La Generalitat, a través del departamento de Empresa y Trabajo, ha propuesto una sanción de 2,1 millones de euros a IQOXE. El expediente se inició durante el mes de enero del año 2020, después de una explosión en las instalaciones de la empresa en La Canonja (Tarragona). Dos personas murieron en la planta y una tercera en su casa al recibir el impacto de una pieza proyectada por la onda expansiva. La administración interpreta que IQOXE modificó la receta de fabricación de un producto, "sin respetar las instrucciones del fabricante y sin efectuar ninguna prueba ni ensayo previo".
En el mismo sentido, el comunicado de la Generalitat también apunta como la empresa "silenció las alarmas sonoras del sistema de seguridad en la sala de control" y, a la vez, tampoco "proporcionó formación específica de su puesto de trabajo a los trabajadores". El asunto está judicializado en fase de instrucción. Ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, la fiscalía y los abogados de las partes implicadas, los responsables de IQOXE defendieron que no prevalecieron los beneficios por encima de la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones.
La empresa defiende que ya se han abonado el 95% de las indemnizaciones previstas. Por su parte, familiares de las víctimas y dirigentes de asociaciones vecinales que rodean el entorno de la central exigen que las investigaciones "conduzcan a la justicia". Desde la explosión, los sindicatos han presentado un total de 21 denuncias contra IQOXE a los organismos de inspección de trabajo. Unas reclamaciones, según el colectivo de defensa de los trabajadores, vinculadas con casos de presunta persecución sindical y vulneraciones del derecho a huelga.