La Generalitat ha publicado hoy la lista negra de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). A través de la sede electrónica, ha detallado, con nombre y apellidos -y millones-, la relación de personas deudoras con la hacienda pública catalana a fecha 31 de diciembre de 2023. Se trata de todas aquellas deudas y sanciones tributarias que se refieren a tributos propios o cedidos, gestionados por la ATC, que tienen que ver con los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, y patrimonio; la tasa sobre el juego, y liquidaciones procedentes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en relación con el canon del agua.
Hay una cincuentena de contribuyentes que acumulan una deuda total de 83.814.994,69 euros
Playbadalona SA, la gran conocida
De la lista se desprende que hay una cincuentena de contribuyentes que acumulan una deuda total de 83.814.994,69 euros. Ni más ni menos. De esta cantidad, la empresa Playbadalona SA, antigua propietaria de un bingo en Badalona, debe 9,3 millones. Esta firma, una gran conocida en los anteriores listados de morosidad de la ATC, vuelve a encabezar el ránking publicado hoy, perteneciente al ejercicio de 2023, eso sí reduciendo la deuda de más de 10 millones del año anterior, un año en el que hubo nueve deudores menos.
La siguiente sociedad que acumula más deudas con la administración catalana, concretamente con la Agencia Catalana del Agua, es REC Madral Companyia d'Aigües SA, de Maçanet de la Selva. Con más de 7,9 millones de euros repite la posición de 2022, incrementando su deuda en 400.000 euros. En tercera posición, y completando el podio, Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües, seguiría muy de cerca la firma de Maçanet con 7,4 millones de euros.
Moramar SA, con una deuda de 3,3 millones; Recreativos Caballero SL, con 2,4 millones de euros; Agref SA, con más de 2 millones; o Ibupe Rehabilitació SA, con 1,7 millones, entre otros, serían algunos de los contribuyentes que acumulan una deuda mayor, y que, en buena parte, han incrementado la deuda total de 2023 respecto a 2022 en 10 millones.
Deudas millonarias entre particulares
Aun así, no son solo estas empresas las que más deuda acumulan: también destacan los particulares. Concretamente, Montserrat Unanue Navarro, que un año más continúa apareciendo en la lista con 3,2 millones; y las hermanas Ballbé Anglada, con más de 2 millones. Víctor Juan Fontfreda, con 2,4 millones de euros; Miquel dels Sants Anglada Puigcerver, con más de 1,6 millones; Joaquín Gil, con 1,5 millones; Natividad Casanovas Solanes, con casi 1,4 millones; o María Carmen Oliva Amorós, con 1,2 millones de euros, formarían parte de algunos de los 50 contribuyentes que la ATC ha publicado hoy.
La deuda total de 2022 era de 10 millones menos que la de 2023
El umbral de deudas pendientes: 600.000 euros
La Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal modificó la Ley general tributaria y rebajó de un millón a 600.000 euros el umbral del importe pendiente de pago y la obligación de aparecer en la lista de personas deudoras. Según la nueva legislación, también deben constar las personas que hayan sido declaradas responsables solidarias, es decir, las que comparten la obligación de hacerse cargo del pago de una deuda determinada.
Por este motivo, cuando la Generalitat detalla nombre, apellidos y millones, es porque la Orden ECO/212/2021, que regula los aspectos relativos a la publicación de la relación de deudores tributarios en la ATC, pide que esta lista negra incluya NIF, nombre y apellidos, en el caso de las personas físicas, y NIF y razón o denominación social, en el caso de las personas jurídicas, así como el importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago en ambos casos.
La publicación anual de la lista es una de las medidas incluidas en el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2023-2026
Asimismo, la publicación anual de la lista es una de las medidas incluidas en el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2023-2026, que ya aparecía en el anterior Plan 2019-2022. El objetivo de la iniciativa es promover la conciencia cívica y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a través de la publicidad activa de las conductas tributarias “socialmente más reprobables” desde un punto de vista cuantitativo.