"Cada municipio tiene sus normas sobre plazas de aparcamiento para personas con problemas de movilidad, hecho que es muy confuso y hace que el colectivo acumule multas de tráfico". Carlo Castellano decidió actuar ante esta situación que lo afecta personalmente, puesto que nació con un problema de movilidad en la cadera. Por eso creó Park4Dis, una appque tiene como objetivo ofrecer en sólo un clic la información necesaria para los usuarios de cada ciudad. Funciona como una especie de Google Maps, que muestra en un mapa dónde están las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida (PMR), si están libres u ocupadas y cómo llegar desde el punto de origen.
Castellano es informático y ya había emprendido anteriormente, siempre en el sector de las TIC. Ésta, sin embargo, es la primera vez que lo hace con un proyecto social. La empresa que fundó en abril se llama Solucionas de movilidad especiales y Park4Dis -que hace menos de un mes que está en funcionamiento- es la primera iniciativa, pero no la única. Entre el resto de proyectos destaca uno relacionado con el transporte público adaptado y el desarrollo de webs y aplicaciones accesibles. "Todos los que tenemos en mente son sociales", explica el fundador de la startup.
Park4Dis va más allá de un simple mapa: tiene un botón que permite llamar directamente a la policía local de cada municipio cuando el usuario se encuentra con una plaza ocupada por un vehículo que no cuenta con la tarjeta de aparcamiento de vehículos de personas con movilidad reducida. "Cada usuario tiene su perfil y puede aportar información o recomendaciones sobre el terreno, que hemos pensado como una manera de sensibilizar a las personas que no se ven afectadas directamente por este problema; cuanto más participes, más puntos y regalos puedes ganar", indica en fundador de Park4Dis.
Acceder a la información
De momento, la app sólo ofrece información completa de dos ciudades: Madrid y Palma, además de algunos datos de ocho municipios más. A pesar de que el objetivo es conseguir un resumen detallado de todas las poblaciones, Castellano asegura que se encuentran con muchas dificultades a la hora de acceder a la información. "Los únicos ayuntamientos que nos hemos encontrado muy abiertos a participar y nos han explicado dónde son las plazas, qué medidas tienen y qué normas específicas hay en aquel núcleo urbano son los de Palma y Madrid; y hay muchos que no quieren colaborar de ninguna forma", dice.
"Los únicos ayuntamientos abiertos a participar que nos han explicado dónde son las plazas, qué medidas tienen y qué normas específicas hay en aquel núcleo urbano son los de Palma y Madrid; muchos no quieren colaborar"
Explica que hay otros que se han interesado en la iniciativa y han accedido a darle los datos que necesita, pero que "tardan mucho en hacerlo" como en los casos de Sant Cugat y Sitges. Castellano cree que el problema principal de las administraciones locales es ver a una empresa privada detrás del proyecto: "En el Estado español no existe la figura de empresa social".
Barcelona es una de las ciudades que se les resiste. La orden ministerial para trasponer la normativa europea es que se tiene que cumplir una ratio de una plaza PMR para cada 40 aparcamientos y Castellano afirma que desde el consistorio de la capital catalana "no nos dan la información porque saben que no tienen las suficientes". En el caso de Barcelona y otras poblaciones, una de las normas que provocan más multas al colectivo es la que hace referencia a las zonas de tráfico limitado. En algunas, "los coches que tienen la tarjeta de persona con movilidad reducida pueden acceder, pero tienen que registrar la matrícula, no es suficiente con la tarjeta", indica Castellano.
El fundador de Park4Dis considera que la ayuda de los consistorios es básica para su negocio, puesto que son quienes se ocupan de la gestión de los parkings para personas con movilidad reducida. La normativa que se aplica es de la Unión Europea y fecha de 1998, pero sólo establece las líneas generales: instaura la tarjeta de aparcamiento en los 28 países miembros y recomienda que se permita estacionar sus vehículos en lugares que no obstaculizan la circulación, como las zonas de carga y descarga. Aparte de esto, cada municipio detalla la regulación, hecho que dibuja un panorama "heterogéneo".
De momento, para empezar con la actividad, la aplicación permite que sean los propios usuarios quienes introduzcan la información de cada ciudad desde el terreno. "Tenemos voluntarios que nos ayudan a hacerlo, pero ir plaza PMR por plaza PMR es imposible", añade Castellano.
Un problema europeo
El propietario de la app asegura que la diversidad de normas no es un problema aislado del Estado español, sino que se repite en toda Europa. De hecho, la idea de emprender en este sentido vino de los viajes que ha hecho Castellano. El último, que lo llevó a Budapest, Bratislava y Viena, le sirvió para constatarlo. Según un estudio de viabilidad del proyecto que hizo Acció, la agencia para la competitividad de las empresas de la Generalitat, no hay ninguna otra iniciativa de estas características en la UE. Sin embargo, sí que se necesita en países como Alemania o los escandinavos. "Si realmente hay interés, revisaremos el ámbito de nuestro proyecto en enero y nos plantearemos salir al extranjero", dice Castellano.
El problema de la diferencia de normas entre ciudades se da en todo Europa y en enero Park4Dis revisará el ámbito del proyecto y se planteará salir al extranjero
Park4Dis de momento se ha financiado con una ayuda de 7.000 euros de la ONCE y fondos del fundador. La startup también ha participado en un programa de incubación de Barcelona Activa y, además de él, cuenta con otro socio y dos personas en plantilla a media jornada, que se ocupan de la programación y el diseño gráfico. De cara al futuro, contemplan hacer algún crowdfunding, a pesar de que "para ello necesitamos tener un mínimo de métricas y Ayuntamientos participantes; si no hay ninguna entidad que se implique, no podremos acceder".
En este sentido, han iniciado los trámites para entrar en la incubadora de la ONCE, hecho que Castellano considera que les abriría muchas puertas de cara a la administración pública. El objetivo de reducir las sanciones económicas por el desconocimiento de las normas queda a la espera de la reacción de los ayuntamientos.