A buen seguro que nadie pondrá en entredicho que el binomio integrado por el capital humano y el talento, conjuntamente con la seguridad jurídica, son factores esenciales para la competitividad de cualquier economía que quiera captar flujos de inversión internacional. La consideración viene al pelo de las expectativas que ha generado el resultado del referéndum británico celebrado el 23 de junio del 2016 -no se quiten el sueño: de la incertidumbre y de los temores todavía difusos vinculados a la complejidad del proceso que encara la Unión Europea en el marco de las negociaciones con el Reino Unido no hablaré aquí- en algunos de los principales países europeos.
El hecho es que casi desde el mismo momento que se conoció el escrutinio, en varias capitales europeas se ha instalado la convicción que una cantidad nada despreciable de empresas establecidas en el Reino Unido optará para trasladar la sede por los temores a perder su posición en el seno del mercado común. De esta creencia se ha derivado una cursa en esprint en qué cada uno de los galgos pretende hacerse suya la parte más grande posible del conejo que -en forma de inversiones directas procedentes de empresas allá establecidas- divisan apenas ante su hocico.
El sido Espanyol es uno de estos contendientes. Una circunstancia, justo es decir-lo, plenamente sensata y legítima que nadie tendría que cuestionar, sobre todo desde la lógica de asunción de las responsabilidades que implica la acción de gobernar. Porque no puede ser de otro modo que el gobierno español actúe con la máxima presteza en la atracción de capital foráneo a partir de coyunturas sobrevenidas.
Insisto, nadie tendría que cuestionar la aspiración a recibir inversiones extranjeras. Pero en el caso concreto de España, el que sí que surgen son dudas, que tienen que ver con aquellos factores esenciales de competitividad con que empezaba esta reflexión compartida con ustedes.
Para concretar, permítanme que los recuerde que el Informe PISA de evaluación de estudiantes que se dio a conocer a finales del año pasado patentiza que, si bien España consigue escalar algunas posiciones en el ranking, en buena medida lo hace por la caída de la media de la OCDE y que, a la postre, el país sigue por debajo de buena parte de las naciones europeas que aspiran a repartirse los réditos del Brexit. Así mismo, Transparencia Internacional concluye que España se encuentra entre "un grupo de países que se han acercado de forma peligrosa a la corrupción sistèmica" y sitúa el país en la posición 41 del ranking de percepción de la corrupción correspondiente al 2016 (en 2015 ocupaba el lugar 36) en un estudio hecho público a finales del pasado mes de enero.
Son estas buenas credenciales para presentar a los potenciales inversores foráneos? O tal vez son fluixeses de galgo exànime?
El hecho es que casi desde el mismo momento que se conoció el escrutinio, en varias capitales europeas se ha instalado la convicción que una cantidad nada despreciable de empresas establecidas en el Reino Unido optará para trasladar la sede por los temores a perder su posición en el seno del mercado común. De esta creencia se ha derivado una cursa en esprint en qué cada uno de los galgos pretende hacerse suya la parte más grande posible del conejo que -en forma de inversiones directas procedentes de empresas allá establecidas- divisan apenas ante su hocico.
El sido Espanyol es uno de estos contendientes. Una circunstancia, justo es decir-lo, plenamente sensata y legítima que nadie tendría que cuestionar, sobre todo desde la lógica de asunción de las responsabilidades que implica la acción de gobernar. Porque no puede ser de otro modo que el gobierno español actúe con la máxima presteza en la atracción de capital foráneo a partir de coyunturas sobrevenidas.
Insisto, nadie tendría que cuestionar la aspiración a recibir inversiones extranjeras. Pero en el caso concreto de España, el que sí que surgen son dudas, que tienen que ver con aquellos factores esenciales de competitividad con que empezaba esta reflexión compartida con ustedes.
Para concretar, permítanme que los recuerde que el Informe PISA de evaluación de estudiantes que se dio a conocer a finales del año pasado patentiza que, si bien España consigue escalar algunas posiciones en el ranking, en buena medida lo hace por la caída de la media de la OCDE y que, a la postre, el país sigue por debajo de buena parte de las naciones europeas que aspiran a repartirse los réditos del Brexit. Así mismo, Transparencia Internacional concluye que España se encuentra entre "un grupo de países que se han acercado de forma peligrosa a la corrupción sistèmica" y sitúa el país en la posición 41 del ranking de percepción de la corrupción correspondiente al 2016 (en 2015 ocupaba el lugar 36) en un estudio hecho público a finales del pasado mes de enero.
Son estas buenas credenciales para presentar a los potenciales inversores foráneos? O tal vez son fluixeses de galgo exànime?
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