Un interesante trabajo realizado por los economistas americanos Raymon Fisman y Edward Miguel el 2007, publicado recientemente en el bloque Nada es Gratis a través de un artículo de Jesús Fernández Villaverde, analiza la relación que hay entre las normas culturales y la aplicación de la ley como factores determinantes de la corrupción. Este estudio se basa en el comportamiento de los diplomáticos acreditados a las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York ante las multas de tráfico.
El informe señala que hasta el 2002 existía una inmunidad que amparaba los diplomáticos de 149 países, de forma que, cuando cometían una infracción, no se veían obligados a pagar sus multas de aparcamiento. Según el estudio, entre noviembre de 1997 y finales de 2002, los vehículos de estos altos dignataris acumularon más de 150.000 multas impagadas, el importe de las cuales subía a unos 18 millones de dólares.
Los diplomáticos más multados resultaron ser los kuwaitians, con una media de 249,4 sanciones anuales por vehículo. Es difícil pensar que hubiera un problema de liquidez entre estos infractores, pero bien es verdad que la cifra indicaba un enorme descuido a la hora de estacionar sus coches. Por su parte, los diplomáticos españoles mantenían una nada despreciable media de 12,9 infracciones anuales. Tampoco está mal! Los más respetuosos con la ley eran los de siempre. Es decir, los diplomáticos de países como Noruega o Suecia, entre otros, que prácticamente no tenían multas.
Al conocer estos datos, la ciudad de Nueva York decidió, en noviembre de 2002, retirar las placas diplomáticas a aquellos vehículos que acumularan más de tres multas impagadas. Sólo en el primer mes, se retiraron matrículas a coches de 30 países. Los resultados no se hicieron esperar. A partir de la retirada efectiva de las placas, los diplomáticos empezaron a reducir sus infracciones. Los kuwaitians pasaron a contabilizar una media de 0,15 sanciones anuales por vehículo y los españoles, 0,52. Sin duda, estos diplomáticos conocían las normas de aparcamiento que imperaban para el resto de los mortales.
También sabían del carácter ejemplar de su actuación y de la responsabilidad que su alta representación comporta. Sin embargo, el hecho que para ellos la nueva norma no tuviera ningún coste, permitió y fomentó un abuso respecto al resto de los ciudadanos (sí, un coche mal aparcado generalmente hacía estorbo al resto causándole un problema de pérdida de tiempo y paciencia).
Aun así, cómo hemos visto, el comportamiento era muy desigual en función del país de origen, cosa que trae los autores del estudio a analizar la vinculación con la corrupción a partir de esta variable. Este estudio viene a colación para aproximarnos a actitudes habituales en otros ámbitos más cercanos. Por ejemplo, muchas de nuestras empresas multinacionales, que en España pagan sus proveedores en periodos de plazo escandalosos, cumplen escrupulosamente las normas de pago cuando operan en otros países.
Aplicando nuestro ejemplo, se trata claramente de un problema de impunidad. Es una práctica prohibida el incumplimiento de la cual no tiene ningún coste. Ni multas, ni penalizaciones, ni siquiera se refleja en los informes o en la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. En este caso es, además, una impunidad muy productiva, puesto que retrasar los pagos a sus proveedores los permite obtener financiación "gratis total", a costa de enormes gastos y disgustos de los mencionados proveedores.
El más sorpresivo es que la actitud de nuestro Gobierno es permisiva con los insignes infractores (los peores son algunas grandes empresas que cotizan en el selecto Íbex 35), puesto que permite el incumplimiento sistemático de la norma, sin que se haya legislado, después de cinco años, un régimen sancionador. El resultado es un torpedo en la línea de flotación de millones de pymes y autónomos españoles, lo cual reduce drásticamente la viabilidad y competitividad.
El Gobierno español podría tomar ejemplo de la eficacia de la ciudad de Nueva York, avisando y ejecutante. Los resultados, ya los hemos visto... Ahora sólo hace falta voluntad política para acabar con este problema.
El informe señala que hasta el 2002 existía una inmunidad que amparaba los diplomáticos de 149 países, de forma que, cuando cometían una infracción, no se veían obligados a pagar sus multas de aparcamiento. Según el estudio, entre noviembre de 1997 y finales de 2002, los vehículos de estos altos dignataris acumularon más de 150.000 multas impagadas, el importe de las cuales subía a unos 18 millones de dólares.
