Ovilla, Serós, Sossís, Talarn, Camarasa, Poble, Molinos, Sant Llorenç de Montgai, Gavet y Terradets. Son diez centraleshidroeléctricas situadas en el Pirineo de Lleida. Juntas producen el 20% la potencia eléctrica instalada en el Estado español. Las diez las explota la compañía Endesa fuera de plazo y al margen de la normativa. La Ley de Aguas de 2001 fijó que las concesiones para explotar las centrales caducaban al cabo de 75 años. En todas ellas, las autorizaciones fechan de antes del año 1943. En teoría, tendrían que volver al control estatal.
Con este escenario, ya se ha iniciado el debate político sobre qué tendría que pasar a partir de ahora con el modelo de gestión y sobre quien tendría que recaer la responsabilidad de revertir los beneficios en el territorio. Una proposición no de ley de ERC en el Congreso de los Diputados reclama que las centrales pasen a manso de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El diputado de ERC por Lleida, Xavier Eritja, recuerda que "la potencia de las centrales equivale a un reactor nuclear".
El embalse de Camarassa
Un 24% de la energía, fuera de la concesión
Más allá del debate político, el Observatorio de la Sostenibilidad ha publicado un informe donde advierte sobre una situación crítica. "El 24% de la producción eléctrica de origen hidráulico que se genera en Catalunya supera el límite de la concesión y tendría que estar bajo dominio público". El estudio propone que con el final de las concesiones se aproveche para reestructurar el sistema eléctrico español, que aporta un 20% de la energía que se genera.
Un informe del Observatorio de la Sostenibilidad advierte que a Endesa ya se le ha acabado el periodo de explotación de una decena de instalaciones leridanas, que producen una quinta parte de la energía generada al Estado español
El Observatorio reparte la responsabilidad a partes iguales entre la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con competencias sobre el río Segre (donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas) y la Generalitat, que también las tiene de política hidráulica. Mientras tanto, la entidad acusa Endesa de beneficiarse de una "negligencia política y administrativa". Actualmente, la compañía explota 47 instalaciones en Catalunya.
Cuál es el futuro de las eléctricas?
Ahora, la pelota se encuentra en el tejado del Gobierno español. La explotación de las centrales continúa siendo cosa de compañías como Endesa. Estas ya han recuperado y amortizando la inversión, con más de 75 años de asignación. "Las concesiones están rodeadas de una carencia de información y de opacidad". Con estas palabras el diputado de En común Podem por Lleida en el Congreso, Josep Vendrell, define el modelo de la actividad.
Vendrell denuncia que las eléctricas "disfrutan de unas condiciones ventajosas y generan una actividad que no permite un regreso al territorio". Por este motivo, reivindica una gestión pública "porque a veces nos olvidamos que simplemente se trata de una concesión administrativa y que los pantanos y embalses forman parte del patrimonio colectivo". Vendrell anuncia que, "ante el silencio y la inacción del Gobierno español, volveremos a plantear esta cuestión en la próxima legislatura".
Municipios piden compensaciones
Ante esta realidad, los municipios leridanos que disponen de centrales hidroeléctricas se han unido para que a partir del año 2023, la gestión vuelva al ámbito público. Aparte de este regreso, la plataforma constituida bajo el nombre de Femembalses (Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses), quiere compensaciones "por el impacto de estas infraestructuras". La entidad remarca la necesidad de "velar para que las reversiones de las concesiones se hagan efectivas".
Los municipios leridanos se han unido en una plataforma para reclamar que la gestión de los recursos vuelva a manos públicas, recordando que los pantanos y embalses son "un patrimonio colectivo del cual se tendría que beneficiar el territorio"
Femebalses anuncia que vigilará las peticiones de prórrogas de las concesiones de las centrales hidroeléctricas. "Revisaremos las mejoras que proponen y si la inversión justifica alargar el periodo de explotación". Además, tienen en el punto de mira los ejemplos de la vecina Huesca. Allí, el Estado asumió la gestión de la central de Pueyo de Jaca en 2013, pero agotó los plazos para decidir el futuro de Lafortunada, donde la concesión se agotaba hace 12 años.
En el caso de Pueyo, CHE explota desde entonces la instalación. A la vez, los ayuntamientos de la zona reciben una cantidad fija de la producción eléctrica a precio de coste. Este modelo es el que quieren seguir las centrales hidroeléctricas catalanas porque la riqueza que genera la infraestructura de un territorio se quede en el mismo lugar donde se ha creado.