El traspaso de los aeropuertos catalanes, en especial del aeropuerto del Prat, a la Generalitat de Catalunya es una reivindicación histórica pero al mismo tiempo recurrente. De tan recurrente como es a menudo se obvian cuestiones capitales asociadas. Por ejemplo, se trata de un traspaso de la titularidad de los aeropuertos al Govern catalán sin más, teniendo en cuenta que la iniciativa privada ya participa en un 49% del total? Cómo se articularía en este nuevo escenario la participación de los privados a los aeropuertos catalanes? Estas son preguntas interesantes que habría que responder debidamente. Pero hay otras de más relevantes y que van más allá de la cesión de la misma infraestructura. Para citar sólo algunas, qué pasaría con la gestión del espacio aéreo catalán? En manos de quien recaería, del Gobierno español o del Govern catalán? Y la seguridad aérea, indispensable para el ejercicio de la actividad de transporte, no tendría que ser asumida también por la administración catalana? Y, a partir de aquí, podríamos seguir interrogándonos sobre otras cuestiones no menos relevantes, como por ejemplo los acuerdos bilaterales que mantiene vigentes el Estado español con un centenar de países de todas partes. De quien dependería finalmente su negociación, capital para la creación de nuevos enlaces aéreos?
"En caso de traspaso de los aeropuertos catalanes, qué pasaría con la gestión del espacio aéreo catalán? En manos de quien recaería, del Gobierno español o del Gobierno catalán? Y la seguridad aérea?"
De lo expuesto anteriormente, ya se deduce que no se trata de un simple traspaso de un conjunto de infraestructuras aeroportuarias, la cosa es mucho más compleja y hay que ser consciente. Hace falta que el Gobierno catalán sea consciente. De hecho, se trata de la construcción, casi desde cero, de una administración aeroportuaria catalana. Y esto quiere decir, nada más y nada menos, asumir competencias ejercidas hasta ahora por el Gobierno español. Cuestión, por cierto, que sólo será posible llevar a cabo de forma concertada con el Estado y en buena sintonía con las autoridades europeas de la materia, como Eurocontrol o la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Atrás quedan, pues, las aspiraciones, legítimas pero inconsistentes, de apropiarse de los aeropuertos catalanes y empezar a gestionarlos el día siguiente como si nada hubiera cambiado. Siento desilusionar los más optimistas, pero esto no será así.
Es necesario un ejercicio de realismo alrededor de cuestiones capitales que ya han sido citadas: la gestión del espacio aéreo y el garante de la seguridad sobresalen con fuerza por encima de otras. Al respeto, sólo con un traspaso ordenado y de mutuo acuerdo entre ambos Gobiernos de las competencias será posible el ejercicio de la actividad aérea en el Principat. De lo contrario las mismas instituciones europeas, en un ejercicio de responsabilidad obvio, vetarían cualquier operación aérea en el espacio aéreo catalán. Pero con el traspaso de las competencias en materia de navegación y seguridad aéreas no habría bastante, habría que poner en funcionamiento una agencia catalana de navegación y seguridad aéreas. Organismo, como es lógico, actualmente inexistente pero requisito indispensable para hacer posible la actividad aérea en cualquier Estado de la Unión Europea. Y aquí empezaría propiamente la construcción de la administración aeroportuaria catalana, que tendría que seguir con la creación de una dirección general de transporte aéreo en el seno del Govern y con un reforzamiento de la ya creada Autoridad Catalana de la Competencia, ente fundamental para dirimir las posibles situaciones de vulneración de las leyes de la competencia.
"Hace falta la construcción de la administración aeroportuaria catalana, que tendría que seguir con la creación de una dirección general de transporte aéreo en el seno del Govern"
Para más adelante, pero igualmente necesaria y en cumplimiento de la legislación europea, restaría poner sobre la mesa la creación de una autoridad independiente de asignación de las franjas horarias, también conocidas como slots, de la cual dependerían los aeropuertos comerciales catalanes. Como se puede ver, el bastimento de esta nueva administración aeroportuaria catalana es de una complejidad y un coste, económico y en recursos humanos, muy relevante pero su creación es esencial si se pretende llevar a cabo el salto hacia la madurez aeroportuaria. De todo, pero, se desprende una conclusión que no podemos obviar, y es que aquello que tantas veces hemos oído decir sobre el traspaso de los aeropuertos catalanes es sólo una parte del proceso, una parte importante ciertamente, pero que necesita la creación de una administración aeroportuaria catalana para ser posible.