Miedo de no cobrar las pensiones en un Estado catalán independiente?
09
de Septiembre
de
2016
El desconocimiento de muchos ciudadanos de Cataluña sobre la naturaleza de las pensiones y la lógica inquietud que generan el silencio y la desinformación partidista de los grandes medios de comunicación estatales entre el colectivo de pensionistas, obliga a precisar cuál es la realidad sobre una cuestión que afecta cerca de 1,7 millones de ciudadanos de Cataluña.
Cuando ciertos políticos y medios de comunicación interesados a difundir falsedades y mensajes catastrofistas, en una flagrante falta de respecto a los pensionistas, dicen que la independencia de Cataluña pondrá en peligro las pensiones, mienten deliberadamente: saben perfectamente que el Estado español está obligado a pagarlas mientras no reconozca Cataluña como estado independiente y haya un acuerdo pactado de secesión.
Desde el momento de la declaración de independencia de Cataluña y hasta que no se llegue a un pacto entre las dos partes sobre el reparto de activos y pasivos, la Seguridad Social española continuará siendo titular de las obligaciones de pago de las pensiones y quienes las pagará, puesto que la pensión es un derecho basado en un contrato —el ciudadano tiene el derecho a percibir la correspondiente pensión en la medida que cotiza durante los años estipulados— y tiene que ser pagada por quienes ha recibido el importe de las cotizaciones, independientemente de la nacionalidad y donde resida la persona que ha cotizado. Así lo prevén las directivas europeas en materia de pensiones y así lo reconoce la legislación española. Es jurídicamente inviable un boicot a los catalanes en materia de pensiones.
En el improbable caso que España no quisiera hacerse cargo del pago de las pensiones de los catalanes, esto supondría de facto un reconocimiento de independencia sin acuerdo, lo cual liberaría Cataluña de asumir ninguna obligación respecto del importe de la deuda española. Por eso, será de interés de España, y de los árbitros internacionales, negociar la separación con Cataluña, para garantizar el pago de los servicios a los ciudadanos, las pensiones a los jubilados y las deudas a sus acreedores.
En el Estado catalán, la legislación determinará que las empresas catalanas tendrán que hacer el ingreso de las cotizaciones a la tesorería de la Agencia Catalana de Protección Social, agencia que asumirá las funciones de la Seguridad Social actual y por la cual hemos visto como el pasado 26 de julio se iniciaron los trámites para su creación por parte del Parlamento de Cataluña, así, del mismo modo como pasa hoy en día, con nuestras propias cotizaciones, se abonarían las pensiones a nuestros pensionistas. Recordamos que las pensiones que se pagan cada mes no salen de una "hucha de pensiones" sino que el dinero de las cotizaciones que mensualmente ingresan las empresas se destinan a pagar las pensiones. Es un sistema mensual de entrada y salida de dinero.
Por último, hay que decir que el sistema de pensiones catalán, actualmente y por si mismo, es más sostenible que el español porque los sueldos en Cataluña están por encima de la media, por consiguiente, las cotizaciones a la Seguridad Social son superiores y porque la relación de cotitzants por cada pensionista (pagadores/perceptor) es superior a la media española debido al menor nivel de paro y a una tasa de actividad de la población catalana más elevada. Además, los puestos de trabajo que se crearían con la independencia y las nuevas cotizaciones fortalecerían el sistema de la seguridad social catalana.
Cuando ciertos políticos y medios de comunicación interesados a difundir falsedades y mensajes catastrofistas, en una flagrante falta de respecto a los pensionistas, dicen que la independencia de Cataluña pondrá en peligro las pensiones, mienten deliberadamente: saben perfectamente que el Estado español está obligado a pagarlas mientras no reconozca Cataluña como estado independiente y haya un acuerdo pactado de secesión.
Desde el momento de la declaración de independencia de Cataluña y hasta que no se llegue a un pacto entre las dos partes sobre el reparto de activos y pasivos, la Seguridad Social española continuará siendo titular de las obligaciones de pago de las pensiones y quienes las pagará, puesto que la pensión es un derecho basado en un contrato —el ciudadano tiene el derecho a percibir la correspondiente pensión en la medida que cotiza durante los años estipulados— y tiene que ser pagada por quienes ha recibido el importe de las cotizaciones, independientemente de la nacionalidad y donde resida la persona que ha cotizado. Así lo prevén las directivas europeas en materia de pensiones y así lo reconoce la legislación española. Es jurídicamente inviable un boicot a los catalanes en materia de pensiones.
En el improbable caso que España no quisiera hacerse cargo del pago de las pensiones de los catalanes, esto supondría de facto un reconocimiento de independencia sin acuerdo, lo cual liberaría Cataluña de asumir ninguna obligación respecto del importe de la deuda española. Por eso, será de interés de España, y de los árbitros internacionales, negociar la separación con Cataluña, para garantizar el pago de los servicios a los ciudadanos, las pensiones a los jubilados y las deudas a sus acreedores.
En el Estado catalán, la legislación determinará que las empresas catalanas tendrán que hacer el ingreso de las cotizaciones a la tesorería de la Agencia Catalana de Protección Social, agencia que asumirá las funciones de la Seguridad Social actual y por la cual hemos visto como el pasado 26 de julio se iniciaron los trámites para su creación por parte del Parlamento de Cataluña, así, del mismo modo como pasa hoy en día, con nuestras propias cotizaciones, se abonarían las pensiones a nuestros pensionistas. Recordamos que las pensiones que se pagan cada mes no salen de una "hucha de pensiones" sino que el dinero de las cotizaciones que mensualmente ingresan las empresas se destinan a pagar las pensiones. Es un sistema mensual de entrada y salida de dinero.
Por último, hay que decir que el sistema de pensiones catalán, actualmente y por si mismo, es más sostenible que el español porque los sueldos en Cataluña están por encima de la media, por consiguiente, las cotizaciones a la Seguridad Social son superiores y porque la relación de cotitzants por cada pensionista (pagadores/perceptor) es superior a la media española debido al menor nivel de paro y a una tasa de actividad de la población catalana más elevada. Además, los puestos de trabajo que se crearían con la independencia y las nuevas cotizaciones fortalecerían el sistema de la seguridad social catalana.