Taxistas, metro, Bicing, examinadores del carné de conducir, vigilantes de aeropuerto, conductores de ambulancias... Las costuras de la sociedad catalana empiezan a ceder cuando parece que superamos la crisis pero muchos todavía no lo perciben. Son los sectores que han hecho los ajustamientos más intensos en forma de paro y de pérdida de poder adquisitivo y ahora ven como esta salida de la crisis se fundamenta en la consolidación de un modelo de bajos salarios y de precariedad generalizada, mientras se encarecen de forma acelerada productos básicos como la vivienda o la electricidad. Salimos de la crisis, efectivamente, pero con unas diferencias sociales más intensas y con una estructura de precios mucho más favorable a los sectores que ofrecen productos y servicios al margen de la competencia internacional.
El conflicto del aeropuerto del Prado de este mes de agosto ha mostrado con toda la crudeza la avaricia, la incompetencia y lo maltrato del Estado español hacia una infraestructura emblemática para el país y, muy especialmente, para nuestras clases dirigentes. Unas clases dirigentes que se miraron los doce lunes seguidos de huelga de metro con la misma distancia con que se toman los continuos colapsos de Cercanías, la de quien no va con ellos, en buena parte porque no los utilizan directamente.
"Esta salida de la crisis se fundamenta en la consolidación de un modelo de bajos salarios y de precariedad generalizada"
Pero el aeropuerto es otra cosa, porque los tradicionales usuarios del Puente Aéreo -y esto que entre el AVE y el agosto este estaba bajo mínimos- han visto cuestionado un elemento esencial para sus negocios. Hace 10 años, la reclamación de un aeropuerto eficiente fue el punto de confluencia de las fuerzas vivas de la ciudad y del país en una exigencia tan benintencionada cómo poco persistente. Algunos de los promotores y de los asistentes, unos cuántos, militan hoy de forma más o menos activa en el independentismo. Pero la mayoría, y los más destacados, se han decantado por supuestas terceras vías o, directamente, por un llamamiento a la orden constitucional español.
Externalizar los servicios sólo mirando de reducir el coste y obviando la calidad, una normativa laboral que permite a las empresas descolgarse a la baja de los convenios sectoriales y el crecimiento exponencial del Prat, han generado la tormenta perfecta, agravada por el creciente trato discriminatorio respecto a Barajas. Costes versus calidad, régimen laboral, reactivación económica y abandono del Estado son factores que con diferente intensidad se repiten en todos los conflictos que mencionábamos al comienzo y con extensiones que van de las subcontrataciones con sueldos de miseria a muchos hoteles hasta la crisis endémica de las Cercanías, pasando por la renovación de pasaportes y DNI, la electricidad más cara de España para nuestras empresas industriales y la caída de nuestras universidades en los rankings internacionales, ahogadas por la carencia de recursos. Que más tendrá que pasar porque nuestras clases dirigentes tradicionales se den cuenta que el país y, en última instancia, sus mismos negocios no tienen ningún futuro sometidos a este continuo desgaste y acoso?
El 1478, Ferran II implantó la Inquisición de la edad moderna con sede en Toledo. Las clases dirigentes catalanas se opusieron que tuviera jurisdicción en Cataluña porque se sobreponía al derecho y a las instituciones propias. El tira y afloja llevará hasta que el Trastàmara los amenazó que en el conflicto que de hacía centurias estas clases dominantes mantenían con el campesinado -y que efectivamente desembocó el 1486 en la llamada Sentencia de Guadalupe, el mismo año en que se implantó la Inquisición en Cataluña- se pronunciaría muy favorablemente a los intereses de los labradores.
"El país y, en última instancia, sus mismos negocios no tienen ningún futuro sometidos a este continuo desgaste y acoso"
A pesar de las prometidas reales, los labradores conseguirían satisfacer buena parte de sus reivindicaciones mientras la Inquisición sería durante décadas la primera y única institución con jurisdicción a todo un Estado que el futuro Rey Católico ya quería unitario. Han pasado más de cinco siglos y nuestras clases dirigentes tradicionales vuelven a encontrarse, como tanto otras golpes desde entonces, en un dilema similar. Y por cierto, todos los historiadores coinciden que la sentencia de Guadalupe que décadas de revueltas labradoras consiguieron arrancar del rey Ferran asentó las bases para superar el sistema feudal imperante en el campo catalán y la posterior expansión agraria, urbana y comercial de Cataluña que le permitiría afrontar una nueva renaixença.