El concepto de economía colaborativa ya hace varios años que es habitual, pero todavía no hay un consenso absoluto sobre su definición exacta. Cómo se comparten los bienes, las transacciones económicas o incluso el propósito final de las diversas plataformas que reivindican esta condición genera muchas controversias. El Instituto de Innovación Social de Esade ha publicado un estudio para abordarlas, Nosotros compartimos. ¿Quién hambre?, elaborado por Heloise Buckland, Esther Vale y David Murillo.
Una economía horizontal?
"Hace cinco años vivimos el auge de la economía colaborativa, que vendía del consumo colaborativo de los 90. Se identificaba con un carácter horizontal, democrático, participativo y que compartía recursos infrautilitzats", recuerda Buckland en una jornada en la escuela de negocios. Cinco años más tarde, pero, la investigadora evidencia que "no se trata tanto de compartir, sino que el que es tuyo lo utilizo para tener una empresa de 1.000 millones de dólares". Buckland hace referencia a los 17 unicornios que hacen bandera de esta nueva economía, "hecho que cuestiona la democratización de estos recursos infrautilitzats", evidencia.
Lucía Hernández, conector de Ouishare en Barcelona, coincide en parte con esta visión. "Ouishare se ha dedicado a promover la economía colaborativa desde el 2012, pero siempre haciéndolo de forma crítica", asegura. Por Ouishare, explica, esta se tiene que basar en "un modelo que genere impacto social positivo, no a cualquier precio". En este sentido, lamenta que "el 95% del revenue se lo está llevando el 1% de las plataformas"; mientras aprovecha para retirar la condición de economía colaborativa a plataformas como Uber.
"Pensábamos que habría más horizontalidad, pero no ha sido así", reconoce Hernández. La integrante de Ouishare en Barcelona enumera varios puntos de controversia, como la gestión de la propiedad, el margen de beneficio de las plataformas y el efecto que tiene sobre su actividad la entrada de capital riesgo que espera amplios regresos a corto plazo.
Por todo ello, Hernández asegura que "la economía colaborativa vive su pubertad ahora mismo, es un momento importante de presa de conciencia para ver hacia donde la queremos dirigir". En esta línea, reclama políticas públicas que favorezcan el impacto social de estas plataformas, así como redefinir el ciudadano "como productor de valor que puede obtener ingresos de varias vías. Este ciudadano requiere nuevas formas de asociacionismo que defiendan sus derechos dentro de las plataformas".
La dificultad de regular
Buckland apunta diversas de las controversias que genera actualmente la economía colaborativa, que afectan temas regulatorios, laborales o de medio ambiente. "A cada sector (transporte, finanzas, alojamiento, etc.) hay una sola empresa que domina más del 50% del mercado", expone. Además, recuerda que en estas plataformas "se ha invertido más del doble que a Facebook y el resto de medios sociales. Y estas empresas hacen el dinero con activos que no son suyos. Ni Uber tiene coches ni Airbnb tiene habitaciones".
Sobre la regulación, Buckland pone de ejemplo la misma Airbnb, que ya trabaja de la mano con 190 ayuntamientos de todo el mundo para recaudar impuestos. Ninguno de estas ciudades es, todavía, Barcelona, donde la compañía tiene abierto un expediente sancionador. "Es decepcionante como el Ayuntamiento de Barcelona sigue promoviendo una regulación arcaica que protege las empresas tradicionales y no deja espacio a los particulares", apunta Luis Morcillo, consejero jurídico senior de Airbnb; y recuerda que ya han transferido 85 millones de dólares en concepto de impuestos en todas las ciudades donde han llegado a este acuerdo.
"El 2015 en Barcelona la media de ingresos por cada usuario que ha alquilado su piso desde Airbnb ha estado de 5.100 euros y 58 días de piso compartido", dice Morcillo. Unos ingresos fruto de los 900.000 huéspedes que utilizaron la plataforma para visitar la ciudad, y que según la compañía "permite a muchas familias llegar a final de mes". Además, insiste que el hecho de realizar todas las transacciones a través de cuentas bancarias "permite que haya traçabilitat por parte de Hacienda".
Las oportunidades laborales
En este sentido coincide con Amaya Apesteguía, experta en consumo responsable y colaborativo de la OCU. "La economía colaborativa puede hacer emerger la sumergida. Las plataformas pueden hacer de intermediarias porque deje de serlo y las administraciones lo tendrían que ver así y tratarlas como aliadas", advierte.
Ahora bien, Apesteguía también alerta que la obsesión por la eficiencia puede comportar que "los consumidores nos llegamos a convertir en explotadores de nuestros conciudadanos. Sin protección social y responsabilidad compartida por la sociedad es una amenaza muy clara cuando hagamos subastas a la baja para contratar servicios en casa".
De hecho, no está claro que las oportunidades que ofrece la economía colaborativa generen más puestos de trabajo. "Sin activos hay menos necesidades y por lo tanto menos lugares de trabajo", evidencia Heloise Buckland. Recuerda que en Europa ya hay un 25% de autónomos y en los Estados Unidos un 33%, cifras que van a la alza. Aún así, asegura que la precariedad se acaba imponiendo por encima de la microemprenedoria. "La gente no ve la economía colaborativa como un trabajo a largo plazo porque no genera suficientes ingresos ni suficiente trabajo, además de las cuestiones legales poco claras", concluye.
