Las circunstancias más difíciles, acompañadas de desorientación e indignación, han hecho que el viejo sueño de la gran patronal leridana se escenificara en pocas horas. En una semana 'horripilIs' para los empresarios, marcada por la confusión sobre el confinamiento de la comarca del Segrià, la marcha atrás dictada por la jueza de guardia, y el decreto ley que establecía el cierre con limitaciones, el tejido empresarial se ha unido y ha presentado un manifiesto para reivindicar su reputación, su espacio, pero sobre todo para pedir medidas urgentes ante la fragilidad con la cual encaran el futuro.
Antes del anuncio del confinamiento el pasado sábado 11 de julio, la patronal Pimec ya había alertado que la decisión ponía en peligro más de 800 puestos de trabajos de empresas y comercios, que han podido mantener sus plantillas después del Estado de alarma. Así lo hicieron un 56% de las firmas. La amenaza, que ha entrado en vigor definitivamente este miércoles a mediodía, saca a la luz la posibilidad de cierre por un 40% de los negocios. "Hemos vivido un caos legal y judicial, en el cual los comerciantes no sabíamos si podíamos abrir o no el miércoles, mientras un 40% teme que no levantarán más la persiana". Este es el resumen de Manel Llaràs, presidente de Pimec Comercio en Lleida. Las palabras sirven para explicar la rapidez con la que los empresarios presentaron un día después el Manifiesto de patronales y organizaciones empresariales de la provincia de Lleida ante la crisis del Covid-19.
Eliminar el confinamiento y cerrar sólo las áreas donde se hayan registrado brotes. Este es el planteamiento del manifiesto que han dado a conocer en la sede de la Cámara de comercio de Lleida el jueves. Además de esta entidad, se han adherido al escrito la Cámara de comercio de Tàrrega, la Federación de Hostelería de las Tierras de Lleida, la Federación del Metal, el Gremio de Talleres, el Gremio de Instaladores de Lleida, la Asociación Provincial de la Industria y Comercio de Transformados Metálicos y la Asociación Provincial de la Industria y Comercio de Maquinaria Agrícola y la Asociación de la Empresa Familiar de Lleida.
Gestión responsable del sector fructícola
En el manifiesto se piden una serie de medidas fiscales, como mantener los ERTE a causa de fuerza mayor, como los que se autorizaban durante el Estado de la alarma, el aplazamiento de las deudas, un plan de ayudas directas para el comercio y la restauración por el hundimiento de las ventas y la supresión de las cuotas de los autónomos.
El presidente de Pimec, Jaume Saltó, ha lamentado durante toda la semana el follón de las decisiones políticas y judiciales. "La confusión y la inseguridad jurídica no nos ha permitido aclarar como se podrán asumir los costes de estas decisiones". El doble desembarco en una semana de los representantes de la Generalitat parece que no ha servido para calmar las aguas. De hecho, entre la sociedad civil leridana hace tiempo que circula una expresión que considera a la demarcación como "la Cenicienta de Catalunya". Este pensamiento tiene su traslación en el manifiesto, donde se pide "defender el sector empresarial, especialmente el fructícola, que está haciendo una gestión responsable de la situación". En el punto cuatro se reclama que "se tenga en cuenta al mundo empresarial en la toma de decisiones que tengan una afectación directa a las empresas leridanas".
Saltó (Pimec): "La confusión y la inseguridad jurídica no nos ha permitido aclarar cómo se podrán asumir los costes de estas decisiones"
Unas decisiones, que según la Fecom, la Federación de Comercio, están provocando pérdidas de entre seis y ocho millones de euros semanales desde el inicio de la limitación de movimientos en la comarca del Segrià. Su presidenta, Maria Rosa Armengol, asegura que "las ayudas de cuatro millones de euros anunciados por la Generalitat son insuficientes por los perjuicios que estamos sufriendo". Todavía va más allá Estanis Grau, presidente de la Femel, la patronal de metal, otra de las patronales que ha apoyado al manifiesto.
Grau acusa la Administración de no haber estado a la altura y ampararse en el criterio de los técnicos. "El Gobierno catalán tiene que cambiar los helicópteros y los hospitales hinchables por más personal sanitario y rastreadores", ha espetado. En una línea similar, el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Lleida, Marc Cerón, reclama que "la gestión de la crisis se haga desde el territorio y no desde los despachos de Barcelona". Como medidas a medio plazo, la entidad plantea mejoras de los equipamientos sanitarios, inversiones en infraestructuras y ayudas para atraer la implantación de nuevas empresas al territorio.
Esta unión patronal, nacida de la pesadilla de la crisis del coronavirus, podría convertirse en el primer paso de un 'lobby' para desencallar algunos de los déficits históricos de la economía leridana: la fuga de empresas hacia la Franja de Ponent, la mejora de las comunicaciones y acciones para evitar el despoblamiento rural. Todos los esfuerzos se orientan hacia resucitar la marca 'Lleida', ahora más malograda que nunca.