Ahora dicen "recuperación de la gestión directa de los servicios públicos esenciales". La moda se extiende como una mancha de aceite, no sólo a casa nuestra sino al resto de Europa. Afecta los servicios funerarios, el agua, el transporte colectivo e incluso la energía. Llegados aquí, quizás que hablamos de cuál es la problemática del agua, cuando menos a nuestras ciudades, y si la municipalització ofrece alguna ventaja para abordarla con éxito.
Evidentemente, el problema del agua a países mediterráneos como el nuestro es el de la disponibilidad, en un contexto de necesidades crecientes por razones demográficas y de flujos turísticos. Todo ello con la perspectiva de un cambio climático que todo el mundo apunta que reducirá las precipitaciones y las distribuirá más irregularmente en el tiempo, con largos periodos de sequía y otros de relativa disponibilidad.
Agua desalinizada el doble de cara
A raíz de la sequía del 2008, en Cataluña se optó para asegurarnos un caudal potencial adicional con la construcción de la dessaladora del Prat. A pesar de las mejoras de eficiencia energética desarrolladas por estos tipos de infraestructuras durante los últimos años, continúa generando unos costes que duplican el precio actual por m3. Afortunadamente, no hemos tenido que sufrir de momento nuevos episodios de sequía extrema y el recurso a la dessaladora se ha limitado prácticamente al funcionamiento mínimo porque las instalaciones se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento.
Mientras tanto, el impacto en la opinión pública del episodio de sequía ha contribuido a disminuir el consumo por persona de agua, que en Barcelona llega a unos niveles incluso inferiores a los que recomiendan los organismos internacionales. El desmantelamiento industrial y la mejora de la eficiencia en las industrias que nos restan también ha ayudado. Y, evidentemente, los nuevos incrementos impositivos que graban en progresión geométrica los consumos más elevados.
Y aquí llegamos a la cabeza de la calle. El agua es cara, resulta cara o al menos así se percibe por parte de la población en un contexto donde los otros grandes suministros a los hogares -electricidad, gas- se han encarecido enormemente para todo el mundo durante estos últimos años de crisis.
De forma todavía más acusada que a la electricidad, los impuestos y las tasas representan según el nivel de consumo hasta la mitad del recibo del agua. En este contexto, nada hace pensar que una municipalització del servicio conseguirá bajar los recibos que pagan los ciudadanos. Por otro lado, en el área Metropolitana de Barcelona y a la gran mayoría de ciudades catalanas, obtienen un suministro regular y de calidad bastante aceptable en el contexto mediterráneo en que nos encontramos.
De la icónica torre Agbar a la discreción
Entonces, por qué la obsesión de municipalitzar el servicio de agua? Seguramente tiene mucho que ver con la percepción que se hace un negocio con un bien de primera necesidad, pero no parece que sea un negocio desmesurado, aunque las apariencias sí que importan. Cuando no hace paso mucho Agbar se deshizo de la torre que llevaba los suyo nombre a la plaza de las Glorias, el argumento oficial fue que sólo eran una compañía de agua y no los hacía falta un edificio tan ostentoso. Yéndose en la Zona franca, la compañía rebajaba los costes -porque sólo eran los locatarios de una propiedad de la Caixa- y abandonaba un edificio poco funcional y muy caro de mantener. Y si además ganaba discreción, mejor.
El otro gran problema de la compañía de aguas, cuando menos al área Metropolitana, son las puertas giratorias que ha practicado tradicionalmente, no muy diferentes de las otros grandes empresas de servicios municipales como TMB. Ex consejeros y extinents de alcalde de Medio ambiente, exgerents metropolitanos y otro personal afín han formado un núcleo de poder alrededor de la empresa que genera muchas desconfianzas en un servicio que se presta en situación de monopolio por concesión pública.
Tantas desconfianzas que el primer gobierno de Artur Mas intentó evitar que se consolidara esta posición preponderante a la hora de privatizar el servicio público que alcanza el área metropolitana desde el Ter y el Llobregat. Lo otorgó a la competencia, en una adjudicación poco clara, que Agbar recorrió y que todavía es a los juzgados.