Una economía horizontal?
"Hace cinco años vivimos el auge de la economía colaborativa, que vendía del consumo colaborativo de los 90. Se identificaba con un carácter horizontal, democrático, participativo y que compartía recursos infrautilitzats", recuerda Buckland en una jornada en la escuela de negocios. Cinco años más tarde, pero, la investigadora evidencia que "no se trata tanto de compartir, sino que el que es tuyo lo utilizo para tener una empresa de 1.000 millones de dólares". Buckland hace referencia a los 17 unicornios que hacen bandera de esta nueva economía, "hecho que cuestiona la democratización de estos recursos infrautilitzats", evidencia.
Lucía Hernández, conector de Ouishare en Barcelona, coincide en parte con esta visión. "Ouishare se ha dedicado a promover la economía colaborativa desde el 2012, pero siempre haciéndolo de forma crítica", asegura. Por Ouishare, explica, esta se tiene que basar en "un modelo que genere impacto social positivo, no a cualquier precio". En este sentido, lamenta que "el 95% del revenue se lo está llevando el 1% de las plataformas"; mientras aprovecha para retirar la condición de economía colaborativa a plataformas como Uber.
"Pensábamos que habría más horizontalidad, pero no ha sido así", reconoce Hernández. La integrante de Ouishare en Barcelona enumera varios puntos de controversia, como la gestión de la propiedad, el margen de beneficio de las plataformas y el efecto que tiene sobre su actividad la entrada de capital riesgo que espera amplios regresos a corto plazo.
Por todo ello, Hernández asegura que "la economía colaborativa vive su pubertad ahora mismo, es un momento importante de presa de conciencia para ver hacia donde la queremos dirigir". En esta línea, reclama políticas públicas que favorezcan el impacto social de estas plataformas, así como redefinir el ciudadano "como productor de valor que puede obtener ingresos de varias vías. Este ciudadano requiere nuevas formas de asociacionismo que defiendan sus derechos dentro de las plataformas".
La dificultad de regular
Buckland apunta diversas de las controversias que genera actualmente la economía colaborativa, que afectan temas regulatorios, laborales o de medio ambiente. "A cada sector (transporte, finanzas, alojamiento, etc.) hay una sola empresa que domina más del 50% del mercado", expone. Además, recuerda que en estas plataformas "se ha invertido más del doble que a Facebook y el resto de medios sociales. Y estas empresas hacen el dinero con activos que no son suyos. Ni Uber tiene coches ni Airbnb tiene habitaciones".
Sobre la regulación, Buckland pone de ejemplo la misma Airbnb, que ya trabaja de la mano con 190 ayuntamientos de todo el mundo para recaudar impuestos. Ninguno de estas ciudades es, todavía, Barcelona, donde la compañía tiene abierto un expediente sancionador. "Es decepcionante como el Ayuntamiento de Barcelona sigue promoviendo una regulación arcaica que protege las empresas tradicionales y no deja espacio a los particulares", apunta Luis Morcillo, consejero jurídico senior de Airbnb; y recuerda que ya han transferido 85 millones de dólares en concepto de impuestos en todas las ciudades donde han llegado a este acuerdo.
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| El debate ha servido para presentar la última Antena de Innovación de Esade. Cedida |
"El 2015 en Barcelona la media de ingresos por cada usuario que ha alquilado su piso desde Airbnb ha estado de 5.100 euros y 58 días de piso compartido", dice Morcillo. Unos ingresos fruto de los 900.000 huéspedes que utilizaron la plataforma para visitar la ciudad, y que según la compañía "permite a muchas familias llegar a final de mes". Además, insiste que el hecho de realizar todas las transacciones a través de cuentas bancarias "permite que haya traçabilitat por parte de Hacienda".
Las oportunidades laborales
En este sentido coincide con Amaya Apesteguía, experta en consumo responsable y colaborativo de la OCU. "La economía colaborativa puede hacer emerger la sumergida. Las plataformas pueden hacer de intermediarias porque deje de serlo y las administraciones lo tendrían que ver así y tratarlas como aliadas", advierte.
Ahora bien, Apesteguía también alerta que la obsesión por la eficiencia puede comportar que "los consumidores nos llegamos a convertir en explotadores de nuestros conciudadanos. Sin protección social y responsabilidad compartida por la sociedad es una amenaza muy clara cuando hagamos subastas a la baja para contratar servicios en casa".
De hecho, no está claro que las oportunidades que ofrece la economía colaborativa generen más puestos de trabajo. "Sin activos hay menos necesidades y por lo tanto menos lugares de trabajo", evidencia Heloise Buckland. Recuerda que en Europa ya hay un 25% de autónomos y en los Estados Unidos un 33%, cifras que van a la alza. Aún así, asegura que la precariedad se acaba imponiendo por encima de la microemprenedoria. "La gente no ve la economía colaborativa como un trabajo a largo plazo porque no genera suficientes ingresos ni suficiente trabajo, además de las cuestiones legales poco claras", concluye.
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