A pesar de ser una temática en la cual son los agentes sociales quienes tienen que analizar y argumentar sus posturas, las cámaras de comercio no estamos exentas de dar nuestra opinión y más cuando el tejido empresarial nos interpela por nuestra característica de entidades cuya principal finalidad es la promoción de la actividad económica y a su vez ser órganos de consulta de la administración en aquellos aspectos con incidencia en su actividad.
En esta línea, y siguiendo el debate en el seno de la Comisión de Industria del Consell General de Cambres, manifestamos la conveniencia de una medida como la anunciada sea objeto de acuerdo entre los señalados agentes y a la vez se tenga en cuenta que en los incrementos de productividad a los cuales se tendría que aparejar una reducción de la jornada laboral, también juegan otros aspectos como la dotación de capital, aspecto complementario a tener en cuenta si se quiere analizar la productividad total de los factores, como bien bien señalaba el director de Estudios Económicos de la Cambra de Barcelona Sr. Joan Ramon Rovira en un artículo el pasado 8 de marzo. Por esta dualidad entendemos que la legislación tendría que contemplar, a la vez, cómo ayudar a una inversión de equipamientos necesaria para posibilitar una más alta productividad del factor trabajo. Las desgravaciones fiscales por reinversión pueden ser un vehículo de rápida efectividad.
Según el Eurostat la media de horas trabajadas en España es de 36,4 horas semanales
Poniendo sobre la mesa otros factores a considerar, hay que destacar la realidad que según el Eurostat son 36,4 horas semanales las que trabajó de media la fuerza laboral española, la baja productividad del factor trabajo en relación con la mayoría de los países de la unión, así como la necesidad de no coartar la libertad de aquellos trabajadores para los que la actividad laboral es un factor capital de integración y de realización personal, como bien apuntaba el presidente del Consejo General de Economistas Sr. Valentí Pich en un artículo reciente.
En nuestro mundo occidental en el cual nuestras empresas compiten, la generación de riqueza que toda sociedad necesita para un justo y posterior reparto, se basa primordialmente en la actividad empresarial, siendo unívoco el anterior sentido del vector y teniendo en cuenta que el 98% del tejido empresarial está conformado por pymes, las cuales mantienen el 70% de la ocupación y generan el 65% del PIB del Estado, una medida unilateral como la propuesta puede afectar a su competitividad, puesto que por tamaño les será difícil adaptar su operativa a la potencial nueva legislación y más en el marco de otros retos como el de la digitalización a los cuales tienen que hacer frente de manera imperiosa.
Lógicamente, aspectos como la necesaria reducción burocrática, el fomento de la I+D, la adecuación de estructuras, la FP, etc., forman parte de la ecuación, pero esto ya daría para otro artículo.