Como bien sabréis, el Consejo de Ministros del gobierno de España ha aprobado la propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas semanales impulsada por el ministerio de Trabajo y Economía Social. En Cecot, más allá de si es necesario reducir una, dos o más horas, nos preocupa cómo impactará esta medida en el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos.
Hay que partir de la base de que las organizaciones patronales no estamos en contra de la reducción de jornada per se, sino de la manera en que se está conduciendo esta modificación sustancial de la organización del trabajo y en el momento en que se está haciendo.
Primero de todo, cabe decir que esta es una injerencia del gobierno de España en el diálogo social entre empresas y trabajadores. Patronales y sindicatos han mostrado durante décadas su capacidad de ofrecer estabilidad económica y social gracias a la capacidad de llegar a acuerdos, convirtiéndose en una de las principales fuentes de paz social desde la transición democrática. De aquí que reclamemos que la propuesta vuelva a su entorno natural y que no se actúe por la puerta de atrás. Es por esto que estamos exigiendo a los grupos parlamentarios una enmienda a la totalidad.
A las organizaciones sindicales les puede parecer ahora una buena oportunidad alinearse con el ministerio de Trabajo, pero ¿qué pasará cuando cambie el color político y se abanderen políticas contrarias a sus propósitos? ¿Defenderán a ultranza entonces los fundamentos de la negociación colectiva? ¿Amenazarán entonces con huelgas cuando se sientan menospreciados? ¿Están mostrando un camino de difícil retorno? Nosotros estamos más por la creación de un marco que promueva políticas de creación de empleo y riqueza para mantener y mejorar el estado del bienestar y evitar realidades como la que sufrimos, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza, donde a menudo sobran las políticas partidistas y faltan políticas de Estado. Y es que el marco regulador del mercado de trabajo es, o debería ser, una cuestión de Estado.
"A las organizaciones sindicales les puede parecer ahora una buena oportunidad alinearse con el ministerio de Trabajo, pero ¿qué pasará cuando cambie el color político y se abanderen políticas contrarias a sus propósitos?"
Se calcula que la propuesta del ministerio de Trabajo incrementará el coste laboral de las pequeñas y medianas empresas entre un 6 y un 7%, que se sumaría al incremento acumulado del 18% desde el año 2019. Además, puede darse la contradicción de que, al incrementarse la masa salarial de la empresa, y, por tanto, disminuir su rentabilidad, algunas empresas se vuelvan inviables y tengan que despedir, o bien tengan que contratar nuevo personal para cubrir el trabajo pendiente. Todo ello, con las dificultades que esto supone, y que impidan mejoras salariales futuras para los trabajadores actuales.
Y esto nos agarra en un momento de pérdida de competitividad de la economía española, que vive una crisis de productividad respecto a sus competidores más inmediatos. Y no parece que España disponga de un plan concreto de aumento de la productividad de la economía que permita impulsar el incremento salarial. Para absorber este incremento, las futuras mesas de negociación de los convenios se verán más condicionadas a estabilizar los incrementos de los salarios por debajo de la inflación y, por tanto, perdiendo poder adquisitivo. Podríamos preguntar a los trabajadores con perspectiva de futuro: ¿qué preferirían, trabajar igual y no perder poder adquisitivo, o bien trabajar menos y perderlo por el efecto inflacionario?
A propósito de esto, la propuesta iniciará pronto el trámite parlamentario. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en un particular tira y afloja con la ministra Yolanda Díaz, sugirió que sería el momento de incluir “medidas compensatorias” para las pymes. Él, que ha de vivir en la macro y microeconomía, ya prevé el impacto que tendrá la medida. ¿Creerá, como muchos otros, que es una medida con tintes populistas y afán de personalismo para pasar a la historia?
"Podríamos preguntar a los trabajadores con perspectiva de futuro: ¿qué preferirían, trabajar igual y no perder poder adquisitivo, o bien trabajar menos y perderlo por el efecto inflacionario?"
Podríamos estar de acuerdo con el ministro Cuerpo en que se necesitarán medidas, pero ¿cuáles serían estas propuestas? ¿Cuáles son las políticas de estímulo económico que lo acompañarán? ¿Cuál es el plan de modernización y de mejora de la productividad de la economía española? Nos parece poco profesional no desplegar un diálogo estricto y serio sobre las propuestas de ambos ministerios para asegurar el buen funcionamiento de la economía y compensar los efectos de la medida.
¿Estarán dispuestos a desplegar medidas compensatorias a las pymes como bonificaciones a la seguridad social o exenciones fiscales? ¿Ampliarán la posibilidad de que el trabajador obtenga mayores ingresos a través de ampliar el número de horas extras posibles anualmente? ¿Ofrecerán cambios en la movilidad funcional dentro de la empresa y ampliarán la posibilidad de sustitución de trabajadores en el seno de la empresa en los supuestos de absentismo justificado? ¿Veremos finalmente un Pacto Nacional contra el Absentismo, que está totalmente desbordado? ¿Habrá incentivos, ayudas y programas de acompañamiento a la transformación digital, y a la implementación de la automatización, la robotización o la inteligencia artificial, entre otros?
Si queremos mejorar las condiciones de nuestros trabajadores y disponer de una economía más dinámica y sostenible, debemos centrar el debate en la reconversión de nuestro modelo económico hacia uno de más valor añadido que permita una mayor generación de riqueza, una mejora de su reparto y la creación de un mejor empleo.
Desde Cecot reclamamos sensatez, un diálogo serio y fundamentado, y que la organización del trabajo vuelva a su mesa natural, la mesa del diálogo social.
Porque reducir la jornada laboral, de esta manera, para las pymes: ¡así no!