Los diplomáticos más multados resultaron ser los kuwaitians, con una media de 249,4 sanciones anuales por vehículo. Es difícil pensar que hubiera un problema de liquidez entre estos infractores, pero bien es verdad que la cifra indicaba un enorme descuido a la hora de estacionar sus coches. Por su parte, los diplomáticos españoles mantenían una nada despreciable media de 12,9 infracciones anuales. Tampoco está mal! Los más respetuosos con la ley eran los de siempre. Es decir, los diplomáticos de países como Noruega o Suecia, entre otros, que prácticamente no tenían multas.
Al conocer estos datos, la ciudad de Nueva York decidió, en noviembre de 2002, retirar las placas diplomáticas a aquellos vehículos que acumularan más de tres multas impagadas. Sólo en el primer mes, se retiraron matrículas a coches de 30 países. Los resultados no se hicieron esperar. A partir de la retirada efectiva de las placas, los diplomáticos empezaron a reducir sus infracciones. Los kuwaitians pasaron a contabilizar una media de 0,15 sanciones anuales por vehículo y los españoles, 0,52. Sin duda, estos diplomáticos conocían las normas de aparcamiento que imperaban para el resto de los mortales.
También sabían del carácter ejemplar de su actuación y de la responsabilidad que su alta representación comporta. Sin embargo, el hecho que para ellos la nueva norma no tuviera ningún coste, permitió y fomentó un abuso respecto al resto de los ciudadanos (sí, un coche mal aparcado generalmente hacía estorbo al resto causándole un problema de pérdida de tiempo y paciencia).
Aun así, cómo hemos visto, el comportamiento era muy desigual en función del país de origen, cosa que trae los autores del estudio a analizar la vinculación con la corrupción a partir de esta variable. Este estudio viene a colación para aproximarnos a actitudes habituales en otros ámbitos más cercanos. Por ejemplo, muchas de nuestras empresas multinacionales, que en España pagan sus proveedores en periodos de plazo escandalosos, cumplen escrupulosamente las normas de pago cuando operan en otros países.
Aplicando nuestro ejemplo, se trata claramente de un problema de impunidad. Es una práctica prohibida el incumplimiento de la cual no tiene ningún coste. Ni multas, ni penalizaciones, ni siquiera se refleja en los informes o en la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. En este caso es, además, una impunidad muy productiva, puesto que retrasar los pagos a sus proveedores los permite obtener financiación "gratis total", a costa de enormes gastos y disgustos de los mencionados proveedores.
El más sorpresivo es que la actitud de nuestro Gobierno es permisiva con los insignes infractores (los peores son algunas grandes empresas que cotizan en el selecto Íbex 35), puesto que permite el incumplimiento sistemático de la norma, sin que se haya legislado, después de cinco años, un régimen sancionador. El resultado es un torpedo en la línea de flotación de millones de pymes y autónomos españoles, lo cual reduce drásticamente la viabilidad y competitividad.
El Gobierno español podría tomar ejemplo de la eficacia de la ciudad de Nueva York, avisando y ejecutante. Los resultados, ya los hemos visto... Ahora sólo hace falta voluntad política para acabar con este problema.
Suscríbete a VIA Empresa y recibirás en tu correo nuestras mejores historias, reportajes y entrevistas, además de otras ventajas exclusivas para suscriptores.
Antes de enviarnos tus datos lee la siguiente información INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Responsable del tratamiento: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. Finalidad del tratamiento: Atender las solicitudes de información que los usuarios de este formulario nos envíen. Legitimación: Consentimiento del interesado en enviarnos el formulario con sus datos. Destinatarios: El personal, la dirección de la empujada y los prestamistas de servicios necesarios para cumplir con nuestras obligaciones. No cederemos sus datos a terceros. Derechos que le asisten: Tiene derecho a acceder, rectificar y/o suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica detalladamente en la política de privacidad, dirigiéndose a privacitat@totmedia.cat. Información adicional: Para más información consulten la política de privacidad.