Según datos recientes, publicadas por la Generalitat intervenida en virtud del artículo 155, el déficit fiscal de Cataluña logró su segundo máximo histórico en 2014. La diferencia entre las aportaciones de Cataluña en el Estado y los gastos e inversiones públicas de la Sido destinadas en Cataluña fue negativa en 16.570 millones de euros, el 8,4% del PIB. Esto equivale a 2.200 euros por ciudadano o, considerando una familia mediana con dos hijos, 8.800 euros anuales. Un importe que podría servir, por ejemplo, para pagar con creces la matrícula universitaria de los hijos y disfrutar de 15 días de vacaciones pagadas.
Sólo en 2008 fue más alto el déficit fiscal, llegando a 17.200 millones de euros. Este es el cálculo efectuado con el criterio del flujo monetario, que calcula como gastos en una comunidad sólo las que se hacen en su territorio. Una segunda metodología de cálculo, que tiene en cuenta como gastos realizados en Cataluña las efectuadas en otros territorios del Estado y de las que teóricamente nos beneficiamos los catalanes -llamada carga-beneficio- reduce este saldo negativo a 11.590 millones, el equivalente al 5,9% del PIB catalán. También en este caso el déficit fiscal logró cifras sólo superadas por el ejercicio de 2008.
Resumiendo, Cataluña, que supone el 16% de la población de España, aporta a la caja estatal más del 19% de los ingresos públicos y recibe sólo el 13%. Por cada euro recaudado en Cataluña, 45 céntimos se gastan fuera de este territorio. La administración central gestiona el 52% del gasto -concentrándose en la administración de la Seguridad Social (pensiones y seguro de paro)-, las autonomías, el 42% y los gobiernos locales, el 6% restante. En otros países, la administración local tiene un peso más relevante.
La contribución perpetua a la llamada "solidaridad interterritorial" elimina de raíz cualquier incentivo a modernizar las autonomías más pobres
Las comunidades autónomas asumen la mayor parte de las competencias en enseñanza, sanidad y servicios sociales, los servicios básicos del Estado del bienestar, pero no disponen de autonomía para financiarlas. Un grave problema, por lo tanto, del Estado del bienestar en España es que el gasto está muy descentralizado a las comunidades autónomas, que asumen la mayor parte de las competencias. La recaudación impositiva, pero, está fuertemente centralizada en el gobierno central. Los impuestos más importantes cedidos a las autonomías son sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, patrimonio y bebidas azucaradas. Los grandes impuestos (Renta, IVA y Sociedades), pero, están controlados por el gobierno central. Por lo tanto, el actual sistema de financiación se basa en el perverso principio que el gobierno central recauda y las autonomías gastan. También la contribución perpetua a la llamada "solidaridad interterritorial" elimina de raíz cualquier incentivo a modernizar las autonomías más pobres, que acontecen crónicamente dependientes del Estado.
El Sistema de Financiación Autonómica ha ido evolucionado en base de parches, resulta complejo y poco transparente, provoca resultados injustos, no favorece la responsabilidad fiscal de las Comunidades y convendría reformarlo a fondo cuanto antes mejor. La distribución de los fondos denominados de Suficiencia y Convergència produce desigualdades en la financiación y altera la orden resultante de la capacidad fiscal de las Comunidades. Así, mientras que La Rioja o Cantabria consiguen una financiación por población ajustada un 20% superior a la media, Valencia está casi un 10% por debajo de la media. Cataluña, las Baleares y Madrid también están por debajo de la media.
Las haciendas forales disponen de una financiación por población ajustada que dobla la de las comunidades de régimen común
El sistema de financiación común, como es sabido, tiene las excepciones notables del País Vasco y Navarra, que mantienen un beneficioso concierto económico. Las haciendas provinciales de los vascos y navarros regulan todos los impuestos directos y gestionan la recaudación. Se quedan con el 100% de los ingresos tributarios, a pesar de que devuelven en el Estado español un "contingente" (País Vasco) o "aportación" (Navarra) que, en principio, tendría que reflejar el coste para el Estado de las competencias no transferidas (ejército, diplomacia ….). Al final, pero, el cálculo de este contingente o aportación está muy sesgado a la baja, y no incluye ninguna contribución en el mecanismo de nivelación de las Comunidades de régimen común. Como resultado, las haciendas forales disponen de una financiación por población ajustada (4.200 euros por persona) que dobla la de las comunidades de régimen común (2.100 euros) y se sitúa mucho por encima de Cataluña (1.900 euros). La calidad de los servicios públicos forales, como la sanidad y la educación, pero también servicios sociales y dependencia, lideran sistemáticamente todos los rankings estatales.
Además de estas desigualdades, las autonomías de régimen común se han visto sometidas a la bajada de recursos ocasionada por la crisis económica y a las duras medidas de estabilidad financiera establecidas por el gobierno central, con unos objetivos de déficit público que se han centrifugat hacia los gobiernos subcentrals. Las autonomías han hecho un esfuerzo porque este ajuste en el gasto perjudicara el mínimo posible el Estado del bienestar. Antes de la crisis dedicaban a enseñanza, sanidad y servicios sociales el 68% de su gasto, frente al 73% actual. Por lo tanto, han intentado que el ajuste recayera el máximo posible en otros gastos.
El presidente Rajoy ha prometido una reforma del sistema de financiación territorial antes de que acabe el año. Se muestra dispuesto a aplicarlo, a pesar del ejecutivo catalán no forme parte de la negociación. El máximo mandatario estatal ha manifestado que "no se puede pedir al resto de comunidades autónomas que no haya uno modelo de financiación porque un gobierno no quiera ir". Por su parte, también la vicepresidenta del gobierno central, Sáenz de Santamaría, ha anunciado reformas sustanciales en el sistema de financiación autonómica. Esto será después del 21D. Antes, pero, empezamos a asumir nuevos recortes en los servicios públicos, la intensificación del proceso recentralitzador del Estado y que nos habrá que reajustar la cuota de "solidaridad interterritorial".