El debate sobre la presión fiscal es uno de los más candentes en cualquier sido descentralizado. En el Estado español, la gestión de los impuestos está en el centro de la mayoría de conflictos territoriales. La cuestión es, sin embargo, ¿que se hará con la gestión de los tributos? La voluntad política y los objetivos económicos marcan cómo se opera en cuanto a la política fiscal, y, a ojos del think tank liberal Fundación para el Avance de la Libertad, la competitividad y la capacidad de atracción de empresas y capitales es uno de los factores más relevantes a la hora de analizar los sistemas impositivos de cada territorio.
Según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal publicado por la asociación, este 2021 Catalunya es el territorio menos competitivo del Estado en cuanto a su política fiscal. El país, según se puede leer en el informe publicado por el ente, tiene "el doble de impuestos autonómicos que el resto de comunidades autónomas", y cuenta con "graves deficiencias en cuanto a la estructura" de sus impuestos sobre Renta, Patrimonio y Sucesiones. Tanto es así que, según la Fundación, Catalunya es la única comunidad autónoma del Estado que suspende en la gestión de los impuestos, con una nota global del 4,63 sobre 10. Las valoraciones de la hacienda catalana son especialmente bajas en cuanto al IRPF, con un 3,27/10 según el baremo de la organización.
Fuente: Fundación para el Avance de la Libertad
El territorio con mejor valoración fiscal es, según la Fundación, Madrid. La región de la capital del Estado revalida la primera posición en competitividad impositiva con una valoración global de 7,19/10, y notas especialmente destacadas en el Impuesto sobre la Renta de los salarios medios-altos y altos y los impuestos sobre Patrimonio, Sucesiones y Transferencias de patrimonio. El resto de las primeras posiciones las ocupan las provincias vascas, analizadas por separado, con un 7,13 para Vizcaya, un 7,08 para Alaba y un 6,92 en el caso de Guipúzcoa; y Canarias, que se queda con la quinta posición con un 6,35 en nota global.
Al otra banda de la clasificación, acompañante Catalunya, se encuentra el País Valencià , con un 5,08, del que la entidad destaca que es el único territorio del final de la tabla que ha hecho reformas a su sistema impositivo – a pesar de que estas han bajado su competitividad según la metodología de la Fundación. También apenas por encima del aprobado se encuentran el Aragón, Asturias y Extremadura, todas ellas principalmente afectadas por la baja competitividad de su impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Impuestos autonómicos
Como destacaba el informe, Catalunya es el territorio con más impuestos propios con diferencia, con una quincena de tasas y tributos establecidos por la Generalitat más allá de los que se pagan directamente alEstado Español. Con gravámenes cómo el de protección civil, los cánones del agua, la incineración y deposición de residuos o los impuestos sobre vivienda, el país queda también último en aquellos impuestos que dependen exclusivamente de las competencias autonómicas.
Lejos de Catalunya, Asturias o Galicia cuentan con un total de seis impuestos propios, especialmente dedicados a la tasación de la actividad agrícola, así como a las afectaciones medioambientales de esta. Aragón, con cinco impuestos propios, o Múrcia, también con seis – llama la atención el Impuesto sobre Premios del Juego del Bingo del territorio murciano – también aparecen en los últimos lugares de una lista que no cuenta con las provincias vascas, por la ausencia de impuestos territoriales equiparables a los del resto delEstado .
Al otro lado del abanico autonómico se encuentran las Islas Canarias, que solo tienen un impuesto autonómico – un canon de derramamientos. Las dos Castelles, con solo dos impuestos por ninguno, todos ellos de carácter medioambiental, también reciben algunas de las mejores calificaciones en cuanto a competitividad exclusivamente autonómica entre los territorios analizados por la Fundación. Madrid, en este caso, queda relegado a una novena posición – con cuatro impuestos autonómicos de entre los cuales destacan el de instalación de máquinas en establecimientos de hostelería o el recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.