Para acabar, el hecho que La Caixa se haya desprendido del paquete que conservaba a la compañía y esta haya quedado totalmente en manso del grupo francés Suez, contribuye a abrir la veda a una compañía que en términos de propiedad ya no es "de casa".
El agua residual, problema y oportunidad
El problema, y al mismo tiempo la oportunidad en un país mediterráneo como el nuestro, no proviene tanto del suministro del agua sino de su tratamiento un golpe utilizada y de su potencial de reutilización. Las elevadas tasas que pagamos desde hace más de 30 años nos han permitido sanear razonablemente casi todos los tramos de los ríos, pero todavía tenemos muchos pequeños municipios y núcleos de población sin depuradora. Además, buena parte de las depuradoras existentes están anticuadas y no incorporan suficientes tratamientos biológicos que permitan la reutilización del agua depurada más allá de garantizar caudales ecológicos, de recargar capas freáticas y de alguna experiencia limitada para el riego.
Después de la aprobación del Estatuto, la Agencia Catalana del agua se lanzó a construir depuradoras para los pequeños municipios contando que el dinero de la disposición adicional 7a, que garantizaban un flujo de dinero durante siete años a la Generalitat por las inversiones del Estado no realizadas, financiarían las nuevas estaciones de tratamiento. Cómo todo el mundo sabe, aquel dinero sólo llegaron el primer año y el ACA restó duramente endeudada e impedida de abordar nuevas operaciones de saneamiento.
Llegados aquí, parece evidente que la municipalització del agua -además de ciudades muy específicas con mala gestión de la empresa concesionaria- no da ninguna solución al verdadero problema que tiene el agua en casa nuestra, que es mucho más complejo y no se puede resolver desde un punto de vista estrictamente municipal. Esto no quiere decir que los municipios no tengan que vigilar de más cerca y de manera más eficiente los comportamientos abusivos que las situaciones monopolístiques tienden a favorecer. Ya sabemos que esto no es fácil, pero la alternativa de volver a gestionar directamente el agua y los otros servicios básicos presenta todavía más riesgos de ineficiencia y nepotismo que la situación actual.
Evidentemente, el problema del agua a países mediterráneos como el nuestro es el de la disponibilidad, en un contexto de necesidades crecientes por razones demográficas y de flujos turísticos. Todo ello con la perspectiva de un cambio climático que todo el mundo apunta que reducirá las precipitaciones y las distribuirá más irregularmente en el tiempo, con largos periodos de sequía y otros de relativa disponibilidad.
Agua desalinizada el doble de cara
A raíz de la sequía del 2008, en Cataluña se optó para asegurarnos un caudal potencial adicional con la construcción de la dessaladora del Prat. A pesar de las mejoras de eficiencia energética desarrolladas por estos tipos de infraestructuras durante los últimos años, continúa generando unos costes que duplican el precio actual por m3. Afortunadamente, no hemos tenido que sufrir de momento nuevos episodios de sequía extrema y el recurso a la dessaladora se ha limitado prácticamente al funcionamiento mínimo porque las instalaciones se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento.
Mientras tanto, el impacto en la opinión pública del episodio de sequía ha contribuido a disminuir el consumo por persona de agua, que en Barcelona llega a unos niveles incluso inferiores a los que recomiendan los organismos internacionales. El desmantelamiento industrial y la mejora de la eficiencia en las industrias que nos restan también ha ayudado. Y, evidentemente, los nuevos incrementos impositivos que graban en progresión geométrica los consumos más elevados.
Y aquí llegamos a la cabeza de la calle. El agua es cara, resulta cara o al menos así se percibe por parte de la población en un contexto donde los otros grandes suministros a los hogares -electricidad, gas- se han encarecido enormemente para todo el mundo durante estos últimos años de crisis.
