La morosidad continúa en las primeras posiciones del ranking de preocupaciones de las empresas del Estado español y, aún así, los políticos se olvidaron durante la campaña para las elecciones del 10-N. Ya entonces, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) se lamentaba de su falta de concreción en este terreno a pesar del "empeoramiento de los plazos de pago". Muchas compañías se ven forzadas a pedir pagos por avanzado precisamente como medida de prevención contra los impagos y, según la empresa de gestión de crédito y cobro Intrum, Catalunya es el tercer territorio estatal que más los solicita, sólo por detrás de Madrid y de Galicia. La semana pasada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciaba que los Estados tenían que garantizar el cumplimiento de los plazos legales a la hora de abonar el importe de una factura, pero todavía queda mucho trabajo a hacer en este terreno.
Los datos reunidos por Intrum con el fin de elaborar el Informe Europeo de Pagos, que pone de relieve que las empresas españolas descartan una posible recesión en un futuro, demuestran que las compañías catalanas son las terceras de todo el Estado que están más a favor de aplicar esta medida para evitar los impagos. Con un 24% del total de los negocios de Catalunya que ya recorren a los pagos por avanzados, el territorio catalán sólo es superado por Madrid -con un 28%- y Galicia -con un 25%-. Castilla y León, el País Valencià y Castilla-La Mancha cierran el ranking con un pequeño porcentaje de empresas que trabajan así.
Esta decisión se suma a otras medidas de protección como, por ejemplo, la recuperación de deuda o las verificaciones de crédito, que han permitido que estos tres territorios hayan perdido menos de un 2% de sus ingresos anuales por deudas que nunca se llegan a cobrar.
Pero ningún territorio del Estado español llega al 30% de empresas que lo hacen y esto sitúa a España a la cola de los países de Europa que sí que proceden así. Con un 19% de negocios españoles que solicitan pagos por avanzado, y lejos de la media europea que es del 39%, las compañías estatales se distancian en un 46% de las que sí que lo hacen en Serbia, el país europeo que más lleva a la práctica este antídoto contra la morosidad. A Serbia la siguen Grecia y la República Checa, que ocupan las primeras posiciones de la tabla con un porcentaje superior al 60%.
A pesar de estar en la cola del ranking, las empresas españolas que toman medidas en este sentido han aumentado un 9% en 2019. ¿Prevención ante el incumplimiento de la normativa? Cada vez más. La directiva europea de lucha contra la morosidad recomienda que el plazo de pago para los negocios no supere los 60 días, mientras que fija en 30 jornadas los tempos para la administración pública.
El problema es que, a pesar de que el 40% de las empresas aseguran conocer la directiva europea, sólo el 5% aplica a sus clientes el recargo mínimo de 40 euros por pagar tarde. De hecho, mientras que el 41% de las compañías estarían de acuerdo en introducir nueva legislación que regule todo esto y el 11% prefiere que haya iniciativas voluntarias de corporaciones, el 38% de los encuestados no saben qué responder.
A la morosidad se añade la posibilidad de que la situación económica pueda afectar negativamente a los ingresos de las empresas, situación para la cual también se tienen que preparar y tomar más medidas. La preferida de las compañías es reducir los gastos con un 38% del total que lo está incorporando, seguida de ser más prudentes a la hora de asumir deudas con un 30%, el mismo porcentaje que asegura que no tiene previsto tomar precauciones, presumiblemente porque no se tiene que sufrir por el futuro económico.
Los agentes sociales y económicos ya hace meses que avisan de que, a pesar de que el crecimiento de la economía se ralentizará, no se tiene que sufrir porque no hay indicios que alerten sobre una posible recesión. Muchas empresas, sin embargo, toman medidas preventivas para evitar posibles efectos negativos. Pero lo que sí que está claro es que la morosidad continúa siendo un problema muy preocupante para las compañías porque, como dice el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, "pagar más tarde es matar a nuestras empresas".