoptadas por procedimiento escrito esta misma semana, no entrarán en vigor hasta el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y su aplicación se extenderá del 1 de diciembre del presente ejercicio a 31 de diciembre de 2023, pero a nuestro entender, estas medidas no serán suficientes para que los consumidores europeos y en particular las empresas vuelvan a tener unos gastos energéticos que permitan a muchas de ellas sobrevivir a la crisis que están sufriendo. Es necesario promover cambios estructurales de los mercados energéticos porque están diseñados en los años noventa y ya no responden a las circunstancias actuales y a las futuras que comporta la transición energética y, dada la complejidad de estas decisiones, todos entendemos que deben decidirse sin prisa, pero sin pausa. El otro frente que también deberá abordarse algún día son las disfunciones de nuestro sistema eléctrico que hacen que nuestros costes, más allá del mercado de la energía, sean muy superiores a los que deberían ser y que hasta hace pocos meses eran la causa por la que los precios de la energía en España han estado históricamente en el podio de los más caros de Europa. No olvidemos que estos gastos del sistema representan un porcentaje muy importante del coste de la factura: peajes de acceso, déficit de tarifa que arrastramos desde hace más de veinte años, o un IVA al 21% cuando la media europea es del 10%; ah, y no olvidemos el sobrecoste de las empresas catalanas por estar por debajo de los 25KV, todo ello denunciado por la Cecot desde hace tiempo y que debería replantearse. ¿Debemos seguir escondiendo todos estos costes bajo la alfombra de la factura eléctrica? Me sabe mal repetirme, pero eso ya no se soporta más.
Lo que hay que hacer de todas formas, mientras se decide cómo deben ser los mercados de la energía o cómo regulamos nuestro propio sistema eléctrico, es coger el toro por los cuernos e intervenir el precio del gas que es el verdadero culpable de la crisis energética que estamos sufriendo aquí y ahora. El incremento del precio del gas es el causante del incremento desmedido e insostenible de las facturas que empresarios y particulares ya no pueden pagar, por eso es necesaria una intervención directa. Necesitamos que nuestros gobernantes estatales y europeos actúen de forma inmediata con medidas que tengan un efecto directo, casi inmediato y muy a corto plazo. Es necesario que todos los partidos políticos, las empresas del sector de la energía, especialmente las pocas que se llevan el 90% de este negocio, y también el resto de los agentes implicados, hagamos todo lo que esté en nuestras manos por detener y revertir la situación. ¡Porque eso ya no se soporta más!