La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de nuestra arquitectura institucional, ha cuestionado la capacidad de nuestras administraciones de responder de manera rápida y eficaz a los problemas para los que fueron diseñadas. Los llamados indicadores agregados de calidad institucional recogen medidas sobre múltiples aspectos como la previsibilidad de las políticas del gobierno, la eficiencia del sistema legislativo, la eficacia de la burocracia, la corrupción, la transparencia y la estabilidad política.
Según los datos Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial, se puede afirmar que España ha sufrido un importante descenso en su calidad institucional desde 2003: ha pasado de la octava a la 18 posición y es el país con el retroceso en calidad institucional más grande de Europa.
A este hecho, hay que añadir los resultados del estudio anual del Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de Göteborg, publicado en abril de 2021. Los resultados en cuanto a Catalunya son demoledores. En el ranking, Catalunya ocupa el lugar 137 de las 210 regiones europeas, con un valor muy por debajo de la media. Si limitamos el contraste a España, Catalunya obtiene el peor resultado de las 17 comunidades autónomas.
Toda política tiene que ser evaluada antes ('ex ante'), durante ('in itinere') y después ('ex post') de su introducción
Un elemento nuclear de la calidad institucional es la evaluación de políticas públicas, es decir, el establecimiento de mecanismos e instancias permanentes que se comprometen con la rendición de cuentas de los resultados de las acciones públicas y miden su impacto. ¿Cuánta gente tiene el problema? ¿Cuánta gente se prevé que lo tenga en el futuro? ¿La intervención pública mitigará el problema? ¿Conseguirá sus objetivos? ¿En qué magnitud? ¿Qué indicadores de medida se usarán? ¿Dispondremos de datos de calidad abiertos a grupos de investigación? ¿Cuáles son los principales beneficios, costes y riesgos de las medidas? ¿Existen políticas o soluciones alternativas que puedan tener resultados similares con un coste más bajo? Toda política pública tiene que ser evaluada antes (ex ante), durante (initinere ) y después (ex post) de su introducción.
A pesar de los adelantos en la evaluación de las políticas públicas en Catalunya –quiero destacar la creación reciente del Fons de Promoció per a l'Avaluació de Polítiques Públiques (PROAVA) impulsado por el Departament de la Vicepresidència y de Economia i Hisenda con el apoyo de Ivàlua–, el sistema catalán presenta todavía muchas carencias. La rendición de cuentas ante el Parlament y la Sindicatura de Comptes es muy limitado. La presentación de decretos ley por parte del Govern; de proposiciones de ley, mociones y resoluciones parlamentarias por parte de los partidos; así como de las ILP presentadas por la ciudadanía, no exigen hoy ninguna evaluación de impacto económico y social. Además, la administración catalana destaca por una escasa capacidad de gestionar, procesar y analizar datos.
Ni la rebaja lineal del 40% de los precios de las matrículas de los másteres universitarios (con potenciales efectos distributivos regresivos y con un altísimo coste de oportunidad), ni el proyecto de euroviñeta (menos eficiente que un sistema de peaje blando), ni el control de precios del alquiler (con previsibles efectos en la oferta futura disponible), ni el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno (la evidencia disponible por Vancouver y Londres demuestra que las pérdidas fueron superiores a las ganancias) ni la propuesta reciente de una Renta Básica Universal (que con una dotación presupuestaria de cuatro millones no podrá será ni básica ni universal) parten de una evaluación independiente, rigurosa y sistemática de las intervenciones y las alternativas disponibles.
El sistema catalán presenta todavía muchas carencias: la rendición de cuentas ante el Parlament y la Sindicatura de Comptes es muy limitado
No se hace todo mal. El Ayuntamiento de Barcelona encargó una evaluación independiente del proyecto piloto de la ayuda monetaria para zonas desfavorecidas de la ciudad (BMIncome) a Ivàlua y el Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB (IGOP), que demostró que la política tuvo un efecto positivo sobre la inseguridad financiera pero negativo sobre la cantidad y calidad del trabajo, ayudando a mejorar su diseño. Recientemente, la Generalitat encargó al Observatori d'Anàlisis i Avaluació de Polítiques Públiques de la UB, a través del fondo PROAVA, la evaluación de los subsidios a la compra de vehículos de bajas emisiones para los servicios de taxi. Después de que la evaluación demostrara que la medida no era coste-efectiva, la convocatoria de 2020 se canceló y la Direcció General de Qualitat Ambiental buscará intervenir en la mejora de la calidad del aire con otras políticas más eficientes.
Este tipo de experiencias, presentes de manera sistemática en las instituciones de países como Dinamarca, Reino Unido, Canadá o los Países Bajos, tendrían que impregnar toda la acción de nuestras instituciones, tanto por parte del ejecutivo como del legislativo. Es por eso que desde el Institut Ostrom y la Associació Catalunya Sense Límits, hemos puesto en marcha una campaña –mesurarperavançar.cat– para retar a nuestros políticos a incorporar estos principios en su acción diaria.
La exigencia hacia los poderes públicos y la demanda de saber qué se hace con el dinero del contribuyente obliga a las administraciones públicas a velar para que sus recursos sean utilizados de la mejor manera posible. La asignación de recursos públicos no puede basarse solo en la intuición. Hay que medir para avanzar.