De forma todavía más acusada que a la electricidad, los impuestos y las tasas representan según el nivel de consumo hasta la mitad del recibo del agua. En este contexto, nada hace pensar que una municipalització del servicio conseguirá bajar los recibos que pagan los ciudadanos. Por otro lado, en el área Metropolitana de Barcelona y a la gran mayoría de ciudades catalanas, obtienen un suministro regular y de calidad bastante aceptable en el contexto mediterráneo en que nos encontramos.
De la icónica torre Agbar a la discreción
Entonces, por qué la obsesión de municipalitzar el servicio de agua? Seguramente tiene mucho que ver con la percepción que se hace un negocio con un bien de primera necesidad, pero no parece que sea un negocio desmesurado, aunque las apariencias sí que importan. Cuando no hace paso mucho Agbar se deshizo de la torre que llevaba los suyo nombre a la plaza de las Glorias, el argumento oficial fue que sólo eran una compañía de agua y no los hacía falta un edificio tan ostentoso. Yéndose en la Zona franca, la compañía rebajaba los costes -porque sólo eran los locatarios de una propiedad de la Caixa- y abandonaba un edificio poco funcional y muy caro de mantener. Y si además ganaba discreción, mejor.
El otro gran problema de la compañía de aguas, cuando menos al área Metropolitana, son las puertas giratorias que ha practicado tradicionalmente, no muy diferentes de las otros grandes empresas de servicios municipales como TMB. Ex consejeros y extinents de alcalde de Medio ambiente, exgerents metropolitanos y otro personal afín han formado un núcleo de poder alrededor de la empresa que genera muchas desconfianzas en un servicio que se presta en situación de monopolio por concesión pública.
Tantas desconfianzas que el primer gobierno de Artur Mas intentó evitar que se consolidara esta posición preponderante a la hora de privatizar el servicio público que alcanza el área metropolitana desde el Ter y el Llobregat. Lo otorgó a la competencia, en una adjudicación poco clara, que Agbar recorrió y que todavía es a los juzgados.
Para acabar, el hecho que La Caixa se haya desprendido del paquete que conservaba a la compañía y esta haya quedado totalmente en manso del grupo francés Suez, contribuye a abrir la veda a una compañía que en términos de propiedad ya no es "de casa".
El agua residual, problema y oportunidad
El problema, y al mismo tiempo la oportunidad en un país mediterráneo como el nuestro, no proviene tanto del suministro del agua sino de su tratamiento un golpe utilizada y de su potencial de reutilización. Las elevadas tasas que pagamos desde hace más de 30 años nos han permitido sanear razonablemente casi todos los tramos de los ríos, pero todavía tenemos muchos pequeños municipios y núcleos de población sin depuradora. Además, buena parte de las depuradoras existentes están anticuadas y no incorporan suficientes tratamientos biológicos que permitan la reutilización del agua depurada más allá de garantizar caudales ecológicos, de recargar capas freáticas y de alguna experiencia limitada para el riego.
Después de la aprobación del Estatuto, la Agencia Catalana del agua se lanzó a construir depuradoras para los pequeños municipios contando que el dinero de la disposición adicional 7a, que garantizaban un flujo de dinero durante siete años a la Generalitat por las inversiones del Estado no realizadas, financiarían las nuevas estaciones de tratamiento. Cómo todo el mundo sabe, aquel dinero sólo llegaron el primer año y el ACA restó duramente endeudada e impedida de abordar nuevas operaciones de saneamiento.
Llegados aquí, parece evidente que la municipalització del agua -además de ciudades muy específicas con mala gestión de la empresa concesionaria- no da ninguna solución al verdadero problema que tiene el agua en casa nuestra, que es mucho más complejo y no se puede resolver desde un punto de vista estrictamente municipal. Esto no quiere decir que los municipios no tengan que vigilar de más cerca y de manera más eficiente los comportamientos abusivos que las situaciones monopolístiques tienden a favorecer. Ya sabemos que esto no es fácil, pero la alternativa de volver a gestionar directamente el agua y los otros servicios básicos presenta todavía más riesgos de ineficiencia y nepotismo que la situación actual.